Juan Carlos Miranda Arroyo

A la memoria de Olac Fuentes Molinar.

Ser docente, es decir, maestra o maestro en cualquier nivel educativo, es mucho más que “dar clase”, porque esta vocación no consiste en hacer el papel de un “proveedor” ni al estudiante le corresponde el papel de “recibir”, porque no es ningún “cliente”. No, lo significativo de esta relación educativa va más allá de esa simplificación.

Ser docente es generar actos humanos para compartir saberes, intercambiar conocimientos, sugerir experiencias, abrir mentalidades, fomentar inquietudes, despertar retos, inspirar curiosidades, generar información y reconocer incertidumbres. Provocar desafíos, formular preguntas, aventurar hipótesis, animar innovaciones, realizar observaciones oportunas, así como lanzar críticas, con datos y argumentos. En resumen, es ejercer el pensamiento crítico y promover nuevas lecturas de la realidad.

Esta importante vocación social de ser maestra o maestro, es algo más que una profesión: es una actitud ante la vida; es ser humilde y predicar con el ejemplo. Es resaltar y ejercer el compañerismo, la fraternidad. Es construir democracia en ese pedacito de patria que es el aula, la escuela, el plantel. Ser docente es compromiso, encauzamiento, razón y sensación. Es imaginar, planificar y poner en acción; caminar a un lado de las y los estudiantes, estar atentos a sus intereses y deseos de formación. Usar camisas o blusas arremangadas, ponerse el overol o la bata. Es formar la personalidad; constituir y reconstruir al ser humano. Por eso digo que lo educativo va más allá de “asegurar” o “eficientizar” los “simples” aprendizajes.

Como trabajadoras y trabajadores de la educación, la maestra y el maestro están llamados a estudiar, comprender e intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizajes escolares, a planificar y organizar los procesos formativos, a revisar y seleccionar los ambientes y materiales didácticos adecuados para potencializar los aprendizajes; a dialogar, proponer y realizar procesos de evaluación formativos, en fin, a escuchar y comprender las necesidades y demandas de sus estudiantes. Todo ello es ser docente, sin embargo, hay que generar condiciones institucionales favorables para que esto se pueda llevar a cabo.

Se repite la historia

En México, la llamada “revaloración” o “revalorización” de la docencia o del magisterio, especialmente para maestras y maestros de educación básica y media superior, es y será incompleta si a los magros incrementos salariales no se les acompaña con un programa serio, robusto, consensuado y de largo plazo para “profesionalizar” la carrera de las y los maestros. Y ello nada tiene que ver con los programas de “promoción horizontal”, porque no es un asunto de incentivos económicos ni de zanahorias simbólicas.

Sobre eso escribí durante el año 2023 y es una historia que se repite: aparte de procurar un salario profesional digno para las/los docentes, puesto que el ritmo de crecimiento del salario magisterial ha estado por abajo del índice inflacionario, (durante la última década los aumentos salariales anuales hacia las/los maestros se registraron en un promedio de 3%); las y los profesores demandan programas de formación continua profesionales, de mediano y largo plazo, con sentido de pertinencia, actualidad y oportunidad con respecto a planes y programas de estudio.

Así mismo, piden seguridad en el empleo y esquemas más claros e institucionalizados de defensa de sus derechos, ante los cuales las élites sindicales hacen escasa defensa. Un escenario frecuente en nuestras escuelas públicas es aquel en que el o la docente, y el o la directora son acusados por parte de las familias de sus estudiantes o por otros agentes sociales, debido a situaciones diversas o de conflictos que lesionan los derechos humanos de sus estudiantes. En la mayoría de los casos, no hay quien salga en defensa del magisterio. Tanto las autoridades educativas como las dirigencias sindicales se lavan las manos.

Por otra parte, existe la exigencia de combatir o erradicar la sobre explotación y la burocratización del trabajo docente y de los procesos de promoción, tanto vertical como horizontal, mientras éstos estén vigentes. Nuevamente aquí, las representaciones sindicales brillan por su ausencia.

Aunque la mayor cantidad de docentes en el país, es decir, la que trabaja en la educación básica y media superior expresa este tipo de demandas laborales, también hay demandas sentidas de las y los docentes de la educación superior.

Es hora en que la mayor parte de los docentes de las instituciones de educación superior pública laboran dentro del esquema de contratos cortos (de 3 o 4 meses) para atender a uno o dos grupos durante 10 horas o menos a la semana. Y donde los concursos de oposición para ocupar plazas de medio tiempo o de tiempo completo no se publican o aparecen a cuenta gotas.

Para el caso de las y los docentes de educación básica y media superior, un escenario de futuro consiste en desaparecer el esquema de distribución de incentivos económicos dirigidos a la cima de la meritocracia, debido a su inoperancia y su sinsentido social y laboral. En su momento, a éste se le llamó “programa de carrera magisterial” (desde 1992), luego “servicio profesional docente” (2013) y hoy es el “sistema de carrera para maestras y maestros” (2019) que constituyen verdaderos diques de contención salarial.

Cito mi texto del año pasado: en vez de que los aumentos salariales se dirijan hacia toda la base magisterial, los aumentos reales se canalizan a través de esta política pública neoliberal, selectiva y excluyente, que consiste en colocar una “bolsita financiera” para aquellas y aquellos que demuestren ser “acreedores de los incentivos económicos”. “Ahí les va este dinerito que sólo alcanza para repartir en la cima de la meritocracia”, parecen decir, entre líneas, las autoridades educativas federal y estatales.

¿Cuánto le cuenta a la nación la Unidad del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros (USICAMM)? Verdadera piedra en el zapato de la administración actual de la SEP¿Cuánto le cuesta a la nación el personal de gobierno, federal y en las entidades, que se dedica a procesar burocráticamente los filtros salariales enmascarados en la forma de “carrera” meritocrática magisterial? ¿Acaso no se podría eliminar ese tipo instituciones onerosas a efecto de replantear la política salarial y la formación profesional del magisterio? ¿Cuándo se observarán o aplicarán programas de profesionalización con salarios dignos? O, al menos, que sus aumentos estén por encima de la tasa inflacionaria anual.

Ahí tenemos, frente a todas y todos, una lista significativa de necesidades magisteriales que los o las gobernantes del próximo relevo político nacional habrán de considerar en la agenda educativa de la administración federal 2024-2030. Espero que quien quede al frente del gobierno identifique y defina a estos asuntos como prioritarios.

Y confío que, en el futuro, de cumplirse o de atenderse esas sentidas demandas laborales, tengamos más motivos para abrazar con alegría, como siempre, a las maestras y a los maestros en su día.

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