La contienda por el destino de la educación nacional cerró el 2015 a tambor batiente. Parece que el panorama para este año que comienza no será más tranquilo. Los adversarios visibles: la Secretaría de Educación Pública y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sepultaron las hachas unos cuantos días, pero pronto volverán a las andadas. La acción del actor sigiloso, sin embargo, es lo que me preocupa.
Todo parece indicar que el gobierno no bajará la guardia. El presidente Peña Nieto ya endosó la estrategia belicosa del secretario Aurelio Nuño contra la CNTE. El Presidente retomó la consigna de recuperar la rectoría de la educación. Las diversas corrientes de la coordinadora también se preparan para seguir con sus tácticas de resistencia-agresión, en especial en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Parece que al gobierno no le preocupa el costo de movilizar a miles de policías para salvaguardar las sedes de aplicación de los exámenes y pleitear con disidentes, pero sí es cauto —hasta el exceso, dicen algunos— para aplicar sanciones. No obstante, hay unos docentes cesados y otros en la cárcel acusados de delitos graves; la Procuraduría General de la República fijó responsabilidades penales a normalistas de Michoacán. Estos hechos enojan a los defensores de la CNTE.
Sin embargo, la mayor parte de los agravios contra las autoridades y la ciudadanía que realizaron los disidentes siguen y permanecerán impunes. Ahora sí —pienso— que no es por falta de voluntad política, sino debido a la incapacidad física de sancionar a todos los infractores de la ley. Esto molesta a segmentos conservadores que quisieran ver a la CNTE aniquilada y que la reforma educativa marchara sobre rieles.
Tal vez —subrayo el tal vez— el gobierno sí persiga mejorar la educación, pero su fin inmediato es garantizar la gobernación del sistema educativo. Es una lucha política. Esta pugna no representa una dialéctica binaria, es una lucha de contrarios, sí, pero son más de dos actores en escena. Hay organizaciones civiles que irrumpen en el escenario político y tratan de mover la balanza en favor del gobierno, por lo pronto.
Hay un actor preponderante que por elección o táctica escogió representar un bajo perfil, pero a fe mía que tiene un guión distinto al de los dos contendientes conspicuos: la corriente mayoritaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Sus dirigentes aparecen poco en la prensa y los medios, mas hacen política con los gobiernos estatales de manera discreta: colocan a sus piezas con cuidado en posiciones de control en las dependencias de educación de los estados y siguen controlando la operación del sistema por la vía de los supervisores y la baja burocracia del sector educativo en todo el país.
Ahora bajan la cabeza, aceptan que su autonomía política se ajuste a los intereses institucionales del Estado y se prestan a ser los vehículos para que las consignas del gobierno lleguen a —aunque no atraquen en— las escuelas y dan el visto bueno a la evaluación, aunque quizá les repugne. Sus fieles dan la bienvenida al secretario Nuño en sus visitas escolares de los lunes, apoyan la reforma y reclaman lo mismo: más recursos, mejor infraestructura, capacitación a los docentes. Ya se aprendieron el guión.
Los líderes de esa corriente, con Juan Díaz de la Torre a la cabeza, hacen gimnasia en humildad, aceptan por comodidad las propuestas del gobierno central, se avienen a que les hayan quitado el control de plazas y ciertas prebendas, pero no han perdido todos sus privilegios. Siguen siendo gobierno. Y esperan —pienso— a que el sexenio de Peña Nieto comience su etapa final para desenterrar sus hachas; acaso ya sin el estorbo de la molesta CNTE.
Apuesto a que en cuanto empiece el calendario electoral formal y haya candidatos a la presidencia definidos, darán sus gritos de guerra: “al diablo con la reforma”. No con esas palabras, por supuesto, pero ese será el mensaje.
RETAZOS
Hay otros asuntos en la agenda que habrá que ponerles atención este año: las propuestas de mudanza curricular de la educación básica y normal; vigilar que haya transparencia en la aplicación de los certificados de infraestructura educativa nacional (los bonos educativos); pujar por la transparencia en la administración del Fone y otros aspectos que no son tan llamativos como las broncas entre maestros y policías, pero son el hacer fundamental y cotidiano de la institución educativa.
