La medida anunciada el martes busca retomar el control sobre el sistema educativo en Oaxaca, de forma que la autoridad pueda ser realmente eso, autoridad y el sindicato se circunscriba a la defensa de los derechos laborales de sus agremiados. Se busca que el sindicato no sea juez y parte y deje de dinamitar la implementación de la reforma educativa con el bloqueo a las evaluaciones magisteriales y de las pruebas estandarizadas para alumnos.
El decreto firmado por el gobernador Gabino Cué para desaparecer el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) y sustituirlo por un nuevo órgano -del mismo nombre, pero con una estructura completamente distinta- ha sido una decisión sorpresiva, valiente, que llega tarde pero que al final y al cabo busca retomar el control educativo por parte de la autoridad. Entender las dimensiones del alcance de una medida de esta naturaleza es fundamental por sus repercusiones no sólo en esta entidad del sur, sino por sus efectos para avanzar en la implementación de la reforma educativa en el resto del país. Las lecciones recientes de la situación educativa en Oaxaca pueden y deben servir para avanzar el sinuoso y aún largo camino hacia la mejora de la calidad educativa en nuestro país.
Es necesario entender qué motiva esta medida. Derivado de diversas movilizaciones magisteriales desde 1992, el entonces gobernador priísta Heladio Ramírez –con aval del gobernador electo Diódoro Carrasco y del gobierno de Carlos Salinas de Gortari- firmó una minuta en la cual, entre otros aspectos, se le reconocía a la sección 22 del SNTE un banco de plazas del aparato educativo oaxaqueño como su patrimonio. Además se establecía que para todo movimiento del personal del Ieepo era necesario contar con el aval de esta organización sindical. En una malentendida forma de comprar la paz en las calles y lograr potenciales favores de movilización electoral, la autoridad le concedió la administración absoluta del aparato educativo y con ello dotó de instrumentos de control al liderazgo de la 22 para disciplinar absolutamente a sus compañeros sindicalizados.
Si un maestro quería cambiarse de adscripción de la escuela donde enseñaba, tenía que cumplir con las exigencias de participación en marchas y demás acciones disruptivas de su sección sindical. Para asegurarse la participación gremial, a través de la estructura del Ieepo –incluyendo todos los jefes de departamento y directores de área- junto con el reporte de directores de las escuelas, supervisores y jefes de zona escolar, el liderazgo magisterial de la 22 llevaba listas detalladas de asistencia en dichas marchas. La participación conllevaba puntos, canjeables con pagos monetarios complementarios –mordidas- para acceder a horas plazas, tener algún día la posibilidad de ser director de escuela o supervisor, entrar al programa de Carrera Magisterial –con lo que lamentablemente no se privilegió complementos salariales a los mejores docentes, sino a los mejor conectados y disciplinados con sus líderes sindicales, etc. De los descuentos salariales no había que preocuparse. Las ausencias en el aula no serían reportadas por sus compañeros a la dirección del instituto porque el sindicato era la propia autoridad. Además las retenciones temporales de su salario cuando se extendía algún paro magisterial, eran repuestas puntualmente una vez que la autoridad –estatal y/o federal- cedía a las nuevas peticiones sindicales.
La indisciplina se castigaba con exclusión de derechos que supuestamente eran conquistas laborales para todo el magisterio oaxaqueño, pero que en los hechos servían de botín complementario al liderazgo magisterial, tales como el programa de vivienda magisterial y el programa de laptops para docentes. Si esto no fuera suficiente, la fuerza del liderazgo magisterial se robustecía con el control de las cuotas “voluntarias” pero descontadas obligatoriamente cada quincena a todos los miembros sindicalizados -77 mil aproximadamente de los 83 732 individuos que representa la nómina actual del aparato educativo de ese estado. Las cuotas equivalentes al 1 por ciento de los salarios de estos trabajadores representaron hasta hace poco 7 millones 600 mil pesos mensuales, es decir, poco más de 91 millones de pesos al año para las arcas sindicales. Lamentablemente la cadena de la corrupción se extendía al pago de cuotas obligatorias –eufemísticamente denominadas cuotas de solidaridad sindical- exigidas por los jefes de departamento del Ieepo a sus compañeros que querían sus favores administrativos.
