Nadie es ajeno al atractivo entrañable, feroz y abigarrado de Oaxaca. Minimizar sus peculiaridades o desestimar la legítima extrañeza ante su desbordante diversidad con el resto del país y al interior de sus regiones, sería una gran injusticia y una muestra de superficialidad ofensiva. Por el otro lado, hay quien ya hizo una industria –una próspera, con muchos millones de ganancias– de vender esta extrañeza. Son los que dicen: “aquí no funcionan los programas federales”, “acá la ley es relativa”, “el estado es ingobernable”, “sólo nosotros sabemos cómo (porque conocemos con quién)”.
No soy neutro, porque, como expliqué en un texto del libro de texto gratuito de formación cívica y ética de sexto grado, y luego refrendé en la entrevista que me hicieron para el libro del 40 aniversario del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), aprendí a valorar el tequio –la faena o labor comunitaria- como forma avanzada de la solidaridad estando allá, en tierras oaxaqueñas, una experiencia que cambió mi vida. Me acabó de educar una comunidad de personas Ayuukjä’äy (me voy a poner Andrés Manuel: “mal llamada mixe”), y les debo mi aspiración a la honestidad, a la puntualidad y a una férrea perseverancia ante la adversidad, de las que tanto me hablaron y de las que aún más me dieron ejemplo cotidiano, lejos de lo que había hasta entonces visto en mi entorno de adolescente capitalino. Como es de todos los mexicanos –aunque la mayoría no lo ha reflexionado–, Oaxaca también es mía; más importante, el destino de sus niños me convoca.
El gobierno de Oaxaca acaba de anunciar que Ángel Villarreal llega a la Dirección General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Por supuesto, el cambio puede leerse de muy diversas maneras. A todos queda claro el reconocimiento que debe hacerse a Germán Cervantes, funcionario con amplia experiencia en el sistema escolar de la Ciudad de México, a quien correspondió dar realidad a una primera etapa del IEEPO ya no controlado por la Sección 22, adherida la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Con su conducción se concursaron 1,600 plazas de jornada completa y más de 2,700 de hora, semana, mes para normalistas recién egresado que obtuvieron su ingreso al servicio no por cuotas o cuates, sino por evaluación; su nombramiento, por primera vez en Oaxaca, no dependió de la arbitrariedad, opacidad y desdén por los jóvenes, típico de la cúpula gremial estatal. Con prácticamente toda la nómina magisterial financiada por la Federación, fue apenas en este periodo que se ha sabido –todavía con fluctuaciones– cuántas plazas se pagan (todavía no cuántos maestros hay, porque aún se revisa si los pagos se justifican con nombramientos legítimos y asignaciones verificables) y los salarios y prestaciones de un nutrido y crucial grupo de servidores públicos –los maestros–, que había sido por décadas como el negocio pirata de autobuses que mantiene la 22: nadie se acuerda quién otorgó la concesión, la voracidad de los beneficiados ilegalmente se hizo incontrolable, ya ninguna autoridad mostraba suficiente valor para exigir el cumplimiento que sí aplica a los demás. En esta etapa se logró también que la evaluación de desempeño fuera una realidad para más de 4,700 maestros.
Así que Ángel deberá rendir aún mejores cuentas. El gobernador Murat ya no tiene mucho margen político como para que el movimiento signifique, en tiempos tan críticos, una involución, un retroceso, una claudicación en la transformación educativa de Oaxaca. No puede él y su partido imaginar que queda inmune el último sobre su voluntad de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes en materia educativa, y por supuesto la credibilidad de su candidato a la presidencia. Si algo debe significar el cambio es que el gobierno de Oaxaca puede hacerse cargo con propia dignidad de lo que es el derecho de los niños, sin tener que refugiarse detrás de la Federación y sus estructuras.
Murat y Villarreal tienen que demostrar que el gobierno de Oaxaca tiene el suficiente prestigio y solidez para recuperar la sede física del IEEPO y se pueda trabajar con los recursos públicos que a eso se destinaron, no al campamento privado de la 22. Que el gobernador reconozca y corrija, antes de que los tribunales federales lo obliguen a ello, lo desaseado del Jurídico y de la Oficialía Mayor que sabotearon constantemente al Director del Instituto.
Oaxaca, en las próximas semanas, será el “medidor de la congruencia”: si el PRI, su (pre)candidato y su jefe de campaña no quieren que su discurso educativo sea hueco y desfondado; si Morena quiere que su promesa de cambio y honestidad no se traduzca en el cortejo de una cúpula, la de la Sección 22, que se ha significado por su poder privatizador y corruptor sobre los recursos educativos y las estructuras políticas del estado de Oaxaca, entonces lo que se diga y haga necesita centrarse en el cumplimiento de la ley sin pretextos, y que la diversidad de su gente no sea afrentada al plantearse como una excepcionalidad vergonzosa. Oaxaca merece más y las familias ya no pueden esperar que otra generación de niños caigan bajo la rueda de los arreglos sucios entre los adultos.
