Si bien la bomba estalló en Puebla con la Ley Barbosa, no fue el gobernador poblano quien preparó el explosivo, aunque a él le echen montón el sector privado en educación e incluso gente de Morena, su partido. La Secretaría de Educación Pública engendró el huevo de la serpiente.
Uso palabras del costarricense José Luis Callaci (América Latina en Movimiento, 07/11/2018): “El huevo de la serpiente” es una expresión que se utiliza como alerta sobre peligros inminentes que se ciernen sobre una sociedad. Tal denominación proviene de una película del director de cine Ingmar Berman.
Uno de los personajes de dicha película es el doctor Vergerus, un científico que en sus investigaciones afirma que el futuro de Alemania es predecible como un huevo de serpiente, a través de cuya fina membrana puede distinguirse el pequeño reptil ya formado.
Como muchos de los documentos de la Secretaría de Educación Pública en este gobierno, la redacción deja mucho que desear, concedo que puede ser una errata, pero también el bosquejo de un designio de control imperioso. Eso es lo que los líderes del sector privado temen.
La Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada el 15 de mayo, tiene el propósito de armonizar el orden jurídico local con la Ley General de Educación, la cual entró en vigor el año pasado. La Ley Barbosa replica, íntegra, la propuesta de la Ley Marco de Educación para la Entidades Federativas, que concibió la Secretaría de Educación Pública, y a la que Barbosa le agregó de su cosecha.
En el articulado de la ley hay asuntos razonables, protección a los estudiantes y a las familias que asisten al sector privado.
Por ejemplo, prohíbe que los dueños de planteles exijan que compren allí mismo útiles y uniformes.
También exige que cada plantel cuente con personal calificado e instalaciones dignas.
No obstante, el corazón de la litis se encuentra en el artículo 105:
Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas, estatal y municipales, y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.
El artículo 94 de la Ley Marco (99 en la Ley General de Educación), dada a conocer en enero, dice lo mismo, nada más que pone entre paréntesis “nombre de la entidad federativa”, donde en la réplica dice Puebla.
El Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior ven con los ojos del doctor Vergerus el ánimo expropiatorio en la frase de que muebles e inmuebles forman parte del sistema estatal.
En efecto, dadas las diatribas que el Presidente avienta cada mañana contra todo lo que no esté bajo su control, explican los temores de los dueños de las escuelas.
Pero el panorama es confuso. Ayer, Excélsior cabeceó Monreal se lanza contra la Ley Barbosa (p. 2). El jefe de la bancada morenista en el Senado “aclaró que en la reforma aprobada el año pasado en materia educativa, que dio origen al nuevo contenido de la Ley General de Educación, “no se intentó ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas”.
Los legisladores, acaso por no revisar lo que aprueban, le cargan la chamba a la Suprema Corte, pues en las semanas siguientes se interpondrán más de tres mil amparos.
Los diputados de otros estados tal vez pongan sus barbas a remojar y se apliquen a leer los documentos que les llegan, aunque quizá aprueben por consigna.
Creo que el senador Monreal no leyó la Ley Marco ni la Ley General, que dicen lo mismo, pero no va a criticar al secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma, menos al presidente López Obrador. Nadie reparó en ese pasaje el año pasado. A Barbosa le tocó patear la cristalería.
El texto puede ser un gazapo que crea confusión, pero también puede ser una amenaza que al convertirse en ley dejó de ser velada.
Acaso la Cuarta Transformación aprovechó la pandemia para ponerse el anillo en el dedo.
