Abelardo Carro Nava
No sé si usted, mi apreciable lector, se habrá preguntado el porqué del establecimiento de una evaluación para ingresar al magisterio, o bien, del porqué se implementó una evaluación para asegurar, con ello, la promoción o, como le llaman ahora, para el reconocimiento de la función docente dentro del Sistema Educativo Mexicano (SEM). Sí, con seguridad, podremos remitirnos a la serie de políticas educativas (neoliberales) que, ciertos organismos internacionales, han fijado con el propósito de atender algo que han llamado “calidad educativa” en distintos países, pero también, a la serie de “tropelías” que, desde hace mucho (y aún continúan dándose) se cometían al interior de ese SEM; me refiero, a la injerencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a esos “acuerdos” que le significaban un 50% (para este organismo sindical) y otro 50% para la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la asignación de las plazas.
En este mismo sentido no está por demás mencionar, lo que ciertas organizaciones “pro educación” como la de… ¿Mexicanos Primeros?, de un tiempo para acá, ha venido empujando con la finalidad de que ingresen al SEM: los “mejores” maestros. Caray, no hay que olvidar, el agravió del que fueron objeto los maestros y maestras por esta “organización”, con el dizque propósito de denunciar lo que sucedía en México, específicamente, en el escenario educativo. Y bueno, de la reforma de Peña Nieto mejor ni hablamos: la denostación, humillación y el ataque directo contra el magisterio mexicano, fue una constate; la peor de todos los tiempos.
Y sí, efectivamente, a partir de varias circunstancias es que, en el SEM, de un tiempo para acá, se viene hablando en demasía de la evaluación educativa; generando, como parece obvio, una excesiva polémica la evaluación para el ingreso, promoción y, repito, ahora, el reconocimiento de la función docente.
¿Por qué sucede esto?, ¿cuál es el centro del debate?, ¿de qué manera podemos comprender este fenómeno? Son algunas de las interrogantes que, desde hace mucho tiempo me he planteado, y mire usted, pareciera que sus respuestas son demasiado obvias y fácil de obtener; sin embargo, cuando nos adentramos al “meollo” del asunto, varias cosas se desprenden que, para acabar pronto, parecen no tener fin dado el intricado SEM que tenemos.
¿No bastaría con el que las escuelas normales formaran a maestros y maestras para eliminar la evaluación para el ingreso al magisterio?, ¿por qué denostar la formación académica o profesional que se brinda en estas instituciones formadoras de docentes?, ¿quién estableció los parámetros que diferencian a un “buen” maestro de un “mal” maestro (idóneo o no idóneo, para acabar pronto)? Tal parece que, en este mundo globalizado, las “credenciales” cuentan y cuentan mucho; de hecho, muchos de los debates se han centrado precisamente, sobre lo que a “x” o “y” (profesor o profesora) le debe caracterizar para asumir una responsabilidad frente a un grupo escolar (por ejemplo). Sí, tal parece que la aplicación de un examen (de conocimientos o más bien, de manejo de situaciones) es lo que determina que “x” o “y” sean los mejores de los mejores maestros. Como si la docencia significara ser mejor o peor en términos concretos. En fin.
Sobre este último rubro he escrito bastante; de hecho, reconocidos investigadores nos han brindado los resultados de sus respectivos trabajos pero, mire lo que son las cosas, ese SEM, la educación que se brinda en un país como el nuestro, y los millones y millones de niños y jóvenes que acuden cotidianamente a sus escuelas para aprender algo nuevo, siguen padeciendo los estragos de la pésima toma de decisiones que, repito, de un tiempo para acá, se vienen dando en México.
Al respecto, no puedo dejar de reconocer que las investigaciones son extremadamente importantes; tampoco, el que se tengan que establecer mecanismos para que haya maestros y maestras (tanto de nuevo ingreso como los que ya se encuentran en servicio) que brinden un mejor servicio educativo. No obstante, permítanme afirmar que, lo que se ha implementado en esta materia en nuestro SEM, han sido meros paliativos que, escasamente, han atendido el problema real que priva en un país tan vapuleado como el nuestro.
¿Revisó usted los lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo 2º. Transitorio de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el DOF el 15 de mayo de 2019? Si así lo hizo, ¿qué encontró de diferente con las normas que se derivaron de lo reformado en 2013? Sí, tal vez uno de los cambios más notorios, fue el de la evaluación de PERMANENCIA, pero también, el que denominaron: DE ADMISIÓN al Sistema Educativo.
