Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación
Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
Universidad Iberoamericana
La reforma educativa, que fue hecha constitucional en febrero de 2013, tuvo como motivaciones iniciales aumentar la calidad de la educación básica y recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional. Esta última era una demanda añeja, que reconocía que la educación se había convertido en un botín de negociaciones políticas entre el SNTE y los partidos políticos en el poder, donde el gobierno declinaba sus obligaciones en materia educativa a cambio del respaldo cupular del sindicato y su más de un millón de agremiados.
Desde su gestación, la reforma educativa generó una enorme polémica y, a más de dos años de operación, no ha logrado la legitimidad necesaria para asegurar un liderazgo que conduzca efectivamente a la educación nacional a un estadio de calidad. Desde la academia, quienes la cuestionamos, hemos advertido que no toma en cuenta factores fundamentales para garantizar el derecho a la educación de calidad y esto se refleja en la ausencia de propuestas relevantes para atender los aspectos propiamente educativos del sistema. En su concepción se limitó a buscar el control laboral del magisterio, otrora base del poder político, a costa de satanizar la figura del maestro en la sociedad mexicana y vulnerar sus derechos. Esta reforma parte del supuesto de que en las maestras y los maestros recae toda la responsabilidad por las fallas de un sistema educativo que no responde a las necesidades de la nación. La autoridad desconoce o ignora que la calidad educativa es un concepto multidimensional y que el aprendizaje también lo es, pues no todo depende de la docencia. Así, desconoce su propia corresponsabilidad en la catástrofe educativa.
Académicos preocupados por el rumbo que ha tomado la reforma han señalado en reiteradas ocasiones y en diversos espacios, sus principales limitaciones (Manuel Gil Antón, Angel Díaz Barriga, Carlos Ornelas, entre otros), como el hecho de que se utiliza la evaluación del docente como el mecanismo por excelencia que garantiza la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Si bien la evaluación es necesaria para conocer el estado que guarda el fenómeno, por sí misma no puede promover la mejoría de la calidad. Es necesario, diseñar mecanismos efectivos de apoyo a la formación docente, tanto inicial como continua, que favorezcan mejores desempeños. Es también preciso, considerar la diversidad de contextos en los que se ejerce la docencia para diseñar condiciones que sean más pertinentes y favorables para los aprendizajes. La idoneidad no será un resultado espontáneo de la evaluación, es preciso gestarla. Esto ha sido demostrado en diversas reformas educativas que han permitido que países avanzaran rápidamente en sus logros, como Singapur y Corea del Sur. En estos países, la docencia jugó un papel central y pusieron el empeño en: a) conseguir a las personas más aptas para ejercerla y b) desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes (Barber y Mourshed, 2008)[1]. Es decir, la formación docente y el diseño de las condiciones idóneas para su desempeño constituyeron la piedra angular,, mientras que la evaluación sólo fue un medio instrumental.
A diferencia de lo que ocurriría en un verdadero sistema democrático, nuestra reforma ha carecido de un factor clave: el diálogo. Como afirma la Dra. Baca, el diálogo es “una virtud cívica de carácter democrático desde una doble perspectiva: por un lado, porque evita el recurso de la coerción y la violencia y, por otro, porque abre la posibilidad de cambiar libremente de opinión sin que exista represalia alguna. El imperativo del diálogo democrático, en consecuencia, es el de no usar la violencia en contra del disidente, es decir, en contra de quien profesa ideas distintas”[2]. La promulgación de la reforma se hizo mediante un pacto político entre los partidos más importantes, sin tomar en cuenta las voces de actores prioritarios como los propios maestros. Posteriormente, se llevaron a cabo foros nacionales para discutir el modelo educativo que México necesitaba, pero aún no se concretan sus frutos.
Lejos de promover el diálogo y la construcción colectiva de las condiciones que favorezcan la calidad educativa en una visión integral, el Gobierno Federal ha tomado la vía de la imposición. Es inaceptable la ofensiva contra los opositores a la reforma educativa. Las órdenes de aprehensión ejecutadas durante la madrugada del 29 de octubre contra cuatro maestros de la Sección 22 del SNTE-CNTE -Juan Carlos Orozco Matus, Efraín Picazo Pérez, Roberto Abel Jiménez García y Othón Nazariega Segura-, acusados de varios delitos federales como son: la toma violenta de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec, la toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, actos de vandalismo en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar y el robo de diez mil libros de texto gratuitos de propiedad de la SEP. Los docentes actualmente se encuentran encarcelados en un penal de máxima seguridad, violando su derecho a un debido proceso.
A pesar de las justificaciones legales, las señales que envía el gobierno con esta estrategia son pavorosas: usar la fuerza para silenciar a sus opositores y mandar un mensaje contundente: nada que discutir, nada que dialogar, el que se atreva a cuestionar al Estado pagará con 40 años de cárcel, como en el caso de los primeros dirigentes magisteriales encarcelados.
Urge abrir canales de negociación y solución de diferendos entre el gobierno y el magisterio disidente que den paso a la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza; el círculo de violencia desatado por la imposición de la reforma educativa ha llevado a la radicalización de las partes, dejando en el centro del conflicto a la ciudadanía y, especialmente, a los estudiantes a quienes se supone tendría que ir dirigida una reforma pertinente, negociada, construida desde su origen por todos los actores involucrados en la educación.
Ante este panorama manifestamos nuestra indignación y categórico rechazo al embate contra los maestros, pilares fundamentales del sistema educativo. Expresamos nuestro rotundo rechazo a la persecución que ha desatado el gobierno federal contra los maestros que se oponen a la reforma educativa. Exigimos frenar las órdenes de aprehensión contra los maestros y que se garantice el debido proceso para los docentes encarcelados. Hacemos un llamado urgente para generar condiciones básicas de respeto y reconocimiento entre las autoridades y el magisterio disidente, donde se abandonen las posiciones irreductibles de ambas partes y se establezca un diálogo real con miras a la búsqueda de soluciones compartidas a este conflicto.
Finalmente, proponemos la construcción de una nueva reforma educativa que no abarque únicamente aspectos laborales, sino que con base en el reconocimiento y respeto a la relación de enseñanza y aprendizaje y a la labor docente, genere un modelo educativo diversificado y flexible, haga propio el enfoque intercultural e introduzca cambios profundos en el currículum, las metodologías de enseñanza, aprendizaje, evaluación, formación docente y diseño de materiales educativos. Una verdadera reforma debe garantizar los recursos humanos, materiales y financieros para desarrollar modelos educativos pertinentes y relevantes basados en el principio de la justicia educativa.
[1] Barber y Mourshed (2008). Cómo hicieron los mejores sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos. Documento N° 41 PREAL. Disponible en http://www.oei.es/pdfs/documento_preal41.pdf
[2] Baca, Laura (1996). Diálogo y democracia. Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 13. México: IFE
