Después de leer la declaración de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, con motivo de su visita a México, el 7 de octubre de 2015, no puedo dejar de pensar que México ratificó la Convención de los Derechos del Niño y promulgó la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (LGDNNA) para, precisamente, dar efectividad a los derechos reconocidos y garantizar la protección integral a la población de 0 a 17 años.
Sin embargo, este enorme paso legislativo se encuentra amenazado por la inclinación del propio gobierno a compensar su inseguridad (o falta de “idoneidad”) haciendo lo mismo de siempre y convirtiendo los avances legislativos en leyes de papel. (Total, no pasa nada, al fin son niños).
En la antesala de instalar el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no se ve claro el presupuesto para instalarlo en los tres órdenes de gobierno y todo indica que no hay la disposición de conformar un verdadero consejo deliberativo, con paridad entre miembros del gobierno y organizaciones de la sociedad civil, que impulse al gobierno a actuar con un nuevo marco mental y a imprimir sentido de urgencia a las decisiones.
El gobierno está a la derecha de la LGNNA y conduce hacia atrás: quiere cerrarle el paso a las voces discordantes y tener todo bajo control para imponer la política de hacer las cosas a la antigüita. Al gobierno no le gusta el debate, sino escucharse sólo a sí mismo. Tampoco le gusta “el mensaje”, en términos de la realidad que niñas y niños padecen (violaciones de derechos en educación, salud o protección), o la necesidad de cambios de política. Ni le gusta que lo anden apurando; él se toma su tiempo para supuestamente resolver los problemas. Por eso la toma contra “el mensajero”.
La pieza del Alto Comisionado no tiene desperdicio; la mala actitud del gobierno frente al cambio atraviesa toda nuestra vida pública. Crimen organizado y corrupción convierten las leyes mexicanas en montones de papel, mientras el gobierno se desentiende las víctimas y prefiere “matar al mensajero”, en lugar de asumir la crítica y enfocarse en la solución del problema, es decir, “en el mensaje”. México necesita un gobierno que escuche a la ciudadanía y enfrente la crisis de derechos humanos con un renovado sentido de urgencia. No lo digo yo. Lo dice la mencionada declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El funcionario reconoce en su texto numerosos cambios legislativos hechos por México, de la Reforma Constitucional de 2011 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se destaca el activo papel de México en favor de los derechos humanos a nivel internacional. Así como la ratificación de numerosos tratados internacionales mediante los cuales se revisarán los progresos del estado mexicano en materia de derechos humanos.
Sin embargo, los avances mencionados no corresponden con “la realidad cotidiana de millones de personas en México (…) Muchas de las personas con las que he hablado –dice el Alto comisionado–ilustraron una imagen muy desalentadora – y consistente – de una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos.”
Se supone que México no se encuentra en medio de un conflicto bélico, pero se estima en 151,233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015. Hay al menos 26,000 personas desaparecidas desde 2007.
Parte de la violencia se atribuye al crimen organizado, pero muchas otras desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y al Ejército.
El corrosivo y devastador impacto del crimen organizado y la corrupción “está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel.”
Obviamente se destacan los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y Apatzingán. El caso de Iguala, dice el Alto Comisionado, “es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero”
El Alto Comisionado se queja del trato que recibió Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la tortura, después de presentar su informe sobre México, “por parte de algunos políticos, a pesar de que la prevalencia de la tortura ha quedado bien establecida” y, en general, sobre la grave intolerancia del gobierno de México a la crítica pública.
Por eso, el mensaje del Alto Comisionado “sobre esta reciente y preocupante tendencia”, es el siguiente: “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje.”
El Alto Comisionado escuchó muy cercanamente a numerosos ciudadanos y organizaciones, así como a víctimas y sus familiares, para sustentar su declaración; “cada historia fue intensamente personal – un antídoto importante ante la naturaleza insensible de las incompletas estadísticas sobre asesinatos, violaciones y desapariciones.”
La declaración de Zeid Ra’ad Al Hussein es un grave llamado al gobierno de México a mejorar en el terreno de la empatía por las víctimas porque, aparentemente, esto no se entiende o no se quiere entender.
Un grupo de familiares le explicó lo que significa tener a una persona desaparecida. “Tener a un ser querido desaparecido, no saber si está vivo o muerto; y si ha muerto, no saber lo mucho que sufrió ni cuánto tiempo duró su sufrimiento; y si está vivo, dónde está siendo detenido y en qué condiciones; vivir esta horrible mezcla de pérdida e impotencia, esta falta de certeza, constantemente presente día tras día, semana tras semana, mes tras mes, es realmente una cosa espeluznante. Se vuelve doblemente cruel cuando las autoridades ni siquiera se preocupan – o se atreven – a investigar lo que sucedió con su hijo, hija, hermana, pareja o mejor amigo.”
Repetidamente el Alto Comisionado señala, como esperando que por fin alguien escuche, que “México tiene al menos 26,000 casos de personas no localizadas, y nuevos casos ocurren cada día. La miseria unida a la estadística es imposible de comprender. El fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico.”
Para el Alto Comisionado, al final, sólo los mexicanos y las mexicanas – y especialmente la clase política – son quienes pueden resolver una problemática tan grande y compleja: “el gobierno que lo logre – el que reforme radicalmente la policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los criminales, el que regrese al Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas, trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres – ése es el gobierno que la nación necesita y quiere.”
El gobierno “que la nación necesita y quiere”, en otras palabras, es uno que garantice efectividad en la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Punto.
El Alto Comisionado urge al gobierno a escuchar a la ciudadanía y hacer que el estado funcione. Dice en la parte final de su mensaje: “Ruego por que este Gobierno pueda comprometerse con un renovado sentido de urgencia para resolver los enormes retos de derechos humanos que enfrenta, para que sea cada ciudadano el que lo juzgue.”
(A ese sentido de “urgencia” me refiero cuando pienso en las directrices que debe emitir el INEE y en general a toda orientación de política que implique niñas, niños y adolescentes.)
La tarea es “abrumadora”, como dice el Alto Comisionado, pero tenemos que hacernos escuchar y hacer que la política cambie, ahí donde estemos, porque no hay ámbito de nuestra vida pública ni grupo de población que se salve. Tenemos que seguir intentando que el gobierno entienda que el problema no somos nosotros, “los mensajeros”, sino “el mensaje”.
Y que el tiempo apremia.
Twitter: @LuisBarquera
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