Alberto Sebastián Barragán*
El panorama político resulta más aberrante de lo que lo esperábamos. En materia educativa, hubo quienes decíamos que no podíamos pasar del suelo. Pues tenemos malas noticias: las decisiones no son las más pertinentes; los recortes le cobrarán factura a la implementación, y el pretexto asistencial de la política de bienestar, representará un gasto educativo no una inversión. Ya que no habrá intermediarios, sólo tendrá beneficio electoral.
Desde antes del inicio del sexenio, hemos seguido la agenda educativa de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó con una mayoría aplastante, y contrajo enésimas promesas y responsabilidades que ahora trata de cumplir. Echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto se volvió una bandera de campaña que le atrajo muchos votos. Los enemigos acérrimos del magisterio mexicano eran: el modelo educativo improvisado y la evaluación docente, Pero no la de ingreso ni la de promoción, sólo la de permanencia: la punitiva.
Si la “mal llamada” reforma educativa de Enrique Peña era una reforma laboral, resultó sencillo prometer un cambio desde la campaña presidencial, y se veía fácil elaborar una “bien llamada” reforma educativa. Las promesas de campaña fueron indeterminadas y la expectativa no piden más que lo necesario. El régimen de exclusividad al que fue sometido el magisterio fue una jaula jurídica, en la que quedó atrapado todo el sistema educativo. Los primeros en caer fueron los responsables del INEE, que tuvieron que descafeinar su estrategia de evaluación, reduciéndola a pocos instrumentos, porque no se destinaría tiempo ni recursos necesarios.
Los siguientes fueron los maestros sometidos a la evaluación acordonada por la fuerza pública. Después, cayeron los que fueron retirados del servicio por no someterse a la evaluación. Más adelante perdieron credibilidad los grupos empresariales y supranacionales que pensaban que el gobierno anterior cumpliría su programa sectorial y fechas de evaluación docente. También quedó encerrado y sin legitimidad el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que no pudo evaluar a todos los docentes como lo prescribió. En su jaula, el gobierno violó su propia ley de evaluación docente.
Esos fueron los altos costos de “elevar a rango constitucional” la calidad educativa. Los pleitos partidistas entre Chuayffet y Gordillo, fueron los que inspiraron la construcción de una jaula de la que nadie pudo salir. Cuando el artículo tercero perjudicó al 123, para los trabajadores de la educación, no pudo lograrse el proceso jurisdiccional de controversia constitucional, porque se dio prioridad al “interés superior de la niñez”. La jaula de la evaluación docente también abarcó a los magistrados del poder judicial, y parecía estar condenada a la duración del sexenio de Peña Nieto. Pero vemos que la jaula sigue ahí.
La iniciativa de López Obrador, fue inconsistente, incompleta y con equivocaciones. En su afán por enmendarla, se cometieron errores aún más graves: como no desanclar la jaula de la evaluación del rango constitucional, o empeorar la noción de calidad al sustituirla por excelencia, o abrirle la puerta al sector privado. En su egocentrismo de tener siempre la razón, no se ha dejado acompañar por la comunidad educativa, quienes han dedicado toda su vida al trabajo de docencia e investigación educativa. En la promesa de ser democrático y darle bienestar a todos, le sale el priísta que lleva dentro.
El memorándum que López Obrador envió a Gobernación, a Educación y a Hacienda, es una práctica del priísmo de hace décadas, donde el presidente era la máxima autoridad y tenía mayoría en el congreso; cuando sólo bastaba con girar una orden, sin fundamento jurídico, atribuyéndose todo el poder para que su voluntad se realizara.
Los que llevamos años de analizar los cambios en el sector educativo, hemos visto desfilar a los especialistas de una o de otra casa de estudios, para asesorar al presidente en turno. Esta vez casi no vemos a nadie. Esta vez no leemos solidez en las propuestas y es evidente la poca voluntad para emprender un programa sectorial de educación que atienda con pertinencia las necesidades más apremiantes.
En los últimos años, los presidentes llegan con una impronta de reformar, porque quieren dejar huella o transformación, y porque asumen que todo lo que estaba antes de ellos estaba mal, y era necesario reformar. En efecto, la realidad educativa es uno de los grandes problemas de nuestro país. Hay desigualdades que no se resolverán con la política de transferencia directa. No se trata de reformar por reformar. Es indispensable reconsiderar la jerarquía jurídica de la constitución, las leyes secundarias y las resoluciones legislativas, y respetar los procesos y funciones de entidades e instituciones. No nos cansaremos de subrayar las debilidades y tampoco dejaremos de participar para que las cosas mejoren.
La iniciativa presidencial se fue transformando, y la reforma educativa quedó varada en la incertidumbre. El tiempo del Senado nos remitió a un periodo extraordinario para su aprobación total; pero en general, la jaula jurídica del régimen de exclusividad sigue ahí. Al parecer, conviene más tener enjaulado al tigre, en lugar de dejarlo suelto y después querer amarrarlo.
Coordinador de Voces Normalistas.
