En un horizonte incierto y complejo, México afronta el reto de reducir la desigualdad y la pobreza, dos de los males estructurales más persistentes en su sociedad. Así lo advirtió Enrique Provencio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, durante la clausura de un encuentro académico que reunió a destacados especialistas para analizar las perspectivas en materia de progreso social.
“Será cada vez más difícil modelar el futuro, pero debemos seguir explorando tendencias y proponiendo ideas para enriquecer el debate”, afirmó Provencio. El académico destacó la importancia de ejercicios que permitan vislumbrar posibles escenarios, tanto cuantitativos como cualitativos, en un contexto donde los retos sociales y económicos se tornan más complejos.
Por su parte, Fernando Cortés Cáceres, investigador del PUED, dijo que en los últimos seis años, la desigualdad en México ha mostrado una tendencia decreciente. Esta mejora se debe, en gran medida, al incremento de los ingresos de los sectores más desfavorecidos, impulsados por las alzas en el salario mínimo iniciadas en 2016 y aceleradas a partir de 2019. En contraste, el decil más alto de ingresos ha sufrido una caída sostenida durante el mismo periodo.
Cortés advirtió que la continuidad de esta tendencia dependerá de que el país mantenga una política decidida de aumento en los salarios mínimos reales. “El crecimiento económico de los últimos años ha apoyado esta dinámica, pero cualquier cambio en esta política podría revertir los avances logrados”, señaló desde el auditorio Narciso Bassols, en la Facultad de Economía de la UNAM.
La pobreza estructural persiste
Pese a los avances, el panorama de la pobreza en México sigue siendo alarmante. Paulina Gutiérrez, coordinadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, destacó que casi 47 millones de personas viven en condiciones de pobreza, y solo el 12% de la población goza de bienestar pleno. “Las raíces del problema se encuentran en el sistema laboral, que perpetúa la precariedad con salarios bajos, alta informalidad y exclusión de mujeres y jóvenes del mercado laboral”, subrayó.
La experta calificó como inaceptable que seis de cada diez trabajadores en México pertenezcan a la categoría de working poor, es decir, personas cuyo ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, denunció que la distribución de la riqueza sigue siendo profundamente desigual, con un 60% de las ganancias concentradas en las élites empresariales, mientras que los salarios representan solo el 40%. “Para superar este paradigma, es necesario un nuevo acuerdo laboral que garantice la justicia económica y social”, enfatizó.
Héctor Nájera Catalán, también investigador del PUED, presentó un modelo que analiza la evolución de la pobreza en el país desde una perspectiva generativa. Según sus proyecciones, los avances recientes, logrados principalmente a través del incremento en ingresos, alcanzarán un límite hacia 2030. “El efecto de las políticas actuales no se sostendrá en el mediano plazo si no se implementan cambios estructurales adicionales”, advirtió.
Nájera instó a retomar enfoques clásicos en el combate a la pobreza, como la expansión de la infraestructura social y la seguridad social. “La desigualdad y la estratificación social son determinantes que deben abordarse con políticas de largo alcance para evitar un estancamiento”, concluyó.
El encuentro académico, que reunió a 24 expertos, dejó sobre la mesa numerosas propuestas para enriquecer la discusión sobre el desarrollo social. Provencio Durazo subrayó en la clausura: “cada ponencia aporta elementos valiosos que debemos seguir explorando para enfrentar los desafíos del futuro”.