A diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual reconoce el derecho a la educación bajo tres enfoques: no discriminación, igualdad de oportunidades y asegurar la educación inclusiva a todos los niveles (INEGI, 2015), aún sigue pendiente la garantía real del cumplimiento de una educación verdaderamente inclusiva, pertinente y necesaria para el colectivo de estudiantes con discapacidad.
Este es el caso de los 297 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de todo el país, los cuales fueron creados en 2009, en el marco de la reforma de la Educación Media Superior, y forma parte del Sistema de Preparatoria Abierta y de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Son una opción de bachillerato no escolarizado, destinado a estudiantes con discapacidad auditiva, visual, intelectual y motriz. Esta modalidad constituye la única propuesta pública de la SEP que permite a estudiantes con discapacidad poder terminar su bachillerato y obtener su certificación, por fuera de las escuelas regulares. La plantilla de los CAED está compuesta por entre 3 a 6 personas: responsable académico, auxiliar administrativo, asesor de comunicación, matemáticas, ciencias experimentales e histórico social. No obstante, esta especificidad de la política educativa que pareciera atender a un sector históricamente excluido, está atravesado por innumerables conflictos que niegan la posibilidad de una educación digna y pertinente.
Desde hace cinco meses que los miles de asesores, auxiliares y responsables de los CAED de todo el país, reclaman por el retraso en sus pagos. En esta coyuntura, el reclamo está encabezado no sólo por maestros y personal administrativo de los CAED, sino también por miles de estudiantes y padres de familia, que exigen a la SEP el pago inmediato de los sueldos atrasados, así como los recursos necesarios para el mantenimiento, operatividad y funcionamiento de los CAED, los cuales aún no han liberados. La vulneración de los derechos laborales de los maestros es otro eslabón clave de esta política de exclusión, ya que “el personal de los CAED no tiene ningún tipo de contrato que respalde su relación laboral con la SEP; están bajo el régimen de prestadores de servicios y honorarios, y no cuenta con ningún tipo de prestaciones, ni de seguridad social. Además de que desde hace varios años no hay un aumento salarial para los asesores ni responsables.”
En una investigación realizada en un CAED de la Ciudad de México durante 2015 y 2016, ya se había reportado una alta rotación de maestros, como consecuencia del retraso en los pagos y el incumplimiento de sus derechos laborales. “Simplemente la inconsistencia en los pagos, que ha sido el pan de cada día del proyecto, por ello tantas altas y bajas de los docentes”, “los ingresos económicos son deficientes y los pagos mensuales, se prolongaban hasta tres meses”, “hay una falta de puntualidad en los pagos, no hay contrato ni prestaciones de ley como seguro médico o ahorro para el retiro”, son algunas de las expresiones de los asesores, que explicaron su distanciamiento del CAED. La renuncia de los maestros, con motivo de estas condiciones materiales injustas, a su vez, incide drásticamente en la elección de los estudiantes de no seguir asistiendo a los CAED: “los estudiantes irán desertando, se irán yendo a medida que vayan viendo que no hay asesores. Ahora siguen viniendo, pero de aquí a un tiempo se estarán yendo. Poco a poco irán desertando”, “entonces algunos de los alumnos también deciden renunciar porque no tiene caso que vengan si hay un grupo pequeño y no viene el maestro, entonces los grupos se hacen cada vez más pequeños por los problemas que hay con los maestros”, denuncian estudiantes de los CAED.
La falta de presupuesto asignado al CAED, para cubrir salarios de los maestros y su pago a término, se asume como una práctica de desplazamiento sociocultural, lingüístico y político del conjunto de derechos de la comunidad con discapacidad, de la cual resultan excluidos tanto maestros como estudiantes. Desde su creación, los actores educativos no han podido tomar una decisión propia, libre y autónoma acerca de su permanencia en la escuela; las decisiones son ajenas a los sujetos que construyen la cotidianeidad de los CAED, y están subordinadas a los parámetros institucionales y gubernamentales que definen cuándo y cómo pagarles a los maestros. Esto es más grave aún si se advierte que este conflicto sociopolítico se arraiga sobre sustratos ideológicos, subyacentes a la práctica institucional, que patologizan y estigmatizan los saberes históricos y producciones lingüístico-comunicativas de las comunidades minoritarias, representación que orienta las decisiones institucionales en torno al presupuesto asignado para este sector y las condiciones de flexibilización laboral que rigen para quienes trabajan en el CAED.
