Hace una semana puse en el tapete los elementos que, desde mi perspectiva, influyen para que la Reforma Educativa, que comenzó en diciembre de 2012, no logre la mayor parte de sus cometidos. No pronostiqué que vaya a fracasar por completo. Tampoco creo que vaya a coronar todos sus propósitos, pero estoy convencido de que ya sembró instrumentos institucionales y políticos para garantizar ciertos cambios.
En esta pieza no hablo de la educación en sí —ya vendrá el nuevo modelo educativo—, me centro en el fin expreso del gobierno de retomar la rectoría del sistema. En otras palabras, de precisar la dialéctica del control desde el centro.
La lista no es exhaustiva, me enfoco en los elementos institucionales y políticos que, pienso, son importantes. Logros institucionales: enmiendas a la Constitución, dos nuevas leyes, reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Coordinación Fiscal. Éstas configuran una recentralización del sistema escolar y provee a la Secretaría de Educación Pública de mayores controles.
Debido a las mudanzas legislativas, el gobierno central cuenta hoy con el Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, el Sistema de Información y Gestión Educativa y el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo. Éstos son aparatos de control e información que aún no alcanzan su eficacia plena, mas son fundamentales para una tecnología del poder centralista.
Los avances políticos —parciales y a veces erráticos, concedo— se concentran en pocos puntos:
Primero. Un nuevo pacto con los gobiernos de los estados que puso fin a la doble negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y sus secciones. Este arreglo no fue del agrado de los gobernadores porque implicó la desaparición del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, una mina de corrupción. Fue una imposición.
Segundo. El gobierno ha recibido apoyo —crítico, pero soporte al fin— de organizaciones civiles. Éstas pujan por que la ley se cumpla y juzgan la intervención de la Secretaría de Gobernación como entreguista. Lo mismo legisladores de oposición que desde el comienzo están con la reforma y vigilan que el gobierno no dé marcha atrás.
Tercero. Disminución del número de aviadores, aunque éstos todavía pululan por los márgenes que dejaron las leyes a los estados y por acuerdos con el SNTE.
Cuarto. Los foros de consulta del modelo educativo, tanto los de 2014 como los de 2016, que acercaron un poco a la SEP con otros actores. Ganó legitimidad, quizá no mucha por 1) la desconfianza y 2) la propaganda de la oposición.
Quinto. En mis averiguaciones académicas y en charlas con maestros y otros actores (evidencia anecdótica, dicen mis colegas), logré calibrar que hay docentes que apoyan la reforma o porciones de ella. Los agrupo en tres áreas:
Los cumplidos. Hay muchos buenos maestros que, por principio, apoyan los cambios. No en línea con los fines del gobierno, sino porque se dan cuenta de las deficiencias del sistema, de los controles burocráticos y de su dependencia del SNTE. Aplauden el fin de la herencia y compraventa de plazas.
Los convenencieros. Otros están con la reforma como estrategia para defender sus intereses. Si cambian las reglas del juego, ellos se amoldan, a veces hasta con mácula, pero lo hacen. Por ejemplo, los allegados a Juan Díaz de la Torre y a camarillas estatales del SNTE.
Los tradicionalistas. Otro grupo apuntala la reforma por acatamiento, por la costumbre de respeto a la autoridad, por lealtad a consignas partidistas o, como expresó Max Weber, por obediencia.
Entiendo que estos puntos son rebatibles, en especial el último. Esta masa de maestros, que no puedo cuantificar, no manifiesta su aprobación de la reforma con los mismos métodos con que lo hacen los opositores. Excepto los del segundo grupo, no se dejan ver mucho ni se cobijan bajo el manto de una organización, son personas que están en las escuelas y cumplen su labor; son quienes dan vida a un sistema que, de otra forma, ya se hubiera ido al precipicio.
La SEP, el gobierno en su conjunto, acaso pudieran capitalizar esos refuerzos para consolidar lo hecho, mas requiere de una tecnología del poder vigorosa. ¡No la tienen!
El gobierno no ha recuperado la rectoría de la educación, pero si la colonización de la educación básica por los cuadros del SNTE tomó décadas, retomar el control bien puede tomar un par de sexenios más, digo, si los siguientes gobiernos son consecuentes.
