El forcejeo entre el gobierno y la CNTE llegó a una nueva fase a partir de los lamentables acontecimientos de Nochixtlán y la instalación de una mesa de diálogo. Las fuerzas de cada lado comienzan a rearticularse en un escenario que se complica día a día por la falta de puntos de encuentro que posibiliten una salida efectiva del conflicto. Las posiciones del gobierno federal y de la CNTE se mantienen inalteradas, lo mismo que las formas de lucha de la Coordinadora y de sus aliados. La rudeza política del día a día se opone a la tirante cortesía que se ha practicado en las dos reuniones que la CNTE ha tenido con la SEGOB.
Por parte del gobierno, el cambio visible fue su decisión de evitar confrontaciones directas con la CNTE y sus allegados, especialmente en lo que concierne a los bloqueos carreteros, de aeropuertos y puentes fronterizos. Pero esa cautela puede acabar. Osorio está intentando destrabar algunos elementos del conflicto con una mesa especial para dialogar con los deudos de Nochixtlán, pero elmiércoles 29 de junio mencionó el posible uso de la fuerza para impedir los bloqueos.
Las fuerzas del gobierno y sus aliados se han reorganizado, tras lo que en apariencia fue un desencuentro entre el secretario de gobernación y el de educación. Hace un par de días, el presidente dejó claro que la reforma y la ley no se negocian. Con eso alineó a Osorio Chong y reforzó la posición de Nuño. Aunque las fuerzas políticas en el Congreso se han mantenido relativamente al margen, el coordinador del PRI en el Senado, Gamboa Patrón, señaló que anular la reforma no era “viable ni negociable”. Nuño inició un ligero cambio en el énfasis de su discurso al señalar que la reforma va más allá de la coyuntura pues está relacionada con mejoras de la infraestructura, con las escuelas de tiempo completo, con la alimentación, con profesores mejor preparados, con nuevos planes y programas de estudio, y con una “nueva pedagogía”. Por supuesto, fiel a su carácter demagógico, no ofreció evidencias que prueben esas mejoras. De hecho la pedagogía sigue siendo la misma y no cambiará de un día para otro, y los nuevos planes de estudio brillan por su ausencia.
Nuño buscó reafirmar su alianza con el SNTE la semana pasada, pero éste sólo ha dado retóricos apoyos al gobierno. La alianza se ha mantenido más o menos en los mismos términos: mientras el gobierno le permita seguir controlando los aparatos estatales de la educación, el SNTE está conforme, apoya la reforma y se permite presionar a la SEP porque los maestros que obtuvieron calificaciones destacadas en las evaluaciones no han recibido los incrementos salariales, ante lo cual Nuño se apresuró a prometer solución a la brevedad.
Por parte de la CNTE los cambios son magros. En Chiapas la CNTE “flexibilizó” los bloqueos carreteros, es decir, levantó 10 de 18, y está permitiendo el paso a ciertos vehículo, menos a los transportes de las “transnacionales (¿?). Sin embargo, los bloqueos en los pasos fronterizos se mantienen. En Oaxaca no hay flexibilidad alguna, los bloqueos continúan y abarcan otras zonas. En su cálculo político, a la CNTE le tiene sin cuidado que miles de personas sean afectadas por la falta de abasto de diversos productos, incluyendo gasolina, la interrupción del suministro de apoyos alimenticios proporcionados por la SEDESOL, o la circulación de personas por la frontera. José Luis Escobar, vocero de la Sección 7 de Chipas, declaró: “Es un precio que se tiene que pagar ante tanta cerrazón del gobierno… a pesar de (que) este daño que se le está haciendo (al pueblo), es un daño a terceros, lo entendemos, el pueblo ha entendido que es necesaria esta forma de lucha”.
Para la CNTE, sus aliados y los oportunistas radicales es tan importante la causa que los métodos de lucha están justificados. Además, los bloqueos sirven muy bien a objetivos revolucionarios, bajo la premisa de que la desesperación y el enojo populares pueden ser capitalizados para la extensión del movimiento. De hecho, la creciente convergencia de una enorme variedad de fuerzas añade complejidad a un movimiento que sirve también como caldero de demandas de diversa naturaleza. En ese medio político, de poco han servido las voces sensatas como las de algunos presidentes municipales de la Mixteca, que enfáticamente reprocharon la violencia gubernamental en Nochixtlán pero también mencionaron que “la lucha por la justicia social no implica violencia, no significa paralizar y dañar a los transeúntes, a los campesinos, a los maestros. Los métodos que han utilizado, no los compartimos, porque ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos”.
