Los nuevos conductores de la Secretaría de Educación Pública afirman que viene una reforma de gran calado, aunque parece que nada más está dirigida a complacer demandas de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; sin embargo, otros actores se hacen escuchar en la plaza pública y apuntan a rebelarse contra las consignas de la Cuarta Transformación.
Unos inquieren incorporar políticas para fortalecer el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes; temas ausentes en la propuesta del presidente López Obrador de enmiendas a la Constitución; otros, porque desean avanzar por el camino que marcó la Reforma Educativa de 2013; y los más rebeldes, porque anhelan regresar por conquistas heridas, aunque no muertas del todo.
La respuesta de la SEP, en particular en las piezas del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, tiene dos vertientes. La primera, que la reforma que viene estará a la altura de las circunstancias porque será consensuada —incluyendo la evaluación— con docentes y sindicatos. La segunda, remachando que la reforma del gobierno de Peña Nieto no atacó los problemas del sistema educativo mexicano. Insiste en que fue propaganda, sin efecto en las escuelas.
La organización de la sociedad civil Mexicanos Primero, vía opiniones en la prensa y los medios, y a partir de la semana que concluye con una campaña, intenta persuadir al Congreso (quizá ya no trata de convencer a las autoridades) de que modifiquen la iniciativa del Presidente y añadan en la Constitución los derechos al aprendizaje de los alumnos y a la educación inicial. También abarcar en la definición de inclusión a los menores que sufren de alguna discapacidad y mantener la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El punto candente: garantizar los derechos profesionales de los maestros abarcando reglas claras para el ingreso, la promoción y su actualización permanente.
La Junta de Gobierno del INEE inició una especie de cruzada mediática, En Educación, #AciegasNo, #AutonomíaSí, con el propósito de informar a la sociedad sobre la importancia que tiene para México y para el sistema educativo nacional contar con un organismo autónomo e independiente que vigile y exprese con transparencia acerca del estado de la calidad de la educación obligatoria.
De Oaxaca y Michoacán llegan noticias de que docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están inconformes con la iniciativa del presidente López Obrador, quieren la abrogación completa de la reforma del gobierno anterior, la desaparición del INEE, del Servicio Profesional Docente, del Sistema de Información y Gestión Educativa y descentralizar de nuevo el pago de la nómina. Ya preparan su camino para la resistencia. Con sus métodos de presión, por supuesto. Además, cuentan con 40 diputados y varios senadores.
Añádase la presión que viene —aunque en términos tranquilos——del grupo mayoritario del SNTE que también se moviliza para construir un pliego petitorio. No descarto que en las negociaciones privadas se rebase la cuestión salarial y trate de recuperar controles administrativos que el gobierno anterior le quitó.
La SEP ofrece negociar con el magisterio (léase facciones del SNTE) los mecanismos de evaluación y promoción. La narrativa se centra en la crítica a la reforma y al modelo; el secretario centra su oratoria en elogios a los maestros (que los buenos se los merecen), pero dice poco sobre las piezas institucionales que sostendrá la nueva reforma.
Me pregunto si la SEP contempla una política de contingencia si el Congreso no aprueba la iniciativa del Presidente. ¿Qué hará con el INEE, el SPD, los libros de texto y el modelo educativo? Vienen tiempos convulsos, sospecho.
