El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.
Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie…y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado…una de esas batallas que se libran para que todo siga como está.
Guisseppe di Lampedusa, El Gatopardo.
Ahora que finalmente nuestro país cuenta con una serie de documentos que pretenden establecer el rumbo de la educación para los próximos años (Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, El Modelo Educativo 2016 y la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria) saltan a la vista múltiples interrogantes que van más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas, enfoques y énfasis de lo que el propio gobierno, a través del Secretario de Educación Pública, ha definido como “el planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa”.
¿A qué nos referimos? Pareciera existir una brecha abismal entre lo que se pretende lograr y la realidad de la que se parte, pues el trasfondo del problema sigue siendo el mismo: la terrible inequidad que produce y reproduce la pobreza en la que viven más de 55.3 millones de mexicanos (CONEVAL, 2014; OCDE, 2015). Según la OCDE, “En los últimos 20 años los niveles de pobreza en México no han cambiado debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos”, así como la tendencia regresiva en materia de reducción de pobreza, constituyéndose México en la segunda nación más desigual de las 34 que pertenecen a la OCDE
Ante este escenario, cabe preguntarse cómo se podrá alcanzar la pretensión establecida en el Artículo 3° de la Constitución que establece que el sistema educativo deberá desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano dado que “todo individuo tiene derecho a recibir educación”. Y más lejos todavía, la reforma educativa reciente, ha determinado que esta educación obligatoria que se supone habrá de impartir el Estado, deberá ser de calidad, entendiendo por ello “…que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos” (CPEUM). Así pues, cuándo se dice “todos los individuos” ¿verdaderamente se está pensando en incluir a todos o es simple retórica? ¿el derecho a la educación de calidad es una realidad?
Durante el 2015 se aplicó la recién instaurada prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación del Aprendizaje) con el propósito de “conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales en diferentes momentos de la educación obligatoria ofreciendo información sobre el grado de cumplimiento del derecho a una educación de calidad, el cual debe ser garantizado por el Estado”. Dicha prueba, en la modalidad llamada Evaluación del Logro referida al Sistema Educativo Nacional (ELSEN) arrojó los siguientes resultados:
- Al término de sus estudios, 5 de cada 10 estudiantes de primaria y 3 de cada 10 estudiantes de secundaria no han logrado adquirir los aprendizajes clave de Lenguaje y Comunicación, lo que refleja carencias fundamentales para seguir aprendiendo (puesto que se ubican en el nivel I: logro insuficiente).
- En contraparte, sólo 17 de cada 100 estudiantes (en primaria) y 24 de cada 100 (en secundaria), alcanzan los aprendizajes clave de manera satisfactoria o sobresaliente (niveles III y IV).
En lo que corresponde al área de Matemáticas, el panorama es aún más desalentador:
- Al término de sus estudios, 6 de cada 10 estudiantes de primaria y 2 de cada 3 estudiantes de secundaria no han logrado adquirir los aprendizajes clave.
- En contraparte, sólo 6.8% de los estudiantes de 6° de primaria y el 3.1% de los de 3° de secundaria se ubicaron en el nivel IV (sobresaliente).
Estos datos también coinciden con los resultados de la Prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) en su aplicación del 2015, puesto que sólo el 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias. Por lo que México sigue ocupando de manera consecutiva el último lugar entre los países miembros de la OCDE.
A esto se añade que la desigualdad y la injusticia social de la proporción de estudiantes que se ubican en los niveles de logro más bajos es mucho mayor en las escuelas indígenas, comunitarias y las generales públicas con respecto a las privadas. Para Lenguaje y Comunicación, la cantidad de alumnos que obtuvieron un nivel de logro insuficiente (nivel I) es 6 veces mayor en las escuelas indígenas que en las privadas. De las escuelas indígenas el 80% de estudiantes se ubica en el nivel insuficiente, mientras que sólo el 13.3% de los estudiantes de escuelas privadas se ubica en ese rango. Para Matemáticas la cantidad de alumnos que obtuvieron un nivel de logro insuficiente (nivel I) es 3 veces mayor en las escuelas indígenas que en las privadas. En este caso, de las escuelas indígenas el 83.3% de estudiantes se ubica en el nivel insuficiente, mientras el 25.9% de los estudiantes de escuelas privadas se encuentra en ese nivel.