Quienes en cada marcha han hablado hasta ahora de su rechazo a la privatización de la educación pública, habían secuestrado para su beneficio privado el sistema educativo financiado con los impuestos de los mexicanos. Los gritos de “no a las cuotas escolares” ocultaban extorsiones de algunos maestros a los padres de familia. Por ejemplo, en las escuelas rurales que son monodocentes –prácticamente 50 por ciento en el caso de Oaxaca- el maestro abusando del “poder de su firma”, condicionada la rúbrica, que era obligatoria para que los hijos de las familias beneficiarias del programa Solidaridad-Oportunidades -hoy Prospera- mantuvieran los apoyos federales.
La eficacia de lograr beneficios a sus agremiados fue contundente: 120 días complementarios de salario entre aguinaldo (40), bono estatal (50), día del maestro (15), prima vacacional (10) y bono de inicio de cursos (5), además de electrodomésticos, útiles escolares para los hijos de los sindicalizados, etc. Cinco gobernadores –incluyendo a Gabino Cué- permitieron que en 23 años se consolidara esta estructura de control y corrupción. No sólo fue por omisión, temor o incapacidad, sino también por complicidad.
Al estar realizando mi investigación doctoral, en diversas entrevistas ex funcionarios federales de distintas administraciones priístas y panistas señalaron que en ocasiones algunos gobernadores –no sólo en Oaxaca- fomentaron las marchas y protestas magisteriales. Fue la forma de forzar a la federación a distribuir recursos adicionales a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) a los estados con más acciones disruptivas. De esta forma, en las calles y no en las aulas, en complicidad magisterio y gobiernos se allegaron más recursos etiquetados para la educación pero desviados a propósitos ajenos a ésta (Ver From the Streets to the Classrooms: the Politics of Education Spending in Mexico Duke University 2012).
Por eso no sorprende que el crecimiento de la nómina magisterial en Oaxaca haya sido a tasas muy superiores a las observadas en la matrícula de educación básica pública en la entidad. Por ejemplo, con Diódoro Carrasco la nómina creció 16 por ciento pero la matrícula de educación básica pública sólo creció 7.9 por ciento. En su sexenio, Murat cedió 12,773 plazas a la sección 22 pese que la matrícula sólo creció 5.9 por ciento. Peor aún, tanto en la administración de Ulises Ruiz como en la del actual gobernador Cué, la matrícula ha caído pero eso no ha importado porque sendos mandatarios nuevamente le cedieron más plazas al liderazgo magisterial oaxaqueño.
En cimientos de corrupción como los descritos es imposible construir un edificio a favor de la calidad educativa. No sorprende que al aprobarse la reforma constitucional y las leyes secundarias en materia educativa, el magisterio se haya opuesto sistemáticamente. Con la conocida fórmula de distorsionar el discurso de la importancia educativa, el liderazgo de la 22 ha hablado de que la reforma es privatizadora, que no reconoce la pluralidad cultural indígena de Oaxaca y de otros estados con importante población indígena. En su intento por desinformar a la sociedad han hablado de que no son necesarias evaluaciones externos, pues ellos han desarrollado sus rutas de autoevaluación. Además, con la centralización de la nómina magisterial federalizada a través del Fondo de Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), los márgenes de corrupción del uso de las transferencias federales se acotaron y por ello la CNTE se opone a ella. (Baste señalar que la corrupción se ha acotado pero no extirpado con el FONE, pues persisten al menos 2237 comisionados al SNTE que recibieron 145 millones de pesos en los primeros tres meses de este año. Esto viola el artículo 78 de la ley del servicio profesional docente que prohíbe comisiones con cargo al erario, pero hasta ahora ninguna autoridad estatal ha sido investigada y sancionada administrativa o penalmente).
La medida anunciada el martes busca retomar el control sobre el sistema educativo en Oaxaca, de forma que la autoridad pueda ser realmente eso, autoridad y el sindicato se circunscriba a la defensa de los derechos laborales de sus agremiados. Se busca que el sindicato no sea juez y parte y deje de dinamitar la implementación de la reforma educativa con el bloqueo a las evaluaciones magisteriales y de las pruebas estandarizadas para alumnos (Planea –antes ENLACE- y PISA). Se abre la oportunidad de levantar información fidedigna del estado que guardan las escuelas en Oaxaca, donde sabemos que al menos 3000 carecen de baño, pero no tenemos hasta ahora una fotografía completa porque la sección 22 bloqueó el levantamiento del censo educativo que contempla la reforma constitucional en materia educativa.
