No alcanzan los adjetivos. Estamos en México inventando nuevos, para describir despectivamente fenómenos de corrupción, o al menos para socializar nuestro disgusto. El huachicol, término que se empleaba originalmente para nombrar la práctica de adulterar los alcoholes, rebajándolos para aumentar la ganancia a costa del consumidor, acabó como etiqueta para designar al robo de combustible.
Después, el secretario de Educación Pública lo usó para referirse a los funcionarios de la anterior administración federal y algunos de los estados, especialmente los de Michoacán, quienes coaccionados por –o en acuerdo con– los líderes sindicales, cedieron al reconocimiento ilegal y sin fundamento de nombramientos y asignaciones de plazas en el servicio docente. Ha criticado acremente en varias ocasiones la práctica, sin apuntar a la corrupta y abusiva parte sindical, pero con evidente desprecio por la irregularidad.
Sin figuras retóricas, desde Mexicanos Primero iniciamos un litigio en contra de la Secretaría de Gobernación federal y el estado de Oaxaca, por acuerdos ilegales en los cuales la autoridad validaba plazas para maestros sin que se cumplieran los procesos y requisitos de la ley vigente. A la cabeza del acuerdo y con firma autógrafa, estuvo el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda. Los vencimos en tribunales: la Justicia de la Unión nos concedió la razón y mandó dejar insubsistentes los acuerdos, y verificar que se suspendiera todo efecto. No fue error técnico: fue abuso de poder y violación de los derechos de niñas y niños, y eso estableció el Poder Judicial de la Federación, así como que se revocaran.
En el repudio público, el asunto les salió barato. En una democracia más informada y funcional sería el fin de la carrera y del poco prestigio que aún les quedara a los involucrados. La sentencia judicial quedó firme. La secretaria de Gobernación actual, exministra de la Suprema Corte, reconoció que esa mala práctica del pasado era ilegal e inexcusable, y que a su Secretaría le correspondía cumplir. La autoridad de Oaxaca, a cargo del gobernador Murat, ha sido omisa y reacia al apremio judicial. El subsecretario Zoé Robledo arriesgó su inhabilitación y en el último momento, antes de dejar el cargo para irse a dirigir el IMSS, hizo un primer acto administrativo de cancelación de los acuerdos. Lenta, pero avanzaba la justicia.
Con la flamante reforma de este 2019, la Constitución manda que los nombramientos de docentes se hagan bajo la rectoría de la Federación, en procesos “… públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos”. Así, el interés superior de la niñez es la condición clave, pues el criterio explícito es que los aspirantes cumplan con un perfil que garantice el ejercicio del derecho de niñas y niños. El secretario Moctezuma afirmó que se acabaría el “huachicoleo educativo” y fustigó la incongruencia del pasado.
Sin embargo, este 8 de octubre de 2019, el subsecretario de Gobierno en funciones, Ricardo Peralta –también como su predecesor Miranda, con firma autógrafa– dejó asentado en un documento que se titula “Acuerdo con la Normal Rural de Tenería” el punto 5: “Otorgamiento por parte del Servicio Profesional Docente de 84 plazas a los egresados de la Normal Rural de Tenería, generación 2015-2019”. Proceso público sí, y hasta en papel membretado de Segob, pero nada más. Este proceso es contrario frontalmente a lo que marca la Constitución, pues es opaco, inequitativo, parcial; se hace como negociación y ante la retención contra su voluntad de personas no relacionados con el motivo de la protesta; ya no se diga que fuese un proceso de considerar conocimientos, aptitudes ni experiencia, y ni por asomo el derecho de los niños.
No le bastó violar la ley en forma clamorosa y dar lo que no está en sus competencias ni atribuciones. Ya encarrerado en eso de suplantar a la SEP, también afirmó en entrevista que su actuación responde a una “pedagogía de sensibilidad social”. Los normalistas que retuvieron ilegalmente a personas ciertamente aprendieron algo: que así se puede obtener plazas. Que no importa que la ley cambie, o que exista una secretaría del ramo: si se genera suficiente desarticulación con terceros no involucrados, a quien se atrae es a Gobernación, y se obtienen plazas.
Huachicoleros. O para el caso, placeros. No los que las buscan, sino quienes “otorgan” plazas como si tuviesen potestad. Desfondan los votos de cambio y las aclaraciones del titular de SEP, sobre la rectoría no entregada. Resulta que Gobernación decide sobre el Servicio Profesional Docente (que ni siquiera ha actualizado su nombre). Y no parece que sea una desavenencia crítica entre dos secretarios, la de Gobernación y el de Educación, sino los poderes extralegales y ampliados de un funcionario de menor nivel.
No se puede dejar pasar. No se puede normalizar. No podemos alzarnos de hombros y dispararle al subsecretario Peralta sus peculiares concepciones educativas. Nos honramos -como organización civil de estudio y defensoría del derecho a aprender- de basarnos en evidencia para nuestro discurso y actuación pública. No sabemos si ya se concretaron o cómo se harían esos nombramientos anticonstitucionales y violatorios de los derechos de la infancia y contrarios a la equidad para los egresados de la Normal de Toluca, si esos nombramiento van a estar borrados del “Sistema Abierto y Transparente”, el llamado SATAP, sobre el cual el Secretario Moctezuma tiene tanta esperanza, o si el funcionario de Gobernación engañó a los jóvenes que secuestraron los autobuses, como parte de su “pedagogía”. El caso es que traficar con plazas, acabar en placero, es algo que burla la responsabilidad confiada, quita autoridad y deja una pésima enseñanza: los adultos se arreglan entre sí, a costa de los niños. Ahora, pídannos que les creamos.
