Las niñas, niños y adolescentes son un tercio de la población de México, 40 millones de personas, más de la mitad pobres. Eso significa 10 millones más que quienes votaron a favor del actual Presidente. Son el grupo de población que tiene los índices más altos de pobreza moderada, de pobreza extrema, y de carencias sociales como desnutrición crónica, o mayor muerte por causas fácilmente evitables. Son quienes viven mayores violencias, y quienes reciben menor presupuesto público.
Pero legal y éticamente son quienes deben de tener prioridad en la protección de sus derechos, en tiempos regulares y más aún en condiciones de emergencia como la presente. Eso significa el Interés Superior de la Niñez, al que México se ha obligado a cumplir en nuestra Constitución, y en los tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos.
Para eso se creó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el SIPINNA. Para que México tenga una coordinación de todas las acciones que deben hacer todos los gobiernos, tomando en cuenta el efecto que todo tiene en la vida de los NNA. Dicho de otra forma, para que toda acción de cada gobierno, desde lo más local, no vuelva nunca más a hacerse sin pensar en la niñez, creyendo que se debe gobernar solo para los adultos, con la idea de los gobiernos del siglo XIX. ¿Qué hace el SIPINNA? Es un gran espacio de análisis, diálogo y generación de soluciones y de coordinación y promoción, para lograr la protección y garantía de los derechos de bebé, de cada niña, de cada chico, del 33% de la población de México.
La asistencia social, que es la tarea del DIF, es apenas una parte, que no incluye las acciones contra el abuso sexual infantil, el trabajo forzoso, las acciones por la primera infancia, rediseñar los entornos seguros, la justicia penal adolescente, los sistemas de información, el monitoreo de lo que hace cada gobierno, o la visibilización de sus problemáticas, entre muchísimas otras tareas. El DIF es un organismo operativo que da servicios y apoyos para asistir a los grupos de población más vulnerados y en abandono, y no puede ni debe sustituir al SIPINNA; no tiene el mandato legal, ni la capacidad técnica, ni el alcance del SIPINNA, que es un sistema de coordinación.
Proponer desaparecer al SIPINNA, hoy el sistema de coordinación más grande que existe en el país, muestra prejuicio, desinformación o voluntad de invisibilizar a los NNA. Una tarea que hoy es de los tres órdenes de gobierno, con una coordinación específica con los demás poderes de la Unión y con los sectores sociales, se empobrecería si queda circunscrita a la acción de una sola institución creada hace décadas con otros fines y otro enfoque. NNA dejarían de ser vistos como sujetos de derecho para ser tratados como beneficiarios de la asistencia social. Se debilitaría enormemente perjudicando a los NNA, que de por sí viven una situación de desventaja grave para su presente y su futuro.
Niñas, niños y adolescentes serían invisibles para el Estado Mexicano en multitud de aspectos si no fuera por la existencia del SIPINNA, mecanismo en que la sociedad civil participa desde el municipio hasta el nivel nacional. El SIPINNA es producto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, LGDNNA, que fue la manera en que México armonizó la Convención de los Derechos del Niño, después de 25 años de haberla ratificado. Tardamos mucho en hacerlo, pero se encontró el mejor mecanismo posible, que representa el acuerdo y trabajo realizado por cientos de actores a lo largo de décadas, para lograr un sistema que garantice el goce de los derechos humanos para cada niño, para cada niña. Así lo ha reconocido el propio Subsecretario Alejandro Encinas, uno de los más fuertes impulsores de la LGDNNA y de la creación del SIPINNA.
La existencia del SIPINNA es también respuesta de México a las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, instancia que vigila el cumplimiento de la citada Convención. El Comité apuntó, en sus observaciones al cuarto y quinto informe de nuestro país, que la ausencia de una instancia que condujera de manera eficaz las políticas tendientes a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes era preocupante y debía resolverse.