Frente a esta política de exclusión, en las últimas semanas, miles de docentes, auxiliares, responsables, estudiantes y padres de familia de los CAED de todo el país han salido a las calles a denunciar esta injusticia social y educativa. Muestras de ello se han dado en Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México. También presentaron su reclamo en un acto en el Senado de la República el 3 de mayo, cuyo evento tenía como objetivo la conmemoración de los diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual se transformó por iniciativa de maestros y estudiantes, en un espacio de reclamo y visibilización de los conflictos del CAED. Por su parte, el 14 de mayo se organizaron maestros, estudiantes y padres de familia, y realizaron un plantón frente a la SEP en el centro histórico de la Ciudad de México. Se adjuntan imágenes de la manifestación, tomadas por una asesora del CAED, donde se hace explícito el reclamo y se entretejen distintas narrativas en defensa de la educación.
Los abajo firmantes, estando en curso el mes de mayo de 2018, nos solidarizamos y adherimos a la lucha que están llevando a cabo personal docente, administrativo, estudiantes y padres de familia de los CAED. Y exigimos que se liberen los salarios y los recursos para el funcionamiento de los CAED en todo el país, se ponga fin a esta cadena de exclusión e injusticia social y se garanticen sus derechos laborales y educativos.
Laura Alegre
Asistente de investigación del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Miroslava Cruz-Aldrete
Profesora investigadora de Tiempo Completo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Enrique Pieck
Académico investigador de Tiempo Completo, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Natalia Leyte Mejía
Coordinadora administrativa de la Red de Investigación de Educación Rural. Lic. en Historia, Universidad Nacional Autónoma de México.
María Edith Reyes Lastiri
Coordinadora de Somos Uno Más. Programa de Inclusión Educativa y Social para Jóvenes con Discapacidad Intelectual.
Erick de Ángel Lara Hernández
Director General de Matedácticas S.A.
Guadalupe Florán Cardón
Posgrado en Pedagogía, Universidad Nacional Autónoma de México.
Asesora en Lengua y Comunicación, CAED Nº1.
Marcela Gómez Sollano
Profesora de Carrera de Tiempo Completo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
Alejandra Patricia Muñoz Hernández.
Docente, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Isaías García Lerma.
Posgrado en Pedagogía, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Universidad Nacional Autónoma de México.
Leonardo Oliver Ortiz.
Maestro en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. Consultor en Disruptio.
Magdalena Alejandra Romero Hernández.
Estudiante de la Maestría en Investigación Educativa, Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato.
Yesenia Jasso Arreola.
Estudiante de la Maestría en Ciencias, Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México. Exasesora de CAED.
Leticia Landgrave Ponce.
Posgrado en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
Claudia Osiris Martínez Valle.
Asistente de Investigación del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Martha Roxana Vicente Díaz.
Tecnológico de Monterrey
Josefina Díaz Paéz
Asistente para el Fortalecimiento de la Calidad Académica, Universidad Iberoamericana.
Dagni Cristina García Calva
Estudiante de Maestría del Real Instituto de Tecnología, Suecia.
Exasesora de CAED Nº1.
Carlos Rafael Rodríguez Solera.
Profesor Investigador, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Erick S. Lara Corro
Becario CONICET, Centro de Estudios Desigualdades, Sujetos e Instituciones, Universidad Nacional de San Martín.
Teresa de J. Rojas Rangel
Docente-Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, Ciudad de México. Doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana.