Subidos al carro de la movilización de la CNTE, López Obrador y su partido Morena convocaron a una marcha que resultó exitosa por la multitud que reunió. Aprovechando la oportunidad política que le brinda el enorme descontento social y político, en especial el que se produjo tras las agresiones en Nochixtlán, la marcha fue una demostración de músculo político y capacidad organizativa que López Obrador utilizó para propagar su agenda, como el establecimiento de un gobierno de transición. Con esta idea, AMLO dejó implícitamente establecido que su partido político formaría parte de dicho gobierno y que el próximo presidente sería él. Alrededor de esta marcha es posible observar tres problemas importantes que ilustran el carácter antidemocrático de AMLO: la iniciativa de un gobierno de transición, aunque propagandística e inviable, no es poca cosa, pero no fue adoptada democráticamente entre las bases de Morena y menos entre los maestros de la CNTE. Nadie ha elegido aún a este político como presidente, pero con mucha antelación y arrogancia asume que lo será. Y esta marcha fue convocada desestimando la que el mismo día habían convocado los padres de familia de Ayotzinapa y la CNTE. Así, la movilización de López Obrador complejiza el escenario de fuerzas políticas, sin que se observen en sus posiciones propuestas para destrabar el conflicto, sino movimientos para fortalecer su candidatura presidencial y atacar al que da como rival principal, es decir, Osorio Chong.
Como puede verse, a pesar de la mesa de diálogo, no existen avances destacados. Cada parte se mantiene en lo mismo y actores clave como los senadores y los diputados han optado por lanzar la bola a otra cancha y mantener un bajo perfil para no asumir costos políticos. La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Hortensia Aragón Castillo (PRD), ha preferido criticar a Nuño y responsabilizar a la SEGOB de la negociación, pero no ha asumido que los diputados deben tener un papel activo. Una posición semejante ha externado Jesús Zambrano (PRD), presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Romero Hicks (PAN), presidente de la Comisión de Educación del Senado, dijo recientemente que el Senado está abierto a recibir sugerencias y críticas positivas, pero que espera desde hace tres años las propuestas de la CNTE. Los diputados y senadores están todavía fuera de la jugada, sin embargo deberían intervenir sin reparos: ellos también son responsables de las decisiones tomadas en torno a la reforma evaluativa y están obligados a ser sensibles ante los reclamos del movimiento y de decenas de otros actores, como académicos, que han puesto en claro los errores de tal reforma.
En ese marco, hemos escuchado muy pocas voces que reivindiquen una salida negociada. Entre ellas destacan las de dos académicos que han cuestionado la reforma. Hugo Aboites llamó a buscar dentro del marco legal los intersticios para la solución, la cual puede ir por la evaluación formativa que la misma ley contempla. En su opinión “el marco legal no es un obstáculo. Es parte de una ruta que es obligatorio explorar para no sólo resolver un conflicto, sino para dar también pasos para transformar la educación”. Por su parte, Ángel Díaz Barriga lanzó una serie de propuestas que buscan encontrar una ruta intermedia que reconozca la recuperación de la conducción de la educación por el estado, el ingreso por concurso pero no necesariamente por exámenes, la no aplicación retroactiva de la ley con respecto a la definitividad en la plaza, la evaluación del desempeño eliminando el examen del CENEVAL, la supresión del carácter punitivo, el ajuste de la ley para que el INEE sea realmente autónomo, la construcción de perfiles de desempeño docente a cargo de normales y UPN, la realización de mesas de trabajo con docente y expertos para generar una ruta de cambio educativo y el reconocimiento del papel del Consejo Técnico Escolar para buscar mejoras desde la comunidad escolar.
Ante el confuso escenario y la posibilidad de que la violencia reaparezca, se hace necesario que las opiniones sensatas, verdaderamente preocupadas por salidas negociadas, sin maximalismos, con claros objetivos educativos, crezcan más. También es necesario que las Cámaras de Diputados y Senadores intervengan y cumplan su obligación de dar cauce a los reclamos sociales. Sin embargo, de nada servirá que esas voces suban los decibeles si la CNTE y el gobierno continúan empecinadas en un juego de todo o nada.
