Miguel Ángel Rodríguez*
José Antonio Meade, candidato del PRI a la presidencia de México, muy gracioso, rectificó su juicio sobre Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que “es un nini, porque ni estudia ni trabaja, me equivoqué, porque es peor que un nini; no sólo no estudia ni trabaja sino que además destruye, confronta y divide”. La afirmación del candidato presidencial del PRI es una tomografía cerebral global del ideario de Meade y es parte de una biografía familiar.
José Antonio Meade habla de los siete millones 520 jóvenes mexicanos, que representan el 24.7 por ciento del total de la juventud mexicana entre 15 y 30 años de edad, que no están estudiando ni encuentran trabajo en el mercado laboral. La cuarta parte de los chavos mexicanos sin horizontes de vida constituyen, para las evaluaciones de la OCDE, por su creciente persistencia, “una falla estructural” del sistema educativo y, por ende, del Estado mexicano.
México ocupa, tristemente, el antepenúltimo lugar entre los países de la OCDE con ese grave problema, sólo por debajo de Turquía e Israel. La OCDE, con los eufemismos de siempre para nombrar la miseria humana, dice que México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sólo debajo de Turquía e Israel.
El panorama de la educación 2013 de la OCDE así lo consigna y, lo peor, el informe encuentra que más de diez años con la misma tendencia nos habla de “una falla estructural”.
Una falla estructural en el sistema educativo de México representaría, en un Estado de derecho, delimitar claramente las responsabilidades económicas, jurídicas y políticas de los funcionarios del sistema educativo y, en general, del Estado, que permitieron la instrumentación de políticas públicas salvajemente excluyentes. Un proceso social que alimenta, como se sabe, los circuitos clandestinos de la violencia.
Me concentro por ahora en la pelotuda gracejada de Meade.
Los ninis, con violento sentido peyorativo ni estudian ni trabajan, y no lo hacen porque las políticas educativas de los últimos 24 años, por lo menos, han restringido crecientemente el presupuesto federal para la educación pública.
¿Cuántos años que no se abren universidades públicas en México?
En el Panorama de la Educación 2017 de la OCDE a nuestro país le corresponde el último lugar entre los integrantes de ese organismo por el por el porcentaje de su población con estudios universitarios con tan sólo un 22 por ciento muy por debajo del promedio de la OCDE que es un 37 por ciento.
Y esa es una grave falla estructural originada, fundamentalmente, por la fe obsesiva en el libre mercado y, por la enorme corrupción e impunidad que esa idea pura propicia en un sistema político de dominación patrimonial mexican style.
En nuestro país todos los miembros del Estado mexicano deben su trabajo al señor Presidente, al gobernador, al secretario de Estado, al general, al rector, al presidente municipal, al diputado, al senador, al cacique, al líder sindical y, a cambio, la gratitud de los favorecidos será eterna: la lealtad-sumisión es el valor supremo para alcanzar la cúspide de la pirámide. En tal modo de dominación, como es archisabido, la dignidad humana es un obstáculo para la movilidad y el ascenso social.
El toque mexicano al patrimonialismo de Max Weber es el calor de familia que cada vez se extiende y permea más, a todos los niveles del sistema, como facultad para heredar a los hijos, esposas, sobrinos, ahijados, amantes, nietos, entenados, choznos y arrimados, los poderes públicos del Estado. En Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el actual gobernador, quiere heredar a su hijo la gubernatura y, en Puebla, Rafael Moreno Valle, exgobernador, ya hizo candidata del PAN a su esposa, sin contar que los hijos de los gobernadores poblanos, aún los más escandalosamente corruptos, son diputados locales y quieren ser senadores, presidentes municipales o lo que sea, pero con presupuesto público. La distribución familiar del poder público.
Ese modo de dominación, sin embargo, significaría un profundo retroceso en la ruta de construcción de un Estado racional-legal, pues se aproxima más a la aparición de los señores de horca y cuchillo, con atribuciones de alta justicia, para decidir entre la vida y la muerte de los sometidos: un modo feudal de dominación.
A “los ninis” el Estado mexicano les brinda generosamente dos oportunidades: la migración hacia los Estados Unidos y el narcotráfico.
No son la libre voluntad del credo liberal y del credo democrático las que escriben el destino de ese torrente de juventud hacia la nada, ha sido el resistente modo de dominación patrimonial del Estado nacional con uno de sus rasgos más perniciosos: la confusión de lo público y lo privado.
Una confusión que José Antonio Meade, como secretario de Hacienda, contribuyó a nutrir y extender.
La reciente estafa maestra es un claro ejemplo de lo que digo. Varias universidades se encuentran hoy en peligro de desaparecer por los millonarios actos de corrupción que, es un hecho, pasaron por la mesa de despacho del exsecretario de hacienda, José Antonio Meade.
Y la gran estafa maestra del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, por medio del cual el pueblo de México fue atracado legalmente, por los diputados y senadores del PRI y del PAN, para financiar el rescate de los bancos y pagar las deudas millonarias de empresarios y banqueros como Carlos Slim, Vicente Fox y Roberto Hernández, pregunto: ¿quién coordinó esa aberración jurídica –más puñalada trapera sobre el costado de la ciudadanía mexicana?
La respuesta es el diputado priista Dionisio Meade y García de León.
Como milagro de la virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 1998 el degradado poder legislativo de entonces echó sobre las espaldas de los mexicanos, a la manera de las tiendas de raya, una deuda deshonrosa que condujo a millones de familias a perder el precario patrimonio familiar.
Así pues, quienes se encuentran entre los responsables directos de la existencia de “los ninis”, un calificativo discriminador con base en la pobreza extrema, que generalmente muerde y envenena a la niñez y juventud indígenas, son los integrantes de clase política de México, son los empresarios corruptos coludidos con la tecnoburocracia del Estado mexicano.
Y entre ellos sobresalen, por su inteligencia y obediencia al servicio de la dominación de los banqueros, los integrantes de la familia Meade.
Por lo demás, si alguna reforma estructural destruyó, confrontó y dividió al país bajo el gobierno de Peña Nieto fue la exitosa política económica para generar más pobreza, por un buen tiempo en las manos de José Antonio Meade.
Si alguna legislación perjudicó, endeudando el presente y el futuro del pueblo de México, que todavía paga los excesos de la borrachera financiera de 1998, estuvo en la manos Dionisio Meade y García de León.
En la cabeza de Meade la existencia de los jóvenes de Ayotzinapa, o de los hermanos y primos que no logran entrar a la Normal Raúl Isidro Burgos, ni consiguen empleo, por ejemplo, son ubicados socialmente como parias, cuyas vidas no son dignas de vivirse. La juventud que no estudia ni trabaja es, para Meade, la escala social más infíma de la pirámide, pues no es productiva y, por ello, se puede prescindir de su presencia, sobran en la escena nacional.
La opinión de Meade es la expresión más desolada de la nuda vida y el estado de excepción. Una hiriente burla a costillas de la desgracia de los más abandonados, de los más pobres que son millones y van en crecimiento a consecuencia, quién lo duda a estas alturas, del estrepitoso fracaso de las políticas económicas y sociales implementadas y, quizá, diseñadas, en el mismo viejo escritorio familiar de trabajo, por el padre y el hijo y la mano invisible del mercado como espíritu santo.
Miguel Ángel Rodríguez. Doctor en ciencia política por la UNAM.
Secretario académico de Educación Contracorriente A.C.
