Eduardo Grajales
Deja mucho que desear la postura que ha tomado la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su Unidad para la Carrera de las y los Maestros (USICAMM), respecto a los mecanismos de evaluación para la promoción docente en sus concursos de acceso a plazas magisteriales, así como en los de ascenso horizontal y vertical, recientemente aplicados.
Después de cometer sendas pifias en la administración de la Plataforma Venus de USICAMM y de mantener desatendidos y en constante incertidumbre a miles de maestros y aspirantes al magisterio en todo el país (incluidas personas con discapacidad auditiva, a quienes dejo en la total indefensión), la SEP y USICAM ya amenazaron con dejar fuera a miles de maestros y maestras, a quienes se suponía les revindicarían sus derechos laborales y les ofrecerían una evaluación transparente, equitativa y con fines de mejoras.
Esto último era el espíritu de la Ley para las y los maestros. Pues resulta que en la realidad, ni lo uno ni lo otro, veamos:
En principio de cuentas, la SEP y USICAM deberían estar avergonzados por su incapacidad operativa y prácticamente sentados en el banquillo de los acusados, al no contar con sistemas digitales calificados y certificados para soportar la afluencia de millones de internautas que saturarían su plataforma web en los días de los exámenes, hecho que causo, por ejemplo, que miles de exámenes realizados no se guardaran en su plataforma y ha generado que éste se tenga que repetir, sin que hasta la fecha por lo menos la autoridad haya ofrecido una disculpa a miles de aspirantes del proceso 2021, víctimas de la situación anterior.
Asimismo, la SEP paradójicamente dejo fuera a mas de 5 mil maestros aspirantes a la promoción vertical y amenaza con dejar a otros tantos con el argumento de haber identificado “cadenas de respuestas similares” e incluso hasta los mismos errores sin presentar pruebas, cuando esto era evidente que iba a suceder como sucedió sin que la autoridad tomara cartas en el asunto en su momento. Los exámenes se vendían en redes sociales, se ofertaban las respuestas en grupos de WhatsApp, y la SEP y USICAMM no presentaron siquiera una denuncia ante las autoridades correspondientes.
Todo lo anterior en su conjunto fácilmente podría y debería configurarse como actos negligentes ante la Función Pública, por parte de estas autoridades educativa. Si de aplicar la normatividad por ahí debería empezarse, y tanto SEP como USICAMM le quedarían debiendo a los profesores.
En un escenario racional, pues, la autoridad debió de prever el riesgo que implicaba hacer exámenes estandarizados desde casa y en línea. Si hubiera querido minimizar tal situación ¿Por qué no previó, como cada año, hacer la evaluación en plataforma digital si, pero desde un espacio publico, como normalmente lo hace, y coordinado directamente por el personal de cada Secretaría de Educación Estatal? ¿Falta de presupuesto? ¿Incapacidad?… Si el argumento era el escenario pandémico ¿Acaso no hay esquemas para calendarizar a grupos de docentes, guardando las medidas sanitarias?
En ese tenor lo mejor hubiera sido, como ahora lo ha señalado, “utilizar otros factores para valorar el desempeño y las habilidades docentes”, y no un examen estandarizado de más de cien preguntas que estresó sobremanera, agotó y quitó las ganas a las y los profesores de enlistarse nuevamente, y en las que incluso y absurdamente había crasos errores como, por ejemplo, una pregunta donde se cita como opción a la derogada Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Acaso los evaluadores de CENEVAL, o quien sea que haya hecho la batería de preguntas no reparó en estos detalles? ¿U ocuparon exámenes de archivo?…
Sea una cosa u otra, ambas situaciones son condenables, pues en este tipo de evaluación donde se busca identificar las mejores practicas docentes, no se le puede inducir al error a la gente, mas bien se trata de generarle conflictos cognitivos donde el sustentante ponga a prueba su intelecto y su habilidad; y menos aún, reutilizar exámenes que están fuera del contexto educativo actual, como parece haber sido… entonces ¿para que tenemos instituciones vanguardistas y de primera como el CENEVAL si no se va a echar mano de ellas? ¿Que sentido tiene exigir dominios, si la misma SEP y el USICAMM son los primeros en promover el condenado copy paste?
De tal manera que la postura tajante de las autoridades educativas sería valida desde una perspectiva normativa, si, pero donde todos siguen las reglas y no donde solo se aplica a contentillo la misma… ¿Cuantas llamadas, correos electrónicos y oficios dejo la USICAMM sin responder a las y los maestros que, preocupados, pedían a gritos se les especificara los pormenores de las indicaciones, o los cambios de ultima hora que trastocaron el mismo calendario oficial de evaluación que la propia SEP incumplió?.
En ese sentido, la postura expuesta por la Secretaría no esta siendo la esperada por los esperanzados maestros y ésta está fuera de todo contexto, pues los responsabiliza de la misma manera como se venía haciendo en otros tiempos, señalándolos a por lo menos unos 5 mil docentes de copiones, y estigmatizándolos ante el escenario colectivo que día con día desvaloriza mas su labor.
Sin duda existen este tipo de comportamientos como existen los estigmatizados “niños mal portados” en las aulas y las escuelas, pero el mismo manual por una educación inclusiva, equitativa y diversificada de la SEP señala que para efectos de mejora, el docente debe darles acompañamiento y no exponerlos al cadalso de la opinión pública… ¿Ahora, quien acompaña al docente? ¿O se trata de seguir en los mismos esquemas de evaluación tradicional?
Sea como fuere, algo anda muy, muy mal al interior de dos dependencias clave en la renovación del entorno educativo nacional, y que tienen la gran responsabilidad de elevar la calidad de la educación en México y hacer que ésta sobrepase dicho estándar para aspirar a la “excelencia” y en así, proponer no solo un acompañamiento y una evaluación con fines de mejora para las y los alumnos, sino también a los maestros que, se suponía serían los principales aliados en la transformación nacional, y a los que se les otorgarían sendos derechos empezando por una carrera equitativa y humanista, que reivindicaría sus “conquistas” perdidas en la anterior administración.
Hoy al igual que antes parece ser que el discurso es el único cambio que se vive en la educación mexicana, que hace gala no de una revolución y una transformación profunda, sino de un gatorpardismo educativo al que ya están acostumbrados los millones de docentes que siguen a la espera de un cambio real…
Habría que preguntarse qué sucedería si esta misma evaluación se aplicará en las oficinas de SEP y USICAMM ¿Cuántos “se quedarían fuera”?