El liderazgo de la sección 22 estiró la cuerda hasta que la rompió. Así alienó los espacios de apoyo popular entre padres de familia y otros sectores de la sociedad, pues los agredió con sus bloqueos y les causó pérdidas económicas a comerciantes, taxistas, gasolineros, etc y afectaciones sustantivas a los padres y al aprendizaje de sus estudiantes. Muchos de los buenos maestros en las filas de la 22 y, que habían sido forzados a participar en las marchas que los convocaban sus líderes, no han salido hoy a defenderlos. Es simbólico que el miércoles la 22 apenas pudo reunir la mitad de los miembros su comité.
Mediante el decreto que sustituye al viejo Ieepo se dejan sin validez todos los actos jurídicos acordados con la antigua institución. No más banco de plazas, no más jefes de departamento para pedir mordidas a sus compañeros o garantizarles el pago de salarios retenidos temporalmente si dejan de acudir al aula para marchar. Las cuentas del magisterio oaxaqueño han sido congeladas por la autoridad, pues se identificaron con precisión por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Se han girado órdenes de aprensión en contra de diversos líderes de la CNTE, en particular de la mayor parte del liderazgo de la sección 22.
El sector que se beneficiaba directamente de los mecanismos de control en Oaxaca sabe que está herido gravemente. Marchará con lo poco que le queda a su disposición. Ya ha dicho que recurrirá al boteo y aportaciones “voluntarias”, que tratará de extraer mediante el bloqueo de carreteras. Difícilmente se mantendrá la solidaridad de un número importante de sus compañeros, pues el liderazgo no puede ofrecerles nada a cambio de su participación ni cuenta con el instrumental para obligarlos a salir a las calles. Temporalmente SEDESOL ha suspendido el requisito de la firma del maestro para los beneficiarios de Prospera, por lo que la “solidaridad” obligada de los padres de familia tampoco estará ahí.
Finalmente, los hechos recientes demuestran que el Estado mexicano puede tener instrumentos para ir desarrollando una recuperación de las instituciones educativas. La coordinación hasta ahora efectiva entre autoridad estatal y federal ha permitido que esta operación se haya implementado con eficacia. Veremos en los próximos días el tamaño de la megamarcha magisterial convocada por la 22, que probablemente no será de la dimensión que esperan sus promotores. Cabe preguntarse qué hará la CETEG en Guerrero, la sección 7 en Chiapas, la 18 en Michoacán. Observaremos si la sección 9 en el DF estará dispuesta a mantenerse marchando en solidaridad con sus compañeros oaxaqueños. Saben que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y que la tijera presupuestal de canonjías en otras entidades se puede estar afilando.
Si el compromiso de la autoridad federal es sólido con el avance de la reforma educativa tiene que entender de una vez por todas que la transparencia es su aliada, no su enemiga. Arrojar luz completa sobre los malos arreglos con las otras secciones sindicales es fundamental para ir limpiando la corrupción al interior de los sistemas educativos en el país. Y por ello debe buscar una coordinación eficaz con el resto de las autoridades en los estados para avanzar en verdaderamente recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. La sección 22 era la más visible en su estrategia de captura institucional de la secretaría de educación pero está lejos de ser la única. Otros gobiernos por malentendidos favores político-electorales, por temor a las afectaciones que acompañan a las marchas magisteriales, le han cedido a las secciones locales del sindicato múltiples posiciones (Ver por ejemplo: Omisiones educativas a un año de la partida de Gordillo).
El Estado cuando quiere puede identificar donde están las cuentas de quienes han abusado del presupuesto educativo y de las cuotas de sus compañeros. Tiene identificado –pues así está documentado en los listados públicos del FONE– que persiste el pago ilegal a 2237 comisionados con dinero federal, más un número indeterminado que muy probablemente están siendo financiados con el erario de los estados y que no han transparentado. Hasta ahora no se ha actuado en consecuencia.
En múltiples ocasiones el secretario Emilio Chuayffet ha enfatizado que la reforma educativa ha logrado recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Lamentablemente aún no es así, pero lo observado en Oaxaca abona a avanzar