Desde hoy, 10 de agosto, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron la toma de oficinas regionales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), con el objetivo de impedir su operación y así poder manejar un organismo alterno que haga las funciones de un nuevo instituto.
Las oficinas tomadas pertenecen a las coordinaciones regionales de servicios educativos de los municipios de Tuxtepec, Taxiaco, Ixtepec, Pinotepa Nacional, Putla, Puerto Escondido, Juchitán y Marías Romero.
Rubén Núñez, dirigente magisterial de la Sección 22, convocó a los 81 mil maestros a “resguardar” de manera permanente todas las oficinas regionales del IEEPO a partir de las 07:00 horas de este lunes 10 de agosto, sin embargo, la participación de los maestros ha resultado escasa.
Estas manifestaciones se dan, después de que el gobierno del estado, encabezado por Gabino Cué, reconociera que el IEEPO estaba controlado, en su mayoría, por maestros adherentes a la Coordinadora, donde, incluso controlaban la entrega y reparto de apoyos de diversos programas sociales, distintos al ámbito educativo.
En este marco, padres de familia también acusaron al magisterio disidente de obligarlos y presionarlos para participar en las movilizaciones que realizaban.
Según testimonios recabados por el diario El Universal, por muchos años, los padres de familia estuvieron amenazados y atemorizados por los profesores de la Sección 22.
Los padres tenían que pagar cuotas para que los maestros no tomaran represalias contra los menores de edad.
Las presiones, señala el medio, variaban para que estuvieran también en mítines, toma de escuelas o hacer simple presencia y que las autoridades locales pensaran que el magisterio tenía el apoyo incondicional de los padres de sus estudiantes, pero no era así.
Además, señalan, obligaban a los padres a participar cuando intentaban tomar las escuelas en donde imparten clases los profesores de la Sección 59, afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
A raíz de la renovación del IEEPO, los padres de familia presentarán una queja durante la segunda quincena de agosto, con la esperanza de que cambie esta situación.
Si iniciarán las clases el 24 de agosto: SNTE
Ente el anuncio de la CNTE del boicot al inicio del ciclo escolar 2015-2016, como protesta a las modificaciones al sistema estatal de educación. El secretario general de la sección 59 del SNTE, Joaquín Echeverría, advirtió que sí habrá clases y se abrirán las puertas tal y como lo marca el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Ante las amenazas, dijo, los padres de familia y las autoridades van a estar muy al pendiente de que todo se lleve a cabo con tranquilidad.
Yo espero que los actores, me refiero al Gobierno Federal, gobierno Estatal y Sección 22, actúen con mucha cordura y pongan en la mesa y por delante el interés de los niños tener educación, como lo marca la ley, entonces yo considero que más allá de lo que pudiera preverse, sí va a iniciar el ciclo escolar porque hay otro factor que es fundamental y determinante en este proceso de inicio del ciclo escolar, que son: los padres de familia y las autoridades.
En Tabasco, CNTE amenaza de muerte a periodistas
Durante una manifestación realizada en en Villahermosa, Tabasco, Miguel García Valencia, supuesto profesor de Ciencias Sociales, integrante de la Coordinadora amenazó de muerte a varios periodistas que cubrían la manifestación, si estos “no publicaban notas a favor de la CNTE”.
El maestro, que imparte clases en la escuela Secundaria Estatal “Ramón Mendoza Herrera”, de Villa Estación Chontalpa, del municipio de Huimanguillo, comenzó a tomar fotografías a los representantes de los medios de comunicación presentes, con la intención de intimidarlos.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobierno de Tabasco garantizar la seguridad de los comunicadores. Subrayó la responsabilidad del Estado de garantizar la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores, ya que toda acción tendente a coartarla o inhibirla afecta a la sociedad en su derecho a estar informada, así como al ejercicio democrático de nuestro país.
