Erica Franco Lavín
“Primero le pago a un maestro que a un general”, una frase icónica del general Francisco Villa y que en pocas palabras resumía la importancia de la labor de un maestro en época de la revolución, pero al mismo tiempo se enfatizaba el compromiso moral de este caudillo revolucionario para que se le retribuyera salarialmente al maestro y lo señalaba como prioridad.
La obviedad en el tema de recibir un salario a cambio de un trabajo realizado salta a la vista, se reconoce como un derecho humano, pues sabemos que a partir de él se pueden resolver las necesidades de alimento, vestido, atención a la salud, vivienda y recreación, no solo para el trabajador, sino para sus familias. Este derecho constitucional establecido en el artículo 123 específica que el salario es la retribución que el patrón debe pagar a los trabajadores, de esta manera se establecen las obligaciones de la Secretaría de Educación Federal y Estatal con los trabajadores de la educación.
Sin embargo, es lamentable que en pleno siglo XXI, los gobiernos hayan olvidado su responsabilidad para dar lo que por ley corresponde a los maestros de México, un salario digno, pero más aun, garantizarlo en tiempo y forma, contrario a lo que está haciendo el gobernador de Michoacán, quien a la fecha no ha dispersado el pago quincenal a 28,000 maestros estatales, no siendo esta la primera vez que ocurre, de facto esto debiera considerarse un delito, pues se está violando el contrato de trabajo establecido por la ley, generando afectaciones directas a los docentes.
Esta problemática no es nueva y se ha ido presentando en diferentes estados de la república y en todos los niveles educativos, desde el básico hasta media superior y superior, también se hace latente en perjuicio de maestros de diversos subsistemas como es el caso de Telebachilleratos, Tecnológicos y Normales.
En la Ley general de Educación en el eje de Revalorización de los maestros y maestras, capítulo I , Del magisterio como agente fundamental, textualmente señala en el apartado III “Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia y sociedad en general…”, es claro que los primeros en faltar a lo establecido son las autoridades educativas, ¿ Cómo se puede hablar de respeto si gobiernos estatales no están pagando los salarios de los maestros?.
En este mismo documento en el apartado VIII, se estipula “ Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional”.
¿Hasta dónde las autoridades gubernamentales y educativas han cumplido a cabalidad con lo estipulado en la Ley General de Educación? Si bien es cierto, el salario de los maestros les permite subsistir, pero no podemos ignorar que el poder adquisitivo se ha ido perdiendo paulatinamente, esto genera que el sueldo sea insuficiente para la vida digna que se aspira a brindar a los docentes a través del salario que se otorga, y no solo eso, sino que a raíz de la creación de plazas con sostenimiento estatal y federal, se abre una brecha en el ámbito de prestaciones y ha generado un trato diferenciado entre docentes, contraviniendo el principio de “A trabajo igual, salario igual”.
La Ley General también contempla que el salario de un maestro debe ser suficiente para que pueda disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que imparta y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, es decir, los docentes deben contar con un sueldo que garantice cubrir de manera completa sus necesidades básicas pero al mismo tiempo les permita contar con recursos para actualizarse, capacitarse profesionalmente, especializarse, estudiar posgrados, de ser así se tendría un impacto positivo en la educación.
Contrario a esto, la realidad que se vive es muy diferente, un gran porcentaje de maestros vive al día, el salario no permite cubrir las necesidades de su familia y se ven obligados a tener que generar un ingreso extra con otro empleo o actividad comercial, solo complementando los salarios de sus diferentes ocupaciones logran tener un mejor nivel de vida, ya que la docencia como única profesión no se los ha garantizado.
La indolencia ante la precariedad de los salarios de los trabajadores de la educación en México, dejar que pase hasta una semana de retraso en el pago quincenal sin que se finquen responsabilidades y se sancione a las autoridades que no cumplen con lo que por ley corresponde; acostumbrarse a que existan maestros que aun realizando su labor tienen que esperar semanas, meses o años para obtener su pago resulta indignante, pero sobre todo, que la titular de la Secretaría de Educación se mantenga ajena, mientras miles de docentes en diferentes estados de la República se encuentran en esta difícil situación, encerrarse en una oficina y fingir que no pasa nada, solo refleja que la omisión también puede volverla cómplice del atentado contra los derechos humanos, laborales y salariales de los maestros.