Ahora bien, si de diferencias estamos hablando: ¿se dio usted cuenta de los requisitos que les fueron solicitados a los aspirantes para que, a través del cumplimiento de éstos, cubrieran ese proceso de ADMISIÓN al que he hecho referencia? Se trató pues de: a) acreditar estudios mínimos de licenciatura, a través de título, cédula profesional o acta de examen profesional…; b) Contar con los conocimientos necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos, cubriendo los requisitos establecidos por la CNSPD para la materia o campo curricular de que se trate, según los perfiles establecidos en el Anexo 7…; c) Concluir satisfactoriamente los módulos del “Curso integral de consolidación de habilidades docentes”, así como obtener la acreditación del curso; d) Presentar un breve ensayo sobre la mejora continua de la educación o una propuesta de planeación didáctica de clase, en un contexto específico…; e) Presentar la documentación que acredite: su promedio general de carrera; los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial que haya tomado; los programas de movilidad académica, nacional e internacional, en los que haya participado; experiencia docente, si se tiene, en educación básica.
Sobre esta serie de requisitos, varias ideas y cuestionamientos se me vinieron a la mente; se los comparto:
- La acreditación de una licenciatura puede hacer efectivo el planteamiento original (que he dicho en cuanto a la formación de los docentes) y que sienta las bases para revisar la formación profesional de los egresados de las instituciones formadoras de docentes.
- ¿De qué manera nos cercioramos de la adquisición y puesta en marcha de los conocimientos para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos?
- ¿Acreditar un curso a través de una plataforma (que presenta serios problemas más allá de la saturación que recurrentemente presenta por el acceso y empleo que hacen sus usuarios) asegura que un aspirante cuente con las habilidades necesarias para ejercer la docencia? Al respecto, ¿dónde queda la observación directa sobre el quehacer docente tan necesaria para que, a través de una codificación (categorización) se identifiquen aquellos elementos pedagógicos y didácticos que pueden llevar a una mejora sustancial del quehacer docente?
- ¿Un ensayo o una planeación de clase (y de nuevo entramos a la polémica entre planeación y planificación) determinan si un aspirante es apto para el ejercicio docente en contextos específicos? Pero, en este mismo orden de ideas, lo que llamó más mi atención fue, ¿quién o quiénes se encargarían de “valorar” esos productos y cuáles serán los referentes teóricos y conceptuales para ello?
- ¿Los documentos que el aspirante debería presentar como parte de esos requisitos, aseguran la generación de aprendizajes y el desarrollo integral de los educandos (que podría llegar a atender) cuando, si algo ha caracterizado a nuestro país, es la escasa existencia de oportunidades de desarrollo para la profesionalización para el ejercicio docente? Claro, quiero pensar, que el punto sobre la experiencia docente, estaba dirigido para favorecer a los estudiantes normalistas puesto que éstos, al realizar, como parte de su formación profesional, jornadas “intensivas” de prácticas docentes en las escuelas de educación básica, dichas prácticas, les otorgarían esa experiencia en el ámbito educativo, y es cierto. No obstante, hay muchas cosas que se deben revisar para el mejoramiento de esas prácticas al interior de las propias escuelas normales.
En suma, considero que de nueva cuenta estamos ante un mecanismo que, como lo señalé, es un mero paliativo que, efectivamente, en este caso, reajusta (no cambia) la forma en que se admite a un aspirante en el SEM. ¿Pan con lo mismo? Ya veremos qué resulta de ello porque, mientras no cambien o se atiendan las grandes problemáticas y corruptelas que se viven y han normalizado en muchos estados de la República Mexicana en cuanto al ingreso… perdón, admisión al magisterio. Los reajustes, se quedarán en eso: en meras iniciativas que en el papel pueden ser “buenas” pero que, en los hechos, se traducen en tener en la mesa un pan con el mismo ingrediente.
Con negritas:
Cientos se aspirantes que, de anteriores procesos resultaron “idóneos”, no han accedido a la plaza para la cual concursaron, entonces: ¿por qué seguir proponiendo “concursos” si, en los hechos, los lugares no se están otorgando? o, más bien, ¿a quién se les están otorgando esos lugares/plazas? Vaya mecanismo que asegura la idoneidad y la calidad educativa en México.
Referencias:
