Para mi colibrí, por la libertad de su vuelo
Miguel Ángel Rodríguez
Este texto, por la índole de los sucesos que narra, bien podría ser una carta dirigida, en primera instancia, a Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla y al secretario del trabajo Abelardo Cuellar Delgado, con copia a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y, hasta cabría, para la mismísima secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para que intervengan, con carácter de urgencia, en la deconstrucción de las estructuras neoliberales de saqueo y atropello a los derechos y prestaciones laborales del magisterio poblano a la hora de su muerte.
Las preguntas que me hago, con las que me interesa tejer, no son retóricas, son el resultado auténtico de mi perplejidad, por ello les interrogo, como autoridades de Morena, lo siguiente: ¿Es legal gravar con el impuesto sobre la renta (ISR) los derechos y prestaciones magisteriales, seguros de vida, gratificaciones y estímulos por defunción y renuncia –como ocurre en este momento en Puebla? ¿Por qué gravamos la exigua “herencia” del magisterio -que ni siquiera alcanza para nombre tan pomposo-, en un país que no grava las pornográficas herencias y donaciones de los empresarios y políticos mexicanos a su rentista descendencia?
Por oscuros designios de la Providencia hube de habérmelas con la burocracia de dos instituciones cruciales del gobierno estatal, son la clave del éxito político: la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Planeación y Finanzas. Ese circuito dinerario, como se sabe, inyectó, en el pasado reciente, cantidades millonarias de recursos ilegales al mercado electoral: es el cuerno de la abundancia.
Tengo la idea de que algo puede cambiar en este sexenio, pero es una percepción que tiende a desvanecerse, entre otras cosas, por el peso de los hechos que aquí relato.
Les hablo de la muerte de un ser amado que, a su vez, amó, con la fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, el disfrute sublime de ser profesora. Un 19 de octubre del 2018 Diotima Aguilera se marchó entre incienso, cantos, bailes y flores. Desde entonces busco la manera de hacer efectivo un derecho laboral del magisterio. Han pasado casi dos años de cansados, amargos, lentísimos trámites burocráticos, porque me tocó la mala suerte de experimentar, en medio del río, lo que significa un cambio de gobierno. Cuando algunas direcciones generales quedan acéfalas muchos meses. Para colmo, la malhadada pandemia que paralizó el funcionamiento de las oficinas públicas durante un largo lapso, donde aún debo tramitar, como ya narré en la primera parte, un juicio sucesorio mañosamente intestamentario.
Con el tiempo aprendí a ser paciente. Me inscribí en cursos de meditación zen, casi termino en budista, para sortear el hoyo negro de emociones y pensamientos, para sobrevivir al trance que significa navegar entre el Caribdis succionador y los sedientos colmillos de Escila, un viaje que pone a prueba el temple de la serenidad a cada paso, pues hablo de enfrentar la expresión burocrática más ¿neoliberal?, ¿patrimonial?, ¿patrimonioliberal? de México: las estructuras de dominio despótico de Rafael Moreno Valle.
Hablo de estructuras policiacas de poder, comandadas por funcionarios metrosexuales, ignorantes y soberbios, como la mayoría de los secretarios, subsecretarios y directores generales de la Secretaría de Educación Pública de la Puebla de ese tiempo aciago. Un estado de excepción en el que la distinción de clase social y origen étnico, como base, constituían los criterios del ascenso económico, político y laboral; así fue que, con esa burbuja megalómana, clasista y racista, las oficinas de las altos ejecutivos y ejecutivas de la SEP se convirtieron en una suerte de pasarela liliputense de la Quinta Avenida. Se veían a diario engalanar los sombríos pasillos de la SEP las más caras (las máscaras) prendas de ropa en el mundo. Dior, Prada Armani, Versace, Gucci, Louis Vuitton y un ostentoso etcétera: la distinción. Mientras, en el lado oscuro del cuadro, la depauperación económica y moral del profesorado poblano.
No es necesario ser profesor de economía de la Universidad de Harvard ni del MIT ni tampoco de la London School of Economics and Political Science para saber que el gremio magisterial fue una de las organizaciones laborales más agraviadas por las violentas políticas neoliberales, pero es necesario recordar, en cambio, que el epicentro del terremoto neoliberal mexicano, cualquier cosa que eso sea, se ubicó en Casa Puebla.
¿Cuánto le ineresaba la educación pública al clan morenovallista? ¿Qué sabían de educación los secretarios de educación de Rafael Moreno Valle?
La respuesta a la dos preguntas es la nada. Ni siquiera conocían bien el estado, el nombramiento se cifraba en un principio: fidelidad incondicional al finaciero proyecto político presidencial. Un proyecto que logró seducir a prestigiados investigadores cuantitativos de la educación, pues miraban en el modelo educativo de Puebla un milagro mexicano. Imagínense ustedes, era posible pensar que un estado con una población cada vez más pobre, porque los porcentajes de seres humanos en condiciones de pobreza crecieron mucho durante el morenovallismo y con la riqueza fecunda de siete culturas indígenas en su territorio, podía demostrar con evidencias científicas, un prodigioso aprovechamiento escolar de sus estudiantes. En ese desfundamentado viaje, por qué no, se podía sugerir al calce, que también Chiapas, Oaxaca y Michoacán, con altos porcentajes de población indígena, podrían ser parte del milagro del modelo educativo poblano. La verdad científica como prueba absoluta de que en la sociedad del rendimiento sí se puede todo.
No quiero desviarme más del asunto, así que vuelvo a El Proceso de la burocracia poblana.
Un año y dos meses después del deceso de mi amada, entre finales del 2019 y principios del 2020, pude reunir, con la asesoría amabilísima de Edith Candelario, una eficiente trabajadora administrativa de la SEP, los documentos necesarios para integrar el expediente y hacer efectivo el derecho a una “Gratificación por defunción”, un derecho laboral del magisterio poblano que, por ley, está exento de cualquier gravamen o impuesto.
En enero de 2020 me presenté en la Secretaría de Planeción y Finanzas con la licenciada Susy Salas y con Jesús Carmona (su asistente), ambos dependientes del contador Juan David Carrasco, quienes me informaron que para poder hacer efectiva la “Gratificación por defunción”, antes tenía que darme de alta, necesariamente, en el registro del padrón de proveedores. Les pregunté que por qué había de hacerlo, pues hasta donde mis entendederas alcanzaban, se trataba de un derecho, de una prestación exenta del pago de tributación.
De mil maneras intenté exponerles que era el legado de una profesora para sus hijas, que ellos sabían que ese trámite me convertiría automáticamente en causante sujeto al impuesto sobre la renta, que no me parecía ni justo ni legal. Que me defendería contra ese latrocinio, les dije que escribiría una queja contra quien resultara responsable de tal asalto en despoblado. Supongo que acostumbrados a la indignación de los deudos, imperturbables me miraron y, al unísono repitieron que había de dos sopas, la tomas o la dejas, me dijeron que era la única vía para avanzar en El Proceso.
Subí las escaleras arriba, baje las escaleras abajo, ¿aquí está…?, ¡acá no está…! Llené el formato que un jóven funcionario tramitó de manera eficiente, volví a bajar y subir tres veces las escaleras, y, al final de El proceso, pago de por medio, estaba convertido en un flamante e involuntario proveedor de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla. En ese divertido sube y baja el derecho laboral de los docentes, la “Gratificación por defunción”, la herencia propiamente de las profesoras y profesores finados, se convierte en mercancía gravable, sometida al mismo trato del mercado y, por lo tanto, sujeta al pago del impuesto sobre la renta (ISR).
Es decir, sin temerla ni deberla, el magisterio poblano se ve despojado, en un santiamén, con felonía, de lo conquistado en una vida de trabajo, en términos reales de un derecho social que constituye la única herencia para su desdendencia, que por ningún motivo es rentista, como la prole de tantas y tantos niñas y niños bien de la vieja y nueva burguesía poblana. ¿Cuántos cientos de millones de pesos le esquilma el Estado, anualmente, a los deudos de los profesores fallecidos, con la trapisonda jurídica de convertirlos, por la fuerza, en proveedores, en causantes, para arrancarles el 16 por ciento de su “herencia”…?