Esto en parte se entiende porque son precisamente las escuelas indígenas las que cuentan con carencias e insuficiencia de infraestructura, mobiliario, materiales de apoyo educativo y otras condiciones esenciales, según reportó la reciente Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA). Ante tales resultados la conclusión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es clara: “cuanto más alto es el nivel de marginación y menor el tamaño de la localidad en donde se ubica la escuela, los resultados educativos son menos favorables, lo que corrobora que las condiciones sociales y económicas de los estudiantes inciden fuertemente en el logro de sus aprendizajes” (INEE, 2014).
De acuerdo con Pablo Latapí (2009), la educación potencia el desarrollo de la persona y por ello es condición esencial para el disfrute de todos los demás derechos; siendo por ello, un derecho clave (key right) o derecho bisagra. Lo reitera también el propio INEE en su informe sobre el Derecho a una Educación de Calidad: “de su cumplimiento depende que se puedan ejercer mejor todos los otros derechos. Por ejemplo, una persona con alta escolaridad podrá cuidar mejor de su salud y de la de sus hijos; disfrutar en mayor medida de la libertad de pensamiento y de expresión; y ejercer su derecho al voto libre de forma más informada y responsable. De este modo, se afirma que el derecho a la educación —que no es sino el derecho a aprender— está en el centro de la vida de la persona y de la sociedad.”
Sin embargo, como hemos visto, lo anterior está lejos de ser una realidad. Ahora, con la presentación del Modelo Educativo 2016 se habla de formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados que se adapten a estas sociedades y se desempeñen en ellas exitosamente. Así pues, se señala que todo egresado de la Educación Básica y Media Superior debe ser una persona que “se expresa y comunica correctamente, oralmente y por escrito, con confianza y eficacia, tanto en español como en otra lengua materna; es capaz de comunicarse en inglés y emplea el pensamiento hipotético, lógico y matemático.” Del mismo modo, se espera que el egresado “sea competente y responsable en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), utilizándolas para “obtener, procesar, interpretar información y comunicarse con eficacia.”
Ante esto, surge el interrogante de cómo y cuándo estos objetivos se transformarán en una realidad, ya los datos arrojados continún siendo alarmantes. La Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) reportó que 55.2% de los hogares no cuentan con conexión a la red, seguido de un 15% que detalló la inexistencia de proveedores o infraestructura en su localidad. Se advierte claramente también un problema de equidad. Chiapas, Oaxaca y Guerrero reportaron cifras de dos de cada 10 hogares con acceso a este tipo de tecnología. En suma, no se cuenta con la infraestructura ni los recursos suficientes para generar las plataformas que permitan equidad en el uso y acceso a los medios de comunicación e información y al desarrollo de los conocimientos especializados que se requieren para participar efectivamente en este tipo de sociedades.
Ante lo anterior queda claro que, si realmente existe la preocupación y la intención por cumplir el derecho a una educación de calidad, primero debe trabajarse en superar la inequidad y la exclusión del sistema educativo mexicano. Es más que evidente que la asistencia y permanencia en la escuela está intrínsecamente asociada a la condición socioeconómica de los estudiantes. Todo ello nos grita que seguimos muy, pero muy lejos de lograr este derecho indispensable y vital pues sólo quien tiene a su alcance las condiciones para aprender, potenciar su talento y desarrollo, podrá vivir una vida más plena.
En este sentido, poco ayudan los documentos que presentan una serie de buenos deseos, si de antemano se sabe que son letra muerta, dado que el propio Estado no es capaz de garantizar que los derechos plasmados en los documentos puedan cumplirse y ser una realidad. Lo que deja entrever claramente la poca capacidad de respuesta del Estado frente a la pobreza y la inequidad que lejos de subsanarse, aumenta, impidiendo sentar las bases mínimas para garantizar que la educación obligatoria y de calidad sea un derecho para todos.