El SIPINNA no otorga beneficios a particulares, ni firma contratos, ni genera una burocracia excesiva e ineficiente; es un mecanismo de articulación sin presupuesto, pues coordina esfuerzos de instituciones que ya tienen recursos asignados, con el fin de visibilizar y hacer presentes en las tareas del Estado Mexicano a 40 millones de mexicanos cuyas voces difícilmente se escuchan. La coordinación de sus tareas, a cargo de su secretaría ejecutiva, que en 2020 operó con menos del 2% del presupuesto asignado para el DIF. Si se busca ahorrar, lo cual es comprensible y necesario, hay que hacerlo donde hay grandes estructuras y presupuestos, no donde no hay.
Dado que es un Sistema que tiene la obligación de garantizar todos los derechos, integra a un gran número de instituciones de los tres órdenes de gobierno, pues todos tienen una responsabilidad que cumplir para mejorar la vida, el desarrollo y la protección de la niñez y la adolescencia. En razón de esa composición amplia e integral, la LGDNNA determinó que a nivel nacional debe estar presidido por el titular del Ejecutivo Federal; debe estar integrado por secretarios de estado, por gobernadores y gobernadoras, y por representantes de la sociedad civil, quienes son votados por el propio sistema y cuentan con voz y voto.
El DIF no puede hacer lo que hace el SIPINNA. Primero, porque el Sistema Nacional del DIF tiene un enfoque de asistencia, y sólo atiende a NNA en situaciones de vulnerabilidad. Segundo, porque no tiene ninguna atribución ni posibilidad de garantizar todos los derechos, lo cual es indispensable para la vida de cada niño y cada niña. Tercero, porque históricamente los Sistemas DIF han dependido de las cónyuges de los Gobernadores, y en muchos casos han sido utilizados con fines políticos, decisiones discrecionales y con mucha opacidad. Cuarto, porque justo lo que falta es una reforma al DIF; basta analizar los resultados de los centros de asistencia social que tiene a su cargo esa dependencia para darse cuenta de la precaria situación en la que viven niñas, niños y adolescentes que están efectivamente bajo custodia del Estado Mexicano, porque a 6 años de vigencia de la LGDNNA aún no podemos saber cuántos NNA y quienes están en cada albergue o casa hogar del país.
Quinto, porque, salvo excepciones meritorias, no pueden dar buenas cuentas las procuradurías de protección especial que dependen del DIF, en cuanto a la restitución de los derechos que han sido violados. Si el DIF no ha podido cumplir su propio mandato acotado, ¿cómo podría dar respuesta a todo lo que debe hacer un sistema referido a Educación, Salud, Bienestar Social, Seguridad, Acceso a la Justicia, Trabajo, Inversión Pública, participación y expresión de los propios niñas, niños y adolescentes?
En suma, desaparecer el SIPINNA no ahorrará recursos, no generará eficiencias ni se traducirá en beneficios para niñas y niños; solo ayudaría a invisibilizarlos y desaventajarlos aún más, por una simple y sencilla razón: Niñas y niños no queman camiones, no toman vías, no ofrecen convenios al régimen, no votan, no son una prioridad para los gobiernos.
Las y los abajo firmantes pedimos se fortalezca el SIPINNA, y expresamos nuestro rotundo rechazo a su desmantelamiento y al traspaso de la coordinación de sus tareas al DIF. Convocamos a la ciudadanía a alzar la voz por la niñez impidiendo que las instituciones que han sido creadas para su protección sean debilitadas y desarticuladas. Quienes perderían con una decisión así no son los gobiernos ni sus funcionarios; pierde la entera generación joven de México; no lo permitamos.
Suscriben los Representantes de Sociedad Civil en el Sistema:
– Aranzazu Alonso
– Nelia Bojórquez
– David Calderón
– Isabel Crowley
– José Ángel Fernández Uría
– Teresita Lanzagorta
– Consuelo Morales
