La profesora e Investigadora de Flacso México, Gloria del Castillo Alemán, invitó a las autoridades educativas y a los involucrados en los procesos de enseñanza, a reflexionar sobre las tareas y funcionalidad de los supervisores escolares, en su participación en el quinto foro sobre educación básica de la consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo, realizado en Durango.
Del Castillo Alemán señaló que no ha existido una política integral que atienda de forma simultánea la profesionalización de la supervisión y propuso plantear un nuevo rumbo mediante un profunda transformación.
Advirtió que este cambio ha quedado en un segundo plano dentro de las diversas reformas en materia educativa, sumado a una gran tensión entre el liderazgo de directores escolares y supervisores, que ha fomentado una enorme división entre las cuatro principales funciones básicas de la Supervisión Escolar: aspectos políticos, institucionales, administrativos y pedagógicos.
Dijo que debe haber un intenso programa de profesionalización de los supervisores educativos, pues tan solo en estados como Hidalgo, Durango, Estado de México y el Distrito Federal, más de 80 por ciento no cuenta con algún tipo de capacitación o educación para desarrollar las actividades de supervisión.
“La propuesta es crear una estrategia nacional de formación de supervisores escolares, cuyo propósito es la actualización y la formación en nuevas habilidades.
Enmarcó cuatro puntos principales en la redefinición de la función de supervisores:
a) Políticas: Hacer gobernable el proceso de gobernanza en la implementación de nuevas políticas educativas (de un liderazgo sustentado en el control a uno de emprendedor de políticas). b) Nodo Institucional de red de actores en torno a la escuela. Crear más vínculos entre centros escolares y comunidad. c) Administrativas: garantizar la normatividad mínima escolar. d) Pedagógicas: operar un sistema de asesorías y acompañamiento de las escuelas públicas, como apoyo a la mejora de la práctica profesional.
Finalmente, pidió no desaprovechar el andamiaje institucional que se ha desplegado con la reforma, las leyes secundarias, políticas y programas, para mejorar las condiciones de gobernabilidad que permitan estos cambios necesarios para la educación básica.