Juan Carlos Silas Casillas
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el Campo Estratégico en Modelos y Políticas Educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticias del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
En México y el mundo estamos viviendo tiempos complejos. Desde lo sanitario hasta lo económico, pasando obviamente por lo educativo y lo científico. Entre la comunidad científica también se viven momentos difíciles, especialmente entre los investigadores que han construido una carrera generando conocimiento y formando estudiantes en alguna institución de educación superior con financiamiento privado. Nuevas disposiciones, aparentemente sustentadas en medidas de austeridad nacional, han puesto “contra las cuerdas” a los investigadores que no trabajan en instituciones públicas, lo que parece vaticinar tiempos difíciles para las personas, las instituciones y la ciencia en general.
La versión 2020 del Reglamento del Sistema Nacional de investigadores, promulgada en plena pandemia durante agosto del año pasado (ver: https://www.conacyt.gob.mx/PDF/sni/Reglamento-SNI-2020-web.pdf) establece en su artículo 61 que el orden de prioridad para el otorgamiento de los apoyos a los investigadores será el siguiente:
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Para las/los científicos(as) y tecnólogos(as) de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior y de los centros de investigación del sector público o de las entidades federativas; así como para los/las investigadores(as) que ocupan las Cátedras Conacyt, y
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Para las/los científicos(as) y tecnólogos(as) que laboran en instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores social y privado inscritos o preinscritos en el Reniecyt, de acuerdo con los convenios previamente celebrados con dichas instituciones.
Dicho de otra forma, si hay recursos, todos los investigadores nacionales recibirán el estímulo, pero, si hay astringencia económica, los adscritos a los sectores social y privado se quedarán sin recibirlo, a pesar de haber cumplido su parte como todos los demás. La problemática referida ya fue señalada en este (ver: https://www.educacionfutura.org/altar-de-muertos-para-la-ciencia-cancelan-estimulos-a-academicos-de-universidades-particulares-pertenecientes-al-sistema-nacional-de-investigadores-sni/) y otros medios como cuestionable, pues no se relaciona con el mérito sino con estar en la nómina de un tipo de institución. La autoridad científica nacional ha anunciado también que los investigadores de institución privada con convenio vigente recibirán el estímulo solamente durante 2021.
Con estos antecedentes en mente y ante la posible exclusión del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de los científicos adscritos a organizaciones privadas (sean instituciones de educación superior o centros de investigación), cabe formularse varias preguntas: ¿son verdaderamente los investigadores de institución privada una parte onerosa en el presupuesto del Conacyt?, ¿tiene alguna repercusión en la formación de académicos mexicanos? Y, evidentemente, ¿qué se pierde y qué se gana al cortar el estímulo, aunque permanezca la pertenencia al SNI?
Para atender la primera pregunta se recurre a la información oficial del mismo SNI: http://www.conacyt.gob.mx/images/SNI/Vigentes_2020.xlsx. Los datos señalan que hay 33 165 miembros del Sistema Nacional de Investigadores en sus diferentes niveles (candidato, uno, dos y tres) y adscripciones institucionales. De acuerdo con el actual artículo 63 del Reglamento SNI, los apoyos se entregan cada mes (siempre y cuando la partida presupuestal cuente con recursos). Quien está en el nivel Candidato obtiene tres UMA (Unidad de medida y actualización), Nivel uno recibe seis UMA, Nivel dos toma ocho UMA y académicos en el tercer nivel, así como los eméritos, obtienen catorce veces el valor mensual de la UMA. Quienes generan conocimiento fuera de la CDMX reciben, adicionalmente, un tercio del estímulo correspondiente al nivel candidato.