A esto se suma la gestión inadecuada de un sistema educativo complejo y de gran magnitud en el que la burocracia, las prácticas opacas, la carencia de líneas de comunicación fluidas y más horizontales y los modos de administrar lo educativo, dificultan enormemente una operación eficiente, así como el uso inapropiado de los recursos, de por sí insuficientes. Otros problemas radican en la anteposición que se hace, en materia de política educativa, de los intereses particulares y partidistas usando a la educación como moneda de cambio para negocios corruptos, así también el conflicto sin resolver entre la balanza de mayor participación social vs. privatización. “El debate acerca de si la participación social ha significado una privatización o una democratización se extiende a todos los niveles, desde la pequeña escuela rural que depende de los recursos que aportan los padres de familia, hasta la interferencia de grupos poderosos de la sociedad civil en las grandes decisiones de política educativa” (Ibarrola, 2012). Ello deja espacios poco claros y responsabilidades confusas para que otros grupos (padres de familia, asociaciones civiles o la sociedad en general) puedan intervenir en la mejora educativa.
En suma, para que el cambio educativo verdaderamente sea posible y el derecho a la educación de calidad comience a cumplirse como se expresa en la ley, hace falta mucho más. En palabras de Muñoz Izquierdo (1996), la igualad en la distribución de las oportunidades educativas no sólo implica garantizar a todos el acceso a la educación. Además de ello, debe lograrse la igualdad en las condiciones o medios de aprendizaje de manera que todas las personas tengan los mismos recursos para acceder y participar de la educación . Pero también, debe cumplirse la igualdad en la realización social de estos logros, esto es que todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico puedan obtener los mismos resultados luego de su paso por la escuela y que el impacto social de la educación sea el mismo para todos, sin diferenciar los escenarios sociales en que se desenvuelvan.
No obstante lo anterior, el actual Modelo Educativo 2016 pareciera estar totalmente descontextualizado pues habla de una educación para una realidad muy diferente, por lo que sólo servirá para ampliar más la brecha, si no se acompaña de otras acciones que busquen dar solución a las problemáticas planteadas. Mientras las políticas públicas en materia educativa no se acompañen de una estrategia para el combate a la desigualdad social y siga prevaleciendo una disociación del binomio “educación de calidad” y “equidad”, se seguirá negando el derecho a la educación de calidad a un gran porcentaje de la población.
De esta manera, volvemos a vivir el cambio para que no haya ningún cambio, como dijo en su momento, Guisseppe di Lampedusa en su novela Gatopardo.
Referencias
CONEVAL (2014) “Informe sobre los resultados de la medición de la Pobreza”. COMUNICADO DE PRENSA No. 005 México, D.F. http://www.coneval.org.mx
CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/ LeyesBiblio/pdf/1.pdf
De Ibarrola Nicolín, María (2012). “Los grandes problemas del Sistema Educativo Mexicano”, en Perfiles Educativos, vol. XXXIV, número especial. México: IISUE-UNAM
INEE (2016) “La educación obligatoria en México: Informe 2016”. México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/publicaciones/agosto/Informe2016-290816.pdf
INEE (2014) “El derecho a una educación de calidad: Informe 2014”, México: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/239/P1D239.pdf
INEE (2016) Comunicado de Prensa No. 70. Disponible en: http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/boletines/Comunicado_70.pdf
INEGI (2015) Encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (2015), boletín de prensa núm. 131/16 14 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_03_01.pdf
Latapí Sarre, Pablo (2009). “El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa” en Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 14, núm. 40, enero-marzo,, pp. 255-287. México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C.
Muñoz Izquierdo, Carlos (1996) Origen y Consecuencias de las desigualdades educativas. México: Fondo de Cultura Económica.
OCDE (2015) “Diagnóstico de desarrollo territorial de México”, Estudios Económicos de la OCDE-México. Disponible en: http://www.oecd.org/economy/surveys/Mexico-Overview-2015%20Spanish.pdf
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) (2015). Fascículos 1, 7 y 8. Publicación digital del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Disponibles en: http://www.planea.sep.gob.mx/
Secretaría de Educación Pública (2016) Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, El Modelo Educativo 2016 y Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016.
