El panorama para la educación mexicana en los años por venir resulta especialmente incierto. Dentro del caudal de iniciativas anunciadas por el nuevo gobierno, destacan por su fuerza reiterativa dos propuestas principales en la materia: cancelar la reforma educativa impulsada por la administración Peña Nieto y abrir las compuertas del acceso a la educación superior. El alcance y sentido de estas propuestas sigue siendo, sin embargo, muy difuso y no ayuda a saber qué tanto la política educativa en su conjunto se centrará en fortalecer la educación nacional o en otros objetivos.
El Presidente electo ha repetido una y otra vez que su gobierno “cancelará la reforma educativa”, pero el significado concreto de ello es muy poco claro. ¿Se cancelarán todos los componentes de la reforma educativa (evaluación de docentes y evaluación revisada de alumnos, centralización de la nómina, autonomía escolar y curricular, nuevos programas de estudio con su énfasis en aprendizajes fundamentales, entre otros)? ¿Se revisará tan sólo la parte “punitiva” de la evaluación docente (es decir, la de desempeño), pero se mantendrán las de ingreso y promoción? ¿Se volverá a descentralizar el manejo de la nómina? ¿Se echarán para atrás los nuevos programas y enfoques pedagógicos y se diseñarán unos nuevos?
No ayuda a aclarar el que el próximo titular de la Secretaría de Educación haya declarado que el nuevo gobierno solamente va a “revisar” y “reformar” la reforma. Tampoco clarifica el que se haya anunciado formalmente que Gilberto Guevara Niebla, gran conocedor del sistema educativo, pero también uno de los mayores defensores de la reforma educativa iniciada en el 2012-13, haya sido incorporado como asesor durante la transición y posiblemente como nuevo subsecretario en la SEP.
Por lo que hace al segundo tema, es decir a la muy entendible intención general del nuevo gobierno de abrir las puertas de la educación escolarizada para combatir la exclusión y la desigualdad social en el corto plazo y, en particular, de ampliar de manera decidida el acceso a la educación superior, contamos también con más preguntas que respuestas. Al respecto, AMLO ha propuesto en distintos momentos diversos tipos de acciones. Entre otras, ofrecerles becas a todos aquellos jóvenes interesados en cursar estudios universitarios; ampliar los espacios disponibles en las instituciones de educación superior; eliminar los exámenes de admisión a la universidad, y crear 100 nuevas universidades.
Hasta ahora, desconocemos cómo se relacionarán estas acciones unas con otras, cómo habrán de financiarse, cuál será su cronograma de ejecución, y si acaso se tienen contempladas algunas medidas para que un crecimiento acelerado de la matrícula en la educación superior no derive en una caída general de la calidad de nuestras universidades (como ocurrió en los 70). De nuevo: interrogantes y más interrogantes.
Con todo, la pregunta de fondo que sugieren la falta de claridad sobre los dos asuntos que aparecen como las dos apuestas principales del nuevo gobierno en relación a la educación, así como la falta de conexión evidente entre distintos anuncios en ese ámbito (entre ellos, el de la concordancia entre temas y personas que habrán de ocuparse de ellos, la idea de compactar la SEP, y las menciones aisladas a la atención a infancia temprana, artes, y otros) es qué tanta importancia se le asignará a lo educativo como tal durante los próximos años.
¿Irá a tener alguna prioridad mejorar los resultados educativos y los procesos enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas el próximo sexenio o, más bien, la política educativa se subordinará, como tantas veces antes, a la consecución de otros propósitos? Atisbo indicios de que habrá de orientarse a objetivos sin duda centrales y urgentes, pero distintos a los propiamente educativos. Por ejemplo, a atender la espiral de violencia e inseguridad, así como la gobernabilidad fracturada en amplias franjas del país. Lo primero haciendo de la permanencia y el acceso a las aulas de la educación media superior y la superior la vía de inclusión social más inmediata para reducir la exposición de los jóvenes excluidos a la violencia galopante y su involucramiento en actividades criminales. Lo segundo, restableciendo los viejos controles cupulares y centralizados para el conjunto del magisterio organizado (al estilo Gordillo Morales) como medio para liberar recursos destinados a administrar los conflictos en ese gremio y permitirle al gobierno concentrar su atención en recuperar la gobernabilidad para poblaciones y territorios actualmente fuera del control efectivo del Estado mexicano.
Puede que no haya de otra estando las cosas tan terriblemente descompuestas. Aún en ese caso, sin embargo, resultaría en extremo costoso para todos e injusto para los millones de estudiantes mexicanos no ocuparse con seriedad de que nuestras escuelas los convoquen y motiven porque son capaces de ofrecerles oportunidades efectivas para aprender, desarrollarse y crecer. No hay soluciones únicas para ello, pero si no le prestamos atención suficiente a cómo lograrlo, no habrá avance posible.
