El 27 de mayo de 2015 se publicaron las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción; entraron en vigencia al día siguiente, dando al Congreso de la Unión el plazo de un año para aprobar las leyes derivadas de la reforma.
Durante el plazo, fiel a su costumbre, aunque con responsabilidades diferenciadas, el Congreso no ha aprobado las mencionadas leyes, y mayo avanza. No obstante que las cámaras del Congreso suelen elogiar su trabajo en sonora publicidad, no fueron capaces de tomar precauciones para cumplir sus obligaciones. En abril terminó el periodo de sesiones y no acordaron una sesión extraordinaria. El mensaje es, entonces, que la sociedad espere.
Durante el año, varias organizaciones de la sociedad promovieron la iniciativa Ley3 de3 sobre las responsabilidades administrativas, y manifestaron la urgencia de la legislación anticorrupción, pero los legisladores priistas y quienes los acompañan en la desvisión que tienen de México, no se inmutaron.
Mayo avanza y no hay señales de una sesión extraordinaria. La sociedad puede esperar, ha esperado, pero surgen preguntas: ¿dónde están los legisladores federales?, ¿por qué los líderes de las fracciones parlamentarias de los partidos de oposición y los líderes de sus partidos -los que dicen querer que se aprueben las leyes anticorrupción y que se atienda la iniciativa ciudadana-,no salen a la calle a informar a la sociedad de los obstáculos que detienen el trabajo legislativo y a movilizarla para presionar a los legisladores.
Mientras tanto, la escuela, esa institución nacional de la que tanto se espera en la formación de ciudadanos democráticos, poseedores del conjunto de capacidades que exige la vida actual, se encuentra ante dos escenarios. En uno, con la reforma legislativa promovida por el presidente Enrique Peña para mejorar la calidad de la educación, docentes y directivos están bajo una enorme presión para responderle a la nación. Por cierto, el presidente Enrique Peña no ha urgido al Congreso a aprobar las leyes anticorrupción como lo hizo para que aprobara la reforma energética. Esta le interesaba sobremanera, ¿y las otras?
En el segundo escenario, la escuela es un punto de observación para percatarse de las variadas formas en que diversos actores políticos violan la ley y quedan impunes. ¿Por qué lo es? Porque en su tarea social debe formar para conocer, comprender y transformar la vida social; debe formar en los alumnos el aprecio de la ley. Por ejemplo, el artículo 3o. constitucional establece que “La educación que imparta el Estado -y esto obliga también a los particulares-, tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él (…) el amor a la Patria”. ¿Y qué observan profesores, directivos y alumnos de la vida del Congreso? Parece que ahí la Patria no es de gran interés.
Agrega el artículo 3o. que el criterio que guiará la educación “Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo…”, pero a pesar de la evidencias del daño que la corrupción causa a la sociedad, el Congreso no tiene prisa en legislar contra la corrupción. Si la corrupción, como dijo el presidente Peña, es un problema cultural, ¿no debería urgir eso al Congreso a legislar para cambiar ese dañino factor cultural? Además, el citado artículo establece que la educación “será nacional en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas…”. ¿Será que para las mayorías del Congreso que detienen las leyes la corrupción no es un problema? Más aún, el artículo establece que la educación “Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer (…) la convicción del interés general de la sociedad…”. Dirán los legisladores: ¡que la escuela trabaje, enorme tarea tiene!
Si la norma constitucional parece suficiente, vale la pena aún mencionar al menos un fin de la educación nacional, como lo establece la Ley General de Educación: “Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos (Artículo 7, frac. VI).
¿Qué esperará el Congreso? Una cosa urge además de la legislación anticorrupción, y es que todo el año sea tiempo de trabajo legislativo.
Doctor en educación, profesor del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Interesado en el campo de la formación de valores y el derecho de la educación.
Mail: jbbarba@correo.uaa.mx
