El estudio sobre la educación superior de México ha sido un campo fértil que se ha expandido gracias al esfuerzo constante y sistemático de diversos especialistas. Ejemplo de ello es que en el doceavo Congreso Nacional de Investigación Educativa (Guanajuato 2013), casi cuarenta por ciento de las ponencias que ahí se presentaron tocaron alguna vertiente de la problemática universitaria.
En esta firme y positiva tendencia se ubica el libro La Universidad Pública en México. Análisis, reflexiones y perspectivas (2014, México: Porrúa-UNAM) que coordinó el doctor Humberto Muñoz García y que contiene 18 capítulos divididos en seis partes, a saber: (1) política, poder y gobierno universitario, (2) evaluación, (3) actores, (4) educación abierta y a distancia, (5) investigación científica y (6) financiamiento.
Si usted se ha preguntado por qué ciertos programas y acciones dentro de las universidades públicas se sedimentaron, pese a que la evidencia ha mostrado sus serias limitaciones para servir al cambio, no deje de leer los primeros capítulos que evalúan las políticas de educación superior y la compleja relación entre el Estado y las Instituciones de Educación Superior (IES). Antes, afirman Wietse de Vries y Germán Álvarez, se esperaba que las “políticas gubernamentales” cambiaran la vida de la IES, ahora hemos llegado al grado de cuestionar si tales políticas pueden moverse. Parece, señalan los colegas, que éstas se volvieron resistentes al cambio a pesar de su claro agotamiento.
Y es que propiciar el cambio dentro del sistema de educación superior es muy complicado y de esto nos ilustra María Rodríguez Salazar al hablar de su institución: la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). La UACM quiso hacer las cosas distinto al resto de las universidades mexicanas, pero desafortunadamente se vio envuelta en pugnas ideológicas, “relaciones tirantes” con el gobierno de la Ciudad de México (2006-2012) y como consecuencia, enfrentó restricciones financieras, lucha entre bandos políticos y conflictos sindicales y estudiantiles. El caso de la UACM, a mi juicio, nos hace reflexionar sobre cómo se construye —y destruye— la autonomía universitaria. Todo esto mientras miles de jóvenes estudiantes y profesores deseaban hacer dignamente su trabajo.
Los estudiantes y los profesores son temas centrales del libro coordinado por el doctor Muñoz. Ahora que, como parte de la Reforma Educativa, está por darse a conocer el Modelo Educativo para los niveles de educación básica y media superior, resulta muy interesante saber que los profesores universitarios adoptan más una postura constructivista cuando preparan sus clases que cuando ejercen la docencia o cuando interactúan con sus estudiantes (Estévez Nenninger). De acuerdo con una encuesta dirigida a profesores, Etty Estévez también revela que existe una carencia de espacios para que los maestros compartan y discutan sus experiencias didácticas; lo que lograría enriquecer el conocimiento sobre la práctica docente. Los estudios de la Red de Investigadores sobre Académicos (RDISA), a la cual pertenece la autora, son un valioso fundamento para discutir la pertinencia del único “perfil deseable” que establece el PROMEP, ahora PRODEP (Programa de Desarrollo Profesional Docente).
Laura Padilla-González, por su parte, toca un problema al cual se están enfrentando varias universidades públicas de México: la jubilación de los académicos y el relevo generacional. Gracias a la encuesta nacional, La reconfiguración de la profesión académica en México (RPAM), se tiene que el promedio de edad de los profesores de tiempo completo fue de casi 50 años. Por otra parte, la edad de incorporación de los académicos a la universidad ha crecido considerablemente en los últimos 20 años. Mientras que en 1990 un profesor entraba a trabajar a los 29 años para el periodo 1999-2008 su edad de ingreso se elevó hasta los 37 años. Esto seguramente va aparejada con una mayor calificación académica; sin embargo, habrá que discutir si retardar el ingreso al trabajo científico nos hace más competitivos a nivel internacional.
Pero volviendo al tema de la jubilación, ¿cuántos profesores de los encuestados (n=1,775) desean retirarse por su propia voluntad? Sólo 29 por ciento y lo más preocupante: “cerca de la mitad de ellos lo haría en 11 o más años, lo que indica una tendencia a posponer el retiro más allá de la edad requerida”. Esto se explica por el temor real de perder una buena parte del ingreso económico, aunque habría que agregar que los académicos tampoco mostramos ser, desde mi perspectiva, muy precavidos que digamos. Sólo 6.4 por ciento de los encuestados reportó tener un fondo privado de pensión.
Como vemos, el cambio dentro de las universidades públicas es complejo pues combina tanto inercias del exterior como variadas acciones de las propias comunidades. Es un acierto que el libro coordinado por Humberto Muñoz señale claramente los elementos que componen ambas dimensiones y nos motive a discutirlos. Cada capítulo ofrece un tema y enfoque interesante y aunque no tuve aquí el espacio para repasar a fondo cada texto, puedo asegurarles que su contribución será comprender mejor la vida universitaria, paso firme para el cambio.
