Adrián de Garay
Finalmente el pasado de 30 de julio en el Diario Oficial de la Federación la Presidencia publicó el decreto de creación del organismo público Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el cual será descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y estará coordinado por la Secretaría de Educación Pública.
De esta forma el Gobierno Federal se “ahorró” cualquier tipo de normatividad establecida en el subsistema de educación superior para lograr su cometido: abrir más de 100 instituciones a la brevedad, sin requerir ningún tipo de diagnóstico, modelo de institución académica, política de contratación de académicos basada en evaluación de pares, validación de sus planes y programas de estudio- como lo había anunciado haría la UNAM Y e IPN-, sin formas de gobierno institucionales democráticas, sin definición clara del tipo ipo de instalaciones e infraestructura mínimos, entre otros elementos. “Me canso ganso” diría el Presidente López Obrador.
Un organismo que, además, no dependerá de la Subsecretaría de Educación Superior, sino directamente del Secretario de Educación Esteban Moctezuma; esto es, el nuevo organismo educativo superior “se cuece aparte”. Con un presupuesto inicial de mil millones de pesos, y con una Junta de Gobierno que se integrará fundamentalmente con funcionarios del Gobierno Federal, no con académicos, las universidades Gansito operarán sin el menor contrapeso y vigilancia académica y social.
Estamos así ante el anuncio e implementación de una política de gobierno y no de una política de Estado. ¿Y a eso le llaman la Cuarta Transformación? Un gobierno que no consulta, que no hace diagnóstico, que no recupera muchas de las experiencias fallidas parecidas al respecto, que no convoca a las universidades autónomas, que no pone a debate en el Congreso de la Unión su iniciativa para construir una política de Estado, y cuyo único propósito es crear más espacios educativos para cumplir una meta de cobertura, sea como sea. Dejemos así de llamarla la 4T. Es simplemente un nuevo gobierno federal con sus políticas gubernamentales, más no políticas de Estado.
Y mientras el Gobierno Federal hace lo que quiere con sus universidades Gansito, la política hacia las universidades públicas no tiene aun un propósito claro, salvo exigir transparencia, rendición de cuentas-lo cual es de elogiar-, pero sigue con lo mismo de los sexenios anteriores: acredita tus licenciaturas y posgrados, aumenta tu planta académica con posgrados, más miembros del Sistema Nacional de Investigadores, más académicos con perfil PRODEP, busca recursos propios, y adicionalmente no cobres cuotas a tus estudiantes aunque implique no percibir millones de pesos en muchos casos. Pero eso sí, “te aviso que tendrás menos recursos ordinarios”.
Y qué decir del embate a los centros SEP-Conacyt a quienes se han empeñado en recortar sus recursos por fifís y que varios de ellos ya están viviendo procesos de migración de sus académicos hacia otras instituciones, nacionales o extranjeras, donde les ofrecen mejores condiciones laborales y académicas.
¿Y qué hay con las instituciones privadas? Desde hace varios lustros, muchos investigadores hemos insistido en la necesidad de establecer mecanismos de regulación de Estado para este tipo de instituciones, los cuales nos parecen demasiado laxos. No hay noticia al respecto del Gobierno Federal, pero lo cierto es que en el llamado “Programa Emergente Cero Rechazo en la Educación Superior”, anunciado por la SEP hace unas semanas, se incluyen muchas instituciones privadas, de la cuales muchas de ellas han sido cuestionadas por su calidad educativa. ¿Por qué convocar a instituciones de ese tipo?, ¿La SEP pagará las cuotas de sus estudiantes del Programa?
Y hay que decirlo. Muchas instituciones privadas seguramente se preguntan: ¿Por qué me exiges REVOES y no me das autonomía si atiendo a cientos o a miles de estudiantes que no aceptas en tus instituciones públicas?, ¿Por qué creas decenas de universidades púbicas sin ningún control social, académico o administrativo, mientras a mí me exiges y me cobras por un servicio educativo en beneficio de la sociedad?
Estaremos a la espera del Programa Sectorial de Educación del gobierno actual para poder tratar de discernir su proyecto hacia la educación superior. Entre tanto la política gubernamental en estos meses está plagada de señales cruzadas. Duda de las universidades autónomas y busca mayor injerencia y control a distancia; arma un programa de nuevas “universidades” de las que el gobierno controla y define su rumbo; invita a universidades privadas Patito a que lo apoyen para atender a los “rechazados” y no define su política regulatoria ante las instituciones privadas del País.