Hace unos días se presentó, finalmente, el nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria en un evento público que se realizó en Palacio Nacional. Este plantea, según señalan sus principales defensores, “una transformación radical del sistema educativo mexicano, lo que supone una verdadera revolución educativa, a partir de una política educativa de largo plazo, apenas parecida al Plan de Once Años, que en 1959 anunció el entonces secretario de educación pública, Jaime Torres Bodet”.
En esta breve reflexión presento algunos de los principales retos que enfrenta la implementación del Nuevo Modelo Educativo (NME), el cual se estructura en cinco ejes: cambio y renovación curricular, escuela al centro, formación y desarrollo profesional docente, equidad e inclusión, y gobernanza del sistema educativo.
El primero alude a la necesidad de una nueva pedagogía, que deje de lado el aprendizaje memorístico y dé paso al aprendizaje crítico y creativo, donde no sólo importe lo cognitivo, sino el desarrollo de habilidades socio-emocionales y para la convivencia. El segundo implica la transformación de la escuela, para que ésta cuente con infraestructura y equipamiento necesarios y que sea autónoma y capaz de tomar sus propias decisiones. El eje tres se refiere a la importancia de la formación inicial y la profesionalización de los docentes, ya que ellos, se sostiene, son el principal actor educativo responsable de la transformación de la educación. El cuarto sostiene que es indispensable lograr la equidad y la inclusión del sistema educativo, de tal manera que todos los niños, sin importar su origen, género, condición económica o discapacidad, cuenten con oportunidades educativas para desarrollar sus capacidades. El último eje pone en la palestra el concepto de “gobernanza”, entendida como la necesaria participación y coordinación de distintos actores – incluidos autoridad educativa federal y locales, el INEE, el sindicato, los maestros, padres de familia, sociedad civil y Poder Legislativo – para implementar el Modelo.
Si bien todos los ejes colocan aspectos fundamentales que deben ser incluidos en cualquier proyecto de política educativa, las principales ideas de cada eje no son en realidad aportaciones novedosas en tanto que han estado presentes en el discurso e imaginario colectivo de administraciones anteriores. No es nuevo, por ejemplo, que se ponga al docente en el centro del debate, señalando que es uno de los actores más importantes para lograr el cambio educativo y que su ascenso en la carrera magisterial debe ser con base en el mérito. Tampoco lo que se dice respecto a que se les proveerá de estrategias de formación y capacitación continuas. Esto último, además, se viene anunciando desde el inicio de la reforma educativa y con resultados cuestionables. Si bien en estos años se avanzó en la configuración de dispositivos de evaluación de los docentes (para su ingreso, promoción y permanencia en el servicio), para nadie es un secreto que sigue siendo un gran reto el ofertarles una formación inicial y continua pertinente, relevante y, sobre todo, oportuna.
La idea de la escuela al centro y con capacidad para tomar sus propias decisiones tampoco es novedosa. Y se antoja difícil de concretar en los próximos meses y años. Esta supone, de hecho, una autonomía que no se logrará sin plantillas completas, docentes bien capacitados, infraestructura suficiente y de calidad. Y es que el modelo, para funcionar, debe operar como un conjunto integrado. Pero el problema está en que cada eje del modelo involucra retos considerables, muy difíciles de concretar sin presupuestos suficientes y, sobre todo, sin voluntad política.
Sin ánimo de ser pesimista, pero sí realista, considero que uno de los retos más importantes para la implementación del NME es conciliar las voluntades políticas de todos los involucrados. El Modelo llega muy tarde, en el quinto año del gobierno de Peña Nieto, cuando ya los ánimos y las preocupaciones están puestos en las elecciones del 2018. Sorprende que su elaboración haya tomado tanto tiempo, lo que habla, sin duda, de la falta de gobernanza del sistema educativo, o, en otras palabras, de la imposibilidad de llegar a acuerdos efectivos de manera eficaz y oportuna, para conciliar a los distintos actores involucrados, inclusive dentro de la propia Secretaría de Educación Pública.
