El pasado 24 de abril se realizó la sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia) en la Universidad de Guanajuato. Como Usted sabe, el Cupia es uno de los tres consejos especiales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Los otros dos son el que agrupa a los institutos tecnológicos (CITIA) y el que concentra a las instituciones particulares (CUPRIA).
La reunión de Cupia generó interés y expectativas debido a que ahí el secretario general de la ANUIES, Jaime Valls, propuso la configuración de una “nueva” etapa para la educación superior y, para ello, se organizarán mesas de análisis con el propósito de discutir tres conjuntos de temas. Los resolutivos de estas mesas se le presentarán al Presidente de la República. El primer tema a tratar se refiere a la cobertura y al financiamiento, el segundo al modelo de evaluación y el tercero será sobre el marco jurídico y regulatorio de la educación superior. Como puede verse, son tres ámbitos generales que “estructuran” las políticas universitarias de México.
Por lo que puedo leer del magnífico reportaje de Carlos Reyes en Campus (605), los temas de la cobertura y el financiamiento no se tratarán de manera aislada, sino que se discutirán a la par con otros puntos sensibles para las universidades como el de las pensiones, la rendición de cuentas y auditorías. No hay que olvidar que sobre las pensiones la Auditoria Superior de la Federación (ASF) recordó que “aún quedan pendientes de transformar los regímenes de las universidades públicas estatales”, y sobre la rendición de cuentas, la misma ASF detectó que algunas universidades públicas actúan como “contratistas” cuando su “objetivo social” es el de la enseñanza y la investigación, y “no así la prestación de servicios, ya sea de adquisiciones, obras públicas, asesorías, o hasta de contratación de mano de obra para terceros”.
Entonces, si el abordaje del tema del financiamiento es global y se desenvuelve bajo un esquema de corresponsabilidad, puede haber mayores probabilidades de hacer realidad lo que se ha pedido desde hace años para las universidades: tener presupuestos multianuales.
A esta esperanza hay que sumarle los vínculos entre el secretario Valls y algunos representantes de la élite financiera del país.
El segundo tema puesto sobre la mesa es el del modelo de evaluación de la calidad con miras, dice Carlos Reyes, a que se constituya un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Con ello, se espera tener nuevos criterios e “indicadores de nueva generación” para dar cuenta de los fines y funciones de las universidades. Seguramente, Valls y su equipo ya conocieron el documento elaborado en 2008 por la Comisión Especial Interinstitucional, la cual fue designada por el Consejo Nacional de la ANUIES, y en donde se presenta un certero diagnóstico de los procesos de evaluación actuales para la educación superior. Ahí se señalaba que había una “separación” entre los ejercicios de evaluación y la calidad, entendida esta última como una elevación sostenida del logro académico. Asimismo, se afirmaba que no había “evidencia confiable” para asegurar que las evaluaciones prácticas realizadas por los Ciees contribuían a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y, de pilón, los organismos afiliados al Copaes (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior) habían desvirtuado los ejercicios de evaluación. La acreditación, según he observado, se convirtió en un jugoso y redituable negocio de unos cuantos.
Si en la educación básica ya hubo un aprendizaje y se logró desligar los resultados de la evaluación de los incentivos económicos a profesores y escuelas, ¿por qué en la educación superior insistimos en ir por esta vía? ¿Cuáles son los argumentos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) para mantener esquemas de evaluación ligados al financiamiento? Si en verdad estamos por inaugurar una “nueva etapa” en la educación superior habría que repensar cómo las universidades públicas podemos dar mejor cuenta de nuestro desempeño. Y aquí, el uso imaginativo de indicadores es clave.
Por último, una de las tareas más complejas que va enfrentar la ANUIES será la de imaginar y proponer un marco jurídico que motive a las universidades a cooperar con otras instituciones y con otros actores en un ambiente de confianza y transparencia y sobre todo, que esas nuevas reglas hagan gobernable un nivel educativo extenso, diverso y políticamente muy activo. Dentro de esta complejidad hay una ventaja. El sistema universitario ha sido desde hace tiempo objeto primordial de estudio e investigación de diversos académicos. Hay, por lo tanto, un cúmulo de conocimientos y evidencias listo para utilizarse con el propósito de fundamentar el cambio que nuestras universidades públicas necesitan.
Postcríptum: Aprovecho para felicitar públicamente a la Revista de la Educación Superior (RESU) de la ANUIES por refrendar su participación en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica de Conacyt.
Profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro (FCPyS).
Twitter: @flores_crespo
Columnas relacionadas:
Querétaro y su educación (Tercera y última parte)
Querétaro y su educación (segunda parte)
