Carolina Bodewig / Universidad Iberoamericana
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
El informe de estadísticas educativas del Ministerio de Educación (MINED) de El Salvador correspondiente al año 2014, reportó una deserción de un poco más de 86 mil estudiantes de educación básica, con causas muy variadas. De ese total, 9 mil 451 de esos estudiantes que abandonaron la escuela tienen como razones la delincuencia, la violencia o las amenazas de pandillas. De la misma forma, la Oficina de Información y Respuesta (OIR)[i] de la misma entidad gubernamental reportó que para el 2015 el total de estudiantes que abandonaron fue de 114,617 de todos los niveles educativos. De este total, un poco más de 15 mil estudiantes manifestaban que las razones de abandono escolar estaban relacionadas con la delincuencia, la violencia o amenazas.
Para el 2014, la deserción escolar vinculada con pandillas y violencia, manifestada explícitamente así por los estudiantes o sus padres o madres, aparecía entre las primeras cuatro causas más recurrentes de abandono escolar, sobrepasada por causas como cambio domiciliar o abandono del país, las cuales sumaban 38, 431 estudiantes; sin embargo muchas veces presentadas así por los estudiantes y sus familias a los directores de sus escuelas para disfrazar la razón real por la cual dejan su barrio, colonia o comunidad.
Y para traducir un poco estos números a historias reales, quiero mostrar que en El Salvador sucede que las niñas y jovencitas son amenazadas de muerte por sus propias compañeras de clase y ofrecidas por sus propias compañeras a otros pandilleros. En este país sucede que hay niños que, de un día para otro, abandonan su casa y su comunidad porque es la única forma en que pueden evitar que los persigan o que los maten. En El Salvador también sucede que jóvenes deciden no estudiar más allá de noveno grado (último nivel de educación básica y de secundaria) porque acudir a la escuela más cercana que ofrece bachillerato (equivalente a la preparatoria) representa un riesgo para su vida. En El Salvador, niños y jóvenes, si tienen suerte, caminan hasta la escuela acompañados de su mamá, abuela, tío o hermano mayor porque de lo contrario no llegarían vivos. Hay estudiantes que deben cambiar su ruta hacia su escuela cada día para no ser acosados o amenazados. En El Salvador los niños, niñas y jóvenes abandonan su escuela porque sus aulas, sus baños, el patio de recreo o la cancha de fútbol ya no son lugares seguros, ya no son para jugar, para reír, ni para aprender.
Estos datos son realmente alarmantes, y así fueran dos, tres niños o niñas los que han abandonado la escuela por esta causa, es algo que en El Salvador no debería estar sucediendo, por la razón que ellos y ellas, como cualquier otro salvadoreño, tienen derecho a la educación para desarrollarse, para crecer, para tener oportunidades y tener una vida más plena y libre en su país.
Además de los niños, niñas y jóvenes que están siendo afectados por el acoso, amenazas y violencia, las escuelas y los docentes salvadoreños están enfrentando serios problemas para poder trabajar, para poder propiciar ambientes seguros y cómodos para el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes. Tanto por el entorno externo que rodea a la escuela y las rutas que caminan sus estudiantes, como por el ambiente y los factores al interior de las propias escuelas.
Muchos docentes y directores de centros educativos públicos manifiestan que han sido víctimas de acoso y amenazas de pandillas, por ejemplo, para poner calificaciones a gusto de los estudiantes, también han recibido amenazas de pandillas por haber llamado la atención a sus propios estudiantes, al punto tal que en ocasiones estas amenazas desembocan en que los docentes presentan su renuncia al centro educativo. Otros docentes manifiestan que han sido extorsionados para poder caminar por las calles que llevan a su escuela o para poder permanecer trabajando ahí.
Según el reporte “Observatorio MINED 2015 sobre los Centros Educativos público de El Salvador “[1], de 5,132 centros educativos, alrededor de 3,327 reportaron que son afectados por actividad de pandilleros externa al centro y 1,220 reportaron que son afectados por actividad pandilleril interna, es decir, extorsiones, amenazas, acoso a estudiantes y docentes al interior del centro educativo. Ese mismo reporte también muestra que mil 630 docentes manifiestan haber recibido amenazas de pandillas, 348 docentes entrevistados manifestaron haber sido extorsionados por estudiantes pandilleros al interior del centro educativo.
Es claro y está de más decir que la inseguridad, la violencia, las amenazas a la comunidad educativa son un problema complejo y frente al cual debemos demandar y señalar que está violentando el derecho a la educación de los niños, niños y jóvenes salvadoreños. Esta situación que tiene tantos factores que la originan y que la fortalecen, también necesita no solo de acciones y respuestas múltiples, sino también articuladas y congruentes, desde diferentes entidades del Estado, desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde el acompañamiento a los directores y docentes de los centros educativos sobre el manejo de estos conflictos y riesgos sociales.
Considero también que es urgente pensar en lo que esta limitación y, en muchos casos expulsión del sistema educativo, significa para el futuro de los niños, niñas y jóvenes salvadoreños, para la estabilidad, la convivencia y el desarrollo del país entero. Las preguntas que suscita este escenario son ¿qué significa que estos niños y niñas abandonen su escuela? ¿Qué significa que tengan miedo de ir a su escuela y de convivir con sus propios compañeros? ¿Qué implica para El Salvador, social, cultural y económicamente, que tantos niños y niñas estén abandonando su escuela por esta causa?
Este escenario apunta a que hay una generación en El Salvador que no terminará de estudiar y no tendrá acceso a la educación más allá del nivel básico o, con suerte, el bachillerato, una generación a la que además de violentarle su derecho a educación, que de por sí es gravísimo, le están arrebatando su presente y sus posibilidades de aprender, de relacionarse y convivir, de imaginar y caminar hacia una vida personal más plena, de contribuir social, cultural y económicamente al país. Esta también será una generación llena de miedos, odios y frustraciones las cuales, definitivamente, se verán reflejadas en el futuro. Este escenario que tantos niños, niñas, jóvenes, docentes y directores están atravesando nos debería bastar para generar en nosotros un sentido grande de indignación, de urgencia y exigencia por algo diferente.
Referencias:
–http://www.laprensagrafica.com/2016/04/01/pandillas-aumentan-acoso-para-controlar-escuelas
– http://www.laprensagrafica.com/2016/04/25/desercion-de-estudiantespor-violencia-persiste
-OBSERVATORIO MINED 2015 SOBRE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EL SALVADOR. Elaborado con los resultados del Proyecto “Monitoreo a los Programas del MINED en Centros Educativos de El Salvador y Asistencia Técnica al Programa de Alimentación y Salud Escolar, PASE 2,015”
– Informe de Estadísticas Educativas, MINED, 2014. Disponibles en: http://www.mined.gob.sv/index.php/estadisticas-educativas
[1] Se revisaron 5,132 centros educativos y se consultaron 45,871 docentes
[i] Información obtenida gracias a un artículo publicado en el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica el 25 de abril por el periodista Ricardo Flores