A ello no abonaron seguramente, las constantes reorganizaciones de la Secretaría, que en su momento postergaron la puesta en marcha y avance de proyectos sustantivos, como por ejemplo la Estrategia de formación continua de los docentes o el lanzamiento del Plan Integral de Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PIDIRFEN), estipulado en el artículo 22 transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y el cual nunca llegó.
Aunque algunos querrán justificar que la búsqueda de consensos es lo que dilató el anuncio del ME, porque se hicieron diversas consultas con docentes, funcionarios, academia y sociedad civil, lo cierto es que el proyecto inicial del NME –para su posterior consulta -se presentó apenas en julio del año pasado, es decir, tres años después de anunciada la reforma. Ello pone en duda si será factible, como se señala en la Ruta para la implementación, que los planes y programas de estudio estén listos para mayo de este año: ¿en un par de meses se tendrán listos estos documentos? ¿Avalados por quién y cómo?
El nuevo Modelo, según se ha anunciado, comenzará a operar en el ciclo escolar que comienza en agosto de 2018. Justo un mes después de las elecciones. La pregunta de los sesenta y cuatro mil es si el próximo gobierno lo suscribirá sin más o lanzará una nueva consulta, que dilate aún más la concreción de los cambios urgentes que requiere nuestro sistema educativo. Sin duda, hay que colocarse en el justo medio, entre la búsqueda de los consensos y el impulso de los cambios de manera pronta y oportuna; más, si se toma en cuenta que los cambios que implica el nuevo Modelo no son de corto plazo. En la presentación pública del NME, el Secretario señaló que éste es una apuesta de “alto impacto y largo aliento”, por lo que los cambios que propone comenzarán a rendir frutos –en los aprendizajes de los niños- a los diez años de su aplicación.
En fin. El reto mayor será la puesta en marcha del Modelo, si es que éste sobrevive al cambio sexenal. Su implementación implica una importante erogación de recursos, a nivel federal y estatal, y una pronta y efectiva capacitación a los principales encargados de hacerla realidad: los maestros.
Asimismo, y como se señala en la Ruta de implementación, en el ciclo escolar 2017-2018 se deberán revisar y ajustar las estructuras ocupacionales de acuerdo con las definiciones del nuevo modelo y los planes y programas de estudio, así como realizar las modificaciones normativas que impulsen esta nueva integración ocupacional y de operación de nuevas figuras educativas. Más inverosímiles resultan algunas actividades, planteadas para realizarse en el ciclo escolar 2016-2017, el cual está a punto de concluir, como, por ejemplo: “fortalecer las acciones para garantizar que cada nuevo ingreso, así como aquellos que se encuentran en proceso de regularización, cuenten con el apoyo de un tutor” o “iniciar la operación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela”.
Ante el gran número de actividades comprometidas para los próximos meses, algunas de las cuales no parecen viables, varios gobernadores han externado su preocupación, señalando la falta de presupuesto[1] para implementar las actividades que se indican en el nuevo Modelo, entre las que destaca la capacitación que se requiere para que los docentes cumplan con las expectativas puestas en ellos.
Entonces, ¿es posible la revolución educativa? El planteamiento para el cambio ya está en papel. Ya está también señalada una ruta de implementación, con actividades y metas específicas. Falta, sin embargo, un ingrediente vital: voluntad política, “gobernanza” y presupuesto para concretar las acciones propuestas. Sin duda, también será necesaria la participación de la sociedad civil organizada, la academia y el Poder Legislativo, para que juntos monitoreemos el cumplimiento de los compromisos y metas enmarcados en el planteamiento del Nuevo Modelo.
Arcelia Martínez Bordón es académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
[1] De acuerdo con Fiorentina García, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en 2017, “el programa de formación de desarrollo docente sufrió un recorte de 39.5%, equivalente a cerca de 900 millones de pesos”.