¡Algo se tiene qué hacer para remediar este entuerto del gobierno de Morena!
El economista Thomas Piketty está de mi lado, baste recordar lo que escribió respecto a la disputa sobre los derechos de sucesión en Estados Unidos y en Italia: “…resulta difícil pretender defender la igualdad de oportunidades y reclamar al mismo tiempo la abolición de los derechos de sucesión, que desempeñan un rol esencial en la limitación de la reproducción social desde la Revolución Francesa, y más aún, desde la Tercera República, que los volvió progresivos en 1901. En los Estados Unidos y en Italia los intentos de Bush y de Berlusconi de abolir el impuesto a las sucesiones suscitaron fuertes resistencias, incluso entre millonarios como Warren Buffert y Bill Gates, quienes se consideran self-made men y no quieren que sus hijos se transformen en rentistas.” Ni los hombres más ricos del mundo esperan ver a sus retoños, a sus criaturas, convertidos en parásitos sociales, dedicados, en su inmensa mayoría, a despilfarrar el dinero que sus padres y abuelos atesoraron bajo las excluyentes leyes de la acumulación originaria del capital y la acumulación originaria del poder político –ambas con aromas a sudor y sangre inocente.
No se puede construir una política económica redistributiva del ingreso, como la que impulsa AMLO, gravando más a quienes menos tienen, es imposible hacer efectiva la promesa de “Primero los pobres” con la implementación de ultraneoliberales políticas fiscales que derivan, como en este caso, en la depauperación del ya de por sí depauperado magisterio nacional. Me parece económica y políticamente siniestro, propio de una política de corte ultraconservador, consentir en estas prácticas de despojo; esto es, son políticas económicamente excluyentes, pues incluyen para excluir, para marginar aún más al profesorado, son acciones contrarias al ideario democrático de Morena.
La disyuntiva para el gobierno de Morena en el estado de Puebla, a partir de las enseñanzas de Thomas Pikkety sobre la igualdad de oportunidades, es muy clara. O se comprende y frena el sentido ilegal, inequitativo e injusto de gravar los seguros de vida, los estímulos y gratificaciones por defunción y renuncia, que, en los hechos, son equivalentes a una famélica “herencia” del magisterio para sus descendientes, o, bien, como recomienda la OCDE, se legisla un gravamen nacional y local, de por lo menos igual porcentaje, para los derechos sucesorios de la élite de empresarios y políticos de la entidad, cuyas cuantiosas fortunas y donaciones podrían significar un cambio sustancial en la recaudación fiscal, amén del efecto redistributivo sobre la economía de la región.
En Japón el impuesto sobre los derechos sucesorios alcanza hasta el 55 por ciento de las herencias y donaciones, en cambio, las heredades de las burguesías nacional y poblana están exentas de cualquier gravamen, los derechos sucesorios en México son la expresión de “un monumento venerado” en el mundo occidental –como espléndidamente describe Piketty.
Ojalá que Abelardo Cuéllar, secretario del trabajo, un hombre inteligente, sereno y honesto, pudiera deconstruir esta chicanada del morenovallismo, no sólo sería un acto de justicia, pues es necesario promover en los hechos la efectiva igualdad de oportunidades, sino que, además, representaría la armonización del marco jurídico local con el discurso democratizador de la Cuarta Transformación. Y, lo más importante, podría constituir una acción comunicativa del poder político, significaría la apertura de horizontes de sentido, un mensaje de solidaridad para el abandonado gremio magisterial.
Dejad que las profesoras y profesores muertos descansen en paz. No permitamos que yazcan insepúltos, a la intemperie, expuestos a la humillación de ilegales y regresivas políticas de recaudación fiscal e inermes a los colmillos del capital financiero, que trabaja eficientemente, como ya documenté en la primera parte, desde las entrañas del Leviatán, para jinetear, desplumar, desvalijar y, si los dejamos, desollar las escurridas “herencias” del magisterio poblano.
