Juan Carlos Miranda Arroyo

De acuerdo con la información publicada sobre el presupuesto de egresos aprobado ayer, 12 de diciembre, por el poder legislativo (Cámara de Diputados federal), los recursos financieros y de inversión destinados a la educación pública para el año fiscal 2025 tienen las siguientes características:

1. Se promueven ampliaciones presupuestales en el ramo 11. “Educación Pública”, con un incremento total de 14 mil 984 millones de pesos para instituciones de educación superior, en especial para la Universidad Rosario Castellanos y el Sistema de Universidades Benito Juárez.
2. Como se puede observar, en el paquete de reasignaciones están primero las universidades e instituciones de educación superior públicas, a las que se les reasignarán 12 mil 460 millones de pesos para el próximo año, de los cuales 5 mil 487 millones son parte del presupuesto para la UNAM.
3. Específicamente, para la educación superior pública se reasignarán 17 mil 300 millones de pesos más o adicionales, para el año que viene, de los cuales a la Universidad Pedagógica Nacional le destinarán 125.7 millones; a la Universidad Autónoma Metropolitana, mil 51 millones; al Instituto Politécnico Nacional (IPN), 2 mil 342 millones; al Cinvestav, 365.5 millones; al Colegio de México, 68 millones; al Centro de Enseñanza Técnica Industrial, 38 millones; a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 140 millones; a la Universidad Abierta y a Distancia de México, 41.9 millones y al Tecnológico Nacional de México, 2 mil 440 millones. Habrá que evaluar cómo se distribuirán y aplicarán tales recursos financieros al interior de cada institución educativa.
4. Además, se ampliará en 4 mil 839 millones de pesos el presupuesto para becas en la UNAM, UAM, IPN, Colegio de México, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, la Universidad Agraria, entre otras. (Fuente: El Financiero, 12 de dic., 2024)
5. Por otra parte, el ramo 48. Cultura, recibirá un incremento de 3 mil millones de pesos para cumplir con lo establecido en el artículo 4º de la Constitución. Dichos recursos se destinarán al INAH y al INBA.

“En cuanto al destino que tendrá el presupuesto, lo primero que hay que entender es cómo se distribuye el dinero. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) asigna recursos a la educación en tres ramos: el ramo 11 es el que administra la Secretaría de Educación Pública (SEP) para todo el país; el ramo 25 que se dirige para sostener al sistema educativo de la Ciudad de México; por último, el ramo 33 es el mecanismo que transfiere recursos federales que recibirán los demás estados y municipios para atender las demandas educativas.”

“Del presupuesto repartido en dichos ramos, aproximadamente el 98% se destina a cubrir el gasto corriente (nómina, gastos operativos, etc.), y casi el 2% restante se destina para cubrir gastos de obra pública, gastos indirectos de programas subsidiarios y construcción de obra pública.”

Según lo declarado recientemente por Mario Delgado, secretario de educación pública del gobierno federal, “Becas es la palabra clave, pues en términos de asignación de recursos (ramo 11), los programas de becas para educación básica pública, incluida la recién creada beca “Rita Cetina” (universal) tendrán un incremento de más del 50%”; pero para programas como La Escuela es Nuestra, los recursos disminuirán casi a la mitad (o se distribuirán para favorecer, además de la educación básica, a la educación media superior).

“El objetivo del gobierno al dar un mayor impulso a la educación a través de becas, las cuales son una estrategia transitoria que apoya a las familias mientras el país se recupera de los nefastos efectos que las políticas neoliberales causaron a la economía del país y de los sectores menos privilegiados; una vez que el crecimiento económico del país sea sustancial, la brecha en la desigualdad económica y social que impera en el país disminuya, lo mismo que los índices de pobreza sean cada vez menores, entonces será imperativo una redistribución del gasto educativo, sobre todo en lo que respecta a la inversión en infraestructura, área que se ha visto mermada en los últimos años.”, se indica en el sitio Ruptura 360 (Nota de Alejandra Castellanos, 2 de dic., 2024. Presupuesto | Incremento educativo para 2025).

Tres comentarios

Primero, cabe destacar que los ajustes o reajustes al proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF), para el ejercicio del siguiente año 2025, obedecen a la definición de unas políticas públicas educativas distributivas, del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, a favor de los sectores sociales (niñas, niños y jóvenes en edad de escolaridad) que habían sido marginados de los recursos públicos anuales (becas) en pasadas administraciones.

Una característica de tales políticas públicas educativas, en la actual coyuntura, es el traslado de recursos financieros del poder judicial, del INE y de organismos autónomos en proceso de desaparición, estos últimos creados durante los últimos 25-30 años en el contexto de la aplicación de las agresivas políticas públicas neoliberales; recursos que en breve llegarán a las familias que tienen niños, niñas y jóvenes activos en el sistema educativo nacional.

Segundo, si bien estos ajustes están dirigidos a favorecer principalmente a estudiantes que recibirán becas directas, no mediadas, y que tienen el propósito de combatir la desafiliación o el abandono escolar, el volumen general de recursos financieros sigue siendo insuficiente para el sector educativo, pues éste representa, para el 2025, alrededor del 3.6% del PIB, cifra muy por debajo de la meta establecida en ley, desde hace dos décadas, que debe ser del 8% de ese indicador macroeconómico.

Tercero, aun cuando se advierte en la justificación y argumentación del poder ejecutivo, al presentar la iniciativa de presupuesto anual, que los reajustes financieros para la educación pública (centrados en la entrega de becas) serán transitorios, no puede dejarse de la lado, en este breve análisis, la necesidad que tiene México de reorientar el financiamiento y la inversión pública en educación hacia otros procesos clave, tales como la formación continua y profesional de docentes, directivos escolares y demás figuras educativas tanto de la educación básica como de la media superior y superior, entre otros rubros. Todo ello con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escuela pública.

No hay que olvidar que un objetivo o compromiso incumplido del Programa Sectorial de Educación (PSE), 2020-2024, del gobierno de López Obrador, fue: “Revalorizar a los maestros y maestras con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio.”

En otro fragmento del PSE, lo anterior se afirmó de la siguiente manera: “El personal docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico, directivo y de supervisión contará con un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización que brindará apoyo, acompañamiento y retroalimentación suficiente para la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gradualmente dicho desarrollo profesional redundará en su empoderamiento, siendo respetados y reconocidos en las comunidades escolares por su desempeño…”

En ello hay un pendiente significativo que tendrá que asumir y retomar, con fuerte dosis de congruencia y voluntad política, el gobierno que recién comienza.

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