De acuerdo con los datos oficiales disponibles, 8 727 (26.3%) investigadores nacionales estaban en categoría de Candidato, 17 091 (51.5%) en el nivel uno, 4 763 (14.4%) en el segundo nivel y 2 584 (7.8%) en el tercero. El costo total al mes del estímulo a los miembros del SNI es de 591 530 516 pesos, que corresponden a 7 098 366 196 al año. Una cantidad considerable. Ese dato se obtiene al multiplicar la cantidad correspondiente a la UMA para 2020 (2 641.15 pesos) por la cantidad de académicos en cada nivel y si su institución se ubica en una entidad federativa distinta de la ciudad capital. Un dato difícil de analizar corresponde a los investigadores nacionales adscritos a instituciones en el extranjero (393 personas o 1.18% de los investigadores) y quienes están registrados sin institución (2 799 científicos, es decir 8.44% del total).
En todo caso, lo relevante para el cálculo que se presenta en este texto es que son 1 967 los investigadores nacionales adscritos a alguna institución privada (universitaria o centro de investigación), lo que representa 5.93% del total de los miembros del SNI. Cuando se calcula en términos presupuestales, la proporción disminuye un poco, ya que la parte privada del Sistema Nacional de Investigadores corresponde a 31 970 050 pesos al mes, es decir 5.4% del monto total erogado. Seguramente se explica por el nivel de cada nombramiento, ya que los candidatos son 716 (36.4%), los del nivel uno son 959 (48.8%), el segundo nivel 215 (10.9%) y 77 en el tercer nivel (3.9%). Es mayor la proporción de personas ubicadas en los niveles que reciben menos UMA como estímulo como son Candidato y Uno en las instituciones privadas (85.2%) que en el total nacional (77.8%).
Casi 32 millones de pesos al mes, el costo del estímulo a investigadores adscritos a instituciones privadas no es en absoluto desdeñable; sin embargo, contrastando el dato con el total global, significa que 94.6 pesos de cada 100 se destinan a académicos en instituciones públicas y 5.4 a los de privadas. Por otro lado, la partida presupuestal destinada a investigadores nacionales adscritos a instituciones en el extranjero representa 1.03% y los académicos sin adscripción institucional representan 36 738 395.50 pesos, es decir 6.21% del total nacional.
Los investigadores nacionales en instituciones privadas se encuentran en prácticamente todas las entidades federativas. De manera esperable, la mayoría están en instituciones ubicadas en la CDMX (28.5%), Nuevo León (23.4%), Puebla (13.1%), Jalisco (12%) y el Estado de México (6.9%). En lo que se refiere al área de conocimiento en que aportan su actividad científica, se encuentran en las siete agrupaciones que ha determinado el Conacyt: 180 en el área I-Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, 112 en el área II-Biología y Química, 204 en el área III-Medicina y Ciencias de la Salud, 345 en el área IV-Humanidades y Ciencias de la Conducta, 621 en el área V-Ciencias Sociales, 157 en el área VI-Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, 348 en el área VII-Ingenierías.
Ahora bien, con base en los datos aportados, la respuesta a la pregunta ¿son los investigadores adscritos a instituciones particulares una parte onerosa en el presupuesto del Conacyt? La respuesta se orienta hacia el No. Representan casi 6% de los científicos, significan 5.4% de los estímulos, se desempeñan en prácticamente todo el territorio nacional y todas las áreas del conocimiento. Su producción ha sido valorada por pares académicos en al menos una ocasión (candidatos) y en varias para quienes están en los niveles 1, 2 y 3, y ellos han encontrado méritos suficientes para resaltar la contribución científica de sus aportes. En este sentido, se trata de generadores de conocimiento de pleno derecho que ven en peligro su estímulo como investigador nacional por el mero hecho de trabajar en una institución privada. Excluir a estos académicos del estímulo tiene serias implicaciones para la producción científica en universidades y otras organizaciones privadas y, como se verá en el apartado siguiente, puede provocar un debilitamiento importante también en la formación de científicos en este tipo de instituciones.
La segunda pregunta sobre la posible repercusión en la formación de académicos mexicanos se responde desde la muy cercana posibilidad de debilitar la actuación de los posgrados, en virtud de que sus académicos dejan de recibir el estímulo, aunque sigan siendo parte del SNI en el corto plazo. Dicho de otra forma, los académicos de instituciones privadas no serán excluidos del Sistema Nacional de Investigadores, pero sí del apoyo. Deben mantener su ritmo de generación de conocimiento (investigación), producción de obra científica (difusión) y formación de alto nivel (docencia en posgrados pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad PNPC), sin que se les otorgue el estímulo correspondiente, que sus pares en instituciones públicas sí reciben por un esfuerzo equivalente. Este panorama pierde todo su atractivo ya que el mismo esfuerzo recibe nulas recompensas y es muy posible que devenga en desánimo y abandono del SNI o en migración de académicos a instituciones públicas o extranjeras.
Si se analizan los datos que ofrece el sistema del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que se puede consultar en: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/padron-pnpc.php, se puede ver que han sido reconocidos 131 posgrados ofrecidos por instituciones de educación superior con financiamiento privado. Estos programas han sido analizados y valorados por comisiones de pares académicos (de forma análoga a los expedientes de los SNI) quienes han encontrado mérito suficiente en sus insumos, procesos y resultados. 46 de esos programas se ofrecen en Nuevo León, 38 en la Ciudad de México, 24 en Puebla, 17 en Jalisco, cuatro en el Estado de México y dos en Guanajuato. En síntesis, los posgrados son:
Uno de los elementos que dan fortaleza a los posgrados PNPC es, sin duda, la integración de los Núcleos Académicos que, invariablemente, implican científicos con mérito suficiente para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Si los integrantes del Núcleo Académico deciden migrar a una institución pública nacional o extranjera u optan por tener un perfil menos activo en la producción científica (porque ya no les es reconocido), los Núcleos Académicos de los programas PNPC se verán debilitados al extremo de no sostener su pertenencia en el padrón, lo que de facto significa que sus estudiantes no podrán aspirar a una beca por parte del Conacyt y con ello la absorción de estudiantes será menor cuantitativa y cualitativamente. Esto debilitaría fuertemente la calidad de los 131 posgrados señalados y la formación de científicos en general. En este sentido, la respuesta a la segunda pregunta es que presumiblemente sí se tendrá un fuerte impacto negativo en la formación de académicos mexicanos que se da en instituciones privadas.
Por último, la tercera pregunta: ¿qué se pierde y qué se gana al cortarlos del estímulo en el SNI? se puede responder de manera parcial. Es fácil saber qué se pierde, pues queda muy claro que se debilita la generación y difusión de conocimiento. Es igualmente evidente que la formación de científicos en programas de posgrado de alta calidad se verá en grave peligro de debilidad y que es predecible una migración de académicos de instituciones particulares hacia públicas o al extranjero. Lo que no se puede responder es la segunda parte del cuestionamiento: ¿qué se gana? Se ha argumentado un criterio económico y que el ahorro de esos 32 millones de pesos al mes puede ser significativo y canalizarse a otros fines. Sin duda el actual gobierno federal ha hecho un encomiable y cuidadoso uso del presupuesto, que se reconoce; sin embargo, por un lado, parece que los costos de la medida exceden con mucho los beneficios y, por el otro, se está incurriendo en un ejercicio de inequidad pues, a esfuerzo equivalente de los investigadores se está ofreciendo estímulo diferenciado por el simple hecho de estar adscrito a un tipo específico de institución y sin mediar criterios de mérito, como dicta la correcta gestión de la ciencia.
Será importante encontrar mecanismos de inclusión de los científicos en los grandes retos nacionales. La tarea de orientar a la comunidad científica en el proyecto de nación pasará, necesariamente, por favorecer la equidad y reconocer el mérito de las contribuciones de todos los científicos, independientemente de su institución de adscripción. De lo contrario, es muy posible que se tengan más pérdidas que ganancias o, cómo se dice coloquialmente “salga más caro el caldo que las albóndigas”.
