El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Con el objetivo de ampliar la cobertura del nivel medio superior y de manera especial, el atender a quienes por motivos de distancia o recursos no tenían acceso a éste, en 2013 se puso en marcha un proyecto piloto en este nivel educativo, consistente en la modalidad de Telebachillerato Comunitario (TBC). El proyecto estableció condiciones específicas de instalación, que a la postre definirían las formas de operación, así como el tipo de “educación” que se ofrecería. Entre las condiciones de apertura de un TBC se encuentran: que estuviera en una comunidad de menos de 2,500 habitantes, que no hubiera otro bachillerato a 5 km a la redonda y que pudiera operar en las instalaciones de una telesecundaria a contra turno o en otro espacio destinado por la comunidad. Las razones esgrimidas para impulsar esta modalidad, fueron: primera, lograr el 80% de cobertura en Educación Media Superior (EMS) para el 2018; la segunda es la búsqueda de equidad, pues se está generando la posibilidad de que jóvenes de comunidades marginales estudien y, tercera, garantizar el cumplimiento por parte el estado de la obligatoriedad que se estableció para este nivel educativo.
Este proyecto, en su fase de piloteo, inició con 253 centros, incrementándose a 1,497 para 2014, a los que se sumaron 1,168 más que se abrieron durante 2015. Con estas cifras se hace evidente la gran necesidad de atención existente en este nivel. El rápido crecimiento de esta modalidad está resolviendo el tema de cobertura, pues jóvenes que tienen edad para cursar el bachillerato o que no pudieron cursarlo porque no tenían recursos para ello, ahora tienen una escuela cerca y a costos accesibles, abriendo la posibilidad de que varios de ellos extiendan sus estudios al nivel superior. Igualmente, el número de escuelas hace evidente que el estado está cumpliendo con su parte para que el propósito de la obligatoriedad del nivel se logre.
No obstante, este importante esfuerzo de cobertura se puede poner en duda sobre la calidad de la educación que reciben, es decir, se discute si los alumnos de estos centros de estudios están recibiendo una educación de calidad que les brinde las mismas oportunidades para ingresar a la educación superior o al mercado laboral que a los jóvenes que egresan de otras modalidades del nivel medio superior.
Las sospechas sobre la calidad educativa que se ofrece en los TBC inician cuando en el mapa curricular del Documento Base se señala que los alumnos de primer semestre deben estar 27 horas en la escuela a la semana, los de tercero 33 y los de quinto 29, haciendo un total de 89 horas. El propio modelo de TBC señala que estas escuelas son atendidas por dos profesores que están contratados por 20 horas cada uno y un profesor responsable que está contratado por 30 horas: 20 para docencia frente a grupo y 10 para atender cuestiones administrativas propias de la escuela. Sin contar estas últimas, las horas totales por las que han sido contratados los profesores son 60. ¿Quién cubre las 29 horas restantes que los alumnos están la escuela? o bien ¿quién paga las horas extras que trabajan estos profesores?
De la misma forma, en el Documento Base se señala que, además de los cursos curriculares los alumnos deben cumplir con las actividades paraescolares que promueve el Bachillerato General, como actividades artísticas, deportivas y recreativas, con las que se buscaría favorecer la educación integral de los alumnos. Del mismo modo este documento menciona que, en la medida de lo posible se promoverán actividades de orientación y tutoría. La pregunta expresa es ¿a qué hora se hará esto?, y la otra pregunta obligada es ¿quién lo hará? Pues a los profesores se les está pagando muy poco para desempeñar todas estas funciones, además que no cuentan con personal de apoyo, mucho menos con personal que pueda atender las actividades paraescolares, haciendo evidente que la formación integral que el Documento Base indica no es posible lograr. Se puede inferir entonces que hay diferencias sustantivas entre la educación que reciben los jóvenes que asisten a bachilleratos de organización completa y los que se forman en un TBC.
De manera central y que afecta sustancialmente las características de la educación que se ofrece en estos TBC es la forma en que han sido contratados los docentes. Casi todos concursaron una plaza a través del Servicio Profesional Docente. A partir de estos resultados les fue asignada su función de docente frente a grupo por 20 horas o bien de responsable docente por 30 horas. Por supuesto este cargo implica que sea el responsable de la escuela y encargado de hacer la tarea administrativa y las gestiones para que la escuela cuente con recursos e instalaciones para operar. A la preocupación del número de horas asignadas a cada profesor, habrá que agregar la forma y contenido de los contratos que se ofrecen pues los docentes de TBC no tienen base; sus contratos se están renovando cada seis meses, por lo que no generan antigüedad.
Con relación a la seguridad laboral que todo profesional requiere, se sabe que estos docentes sólo cuentan con prestaciones básicas como servicio médico, pero este les es suspendido cuando vence el contrato y renovado cada vez que dicho contrato se renueva; sus pagos no siempre llegan puntuales, no están sindicalizados, no reciben pago por vacaciones y no es claro cómo se hace el depósito que reciben por aguinaldo; muchos no están ubicados en el área disciplinar que corresponde a su formación profesional, no tienen experiencia docente y varios no son de la región en la que se encuentra la escuela en la que trabajan, invirtiendo mucho en desplazarse para encontrarse con sus familias los fines de semana. En pocas palabras han sido contratados en la modalidad de “prestadores de servicios profesionales independientes”, lo que genera en estos docentes una preocupación por su alta inestabilidad laboral y se sienten inseguros en su trabajo.
Si lo anterior fuera poco, hay que considerar, la pobre remuneración que reciben, que por supuesto no corresponde al esfuerzo que requiere mantenerse en el sistema y cantidad de trabajo realizado, pues el responsable docente gana en promedio un poco más de 8,000 pesos mensuales y los docentes frente a grupo 6,000 pesos en el mismo periodo de tiempo. Esta intranquilidad producto de la inestabilidad laboral se suma a la preocupación de la gran cantidad de tareas que los docentes tienen que desempeñar en los TBC. En una investigación que se encuentra en curso, se advirtió en palabras de algunos de ellos, que hasta de conserje o enfermero tienen que hacerle para atender las necesidades de sus alumnos.
Frente a este panorama y al hecho que al menos asisten al bachillerato jóvenes que en otras condiciones no podrían hacerlo, el cuestionamiento de la calidad y el efecto nocivo que se produce con una educación que no logra resolver el problema de la inequidad, queda de manifiesto.
¿Basta con que el Estado establezca escuelas y pague a los profesores para que se genere una educación de calidad? ¿Existe conocimiento y conciencia sobre los apoyos que requieren estos docentes para enfrentar la tarea que les han sido asignadas? ¿Se tienen consideradas las dificultades que enfrentarán los egresados de los TBC para incorporarse a la educación superior o al mundo laboral? ¿Acaso estamos ante la evidencia de una educación pobre para poblaciones pobres? Cuestionamientos elementales que quienes sostienen desde los escritorios este proyecto, deben incluir en su lista de preocupaciones y desde luego en su agenda de tareas. Por otra parte, de la nuestra ¿qué nos corresponde hacer como sociedad civil para que los jóvenes de estratos menos favorecidos tengan acceso a una educación de calidad?
Problemáticas de la complejidad de la que apenas se perfiló en este texto breve, exigen sin duda que autoridades gubernamentales e investigadores educativos trabajen juntos por encontrar alternativas que impulsen el cumplimiento cabal del espíritu que mueve a la educación.
