Carlos Rafael Rodríguez Solera
Investigador independiente
Diego Juárez Bolaños
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
En los discursos del actual gobierno se menciona reiteradamente que en los programas estatales tendría que ser prioritaria la atención de la población que vive en condiciones de pobreza y marginación, lo cual se sintetizó en el eslogan electoral de “Por el bien de todos, primero los pobres”.
Sería de esperar que, en materia educativa, esto se reflejara en una atención prioritaria a los grupos sociales tradicionalmente excluidos de las oportunidades, como son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes inscritos en las escuelas indígenas, para migrantes, comunitarias o multigrado.
A ese tipo de centros escolares asiste el grueso de los alumnos que sufren procesos de exclusión educativa. Como lo señalan los estudios de organismos nacionales e internacionales: los estudiantes de dichas modalidades educativas obtienen bajos niveles de logro académico, lo que se agrava con los bajos niveles de asistencia escolar que se observa en hijos de jornaleros agrícolas migrantes o en las personas que viven con alguna discapacidad.
Las causas de estas situaciones de rezago educativo son variadas y complejas. A grandes rasgos, tienen que ver con las condiciones de pobreza de las familias y con las carencias presentes en los servicios educativos, los cuales no siempre se adaptan a las características socioculturales específicas de dichas poblaciones.
Sería de esperar que un gobierno de izquierda, que en su discurso tiene como prioridad la atención a los grupos sociales en condiciones de pobreza, desarrollase políticas educativas dirigidas a garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la educación de esas poblaciones, toda vez que, a mayor nivel de escolaridad, incrementan las posibilidades de quienes ahora son niños para, en un futuro, salir de la pobreza por sus propios medios.
Sin embargo, esto no es así. Una muestra de ello es la limitada y decreciente cantidad de recursos presupuestales que han sido asignados a las instituciones estatales que atienden, educativamente hablando, a poblaciones históricamente marginadas, como son los jornaleros agrícolas migrantes, los indígenas habitantes en medios rurales y urbanos, las poblaciones con discapacidad o los adultos mayores en condiciones de rezago educativo, por mencionar algunos.
Un claro ejemplo lo constituyen los recursos destinados al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativas (PIEE). En el año 2019 tal programa contó con un presupuesto de $289 millones de pesos, un descenso considerable con respecto a los $401 millones presupuestados en 2018. El gobierno Peña Nieto creó este programa para atender a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad educativa, o a “sectores vulnerados”, como prefieren decir algunos. En el programa se fusionaron siete programas que antes operaban de manera independiente, sólo que, al hacerlo, se recortó el presupuesto que antes recibían. Al inicio del sexenio anterior, en 2013, los programas integrados al PIEE recibían 1365 millones de pesos; al final del sexenio, los recursos ya se habían reducido a menos de una tercera parte —los 401 millones ya mencionados en 2018—. En el presente sexenio se han recortado aún más los ya disminuidos fondos.
En otros ámbitos, es cierto, el actual gobierno ha tomado acciones encaminadas a mejorar la situación de niños y jóvenes, en especial mediante programas masivos de becas. Sin embargo, estas acciones dirigidas a la población en general tendrán un bajo impacto en la situación de los grupos mencionados, debido a que su exclusión se origina en condiciones muy específicas, que requieren de una atención focalizada.
Las becas al estudiantado afianzan la demanda educativa. Sin embargo, la oferta educativa no ha sido fortalecida de manera presupuestal y tampoco respecto al tipo de programas que se implementan, ya que éstos se han caracterizado por ser inerciales, en relación con los que se pusieron en marcha durante sexenios pasados. Así, los programas de educación comunitaria desarrollados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) continúan ofreciendo becas, que no llegan a los 4 mil pesos mensuales, a las figuras educativas que prestan sus servicios en las comunidades más pequeñas y aisladas del país. A más de dos años y medio de haber iniciado el actual sexenio, los niños, niñas y adolescentes habitantes de los territorios rurales que tienen alguna discapacidad física o mental, simplemente no disponen de algún programa educativo específico que los atienda, de forma que permanecen totalmente excluidos del sistema educativo.
Misma situación ocurre con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), organismo que, en teoría, tendría que atender a los más de 35 millones de adultos que no han concluido sus estudios de primaria y secundaria en el país. Además, la renombrada Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la SEP continúa sin tener la capacidad de ofrecer materiales educativos en los más de 60 idiomas originarios que se hablan en México y no plantea ampliar sus servicios hacia el nivel de secundaria indígena.
A esto se suma que los docentes de los telebachilleratos siguen trabajando con una enorme incertidumbre laboral y con limitadas prestaciones, pues muchos de ellos lo hacen en planteles escolares prestados por las telesecundarias, en tanto que los telebachilleratos ni siquiera cuentan con planteles propios. Así como que no se vislumbra la creación de nuevas instituciones educativas, con excepción de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez y el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos en la Ciudad de México.
La lista de las exclusiones educativas es larga. A las poblaciones ya mencionadas se suman los migrantes internacionales permanentes o en tránsito por nuestro país, los indígenas residentes en las áreas urbanas, los habitantes del medio rural que deseen estudiar el nivel medio o superior, por mencionar algunas.
De esta manera, los alumnos becados continúan asistiendo a establecimientos escolares en condiciones de precariedad en materia de infraestructura y equipamiento escolares; con insuficientes, poco pertinentes y descontextualizados materiales educativos; teniendo docentes que laboran con carencias en su formación para atender la diversidad sociocultural del alumnado y sin recibir el acompañamiento pertinente y suficiente por parte de supervisores y asesores técnico-pedagógicos. Basta mencionar que, una figura llamada “Asesor Pedagógico Itinerante” que cumplía tales tareas en las escuelas rurales comunitarias atendidas por el CONAFE, simplemente desapareció de la estructura a partir del ciclo escolar 2020-2021. De esta manera, varias figuras educativas, lejos de estar siendo reforzadas en sus funciones, están siendo eliminadas sin alguna justificación técnica por parte de las respectivas autoridades.
No se trata, claro está, sólo de asignar mayores recursos económicos, pero ese habría sido un gesto mínimo que hubiera mostrado el compromiso del nuevo gobierno con los sectores más excluidos del sistema educativo. Esperemos que en el presupuesto para 2022 las autoridades educativas corrijan esa omisión y emprendan acciones contundentes para atender las necesidades educativas de los más pobres, como sería de esperar de un gobierno que proclama su compromiso con los más necesitados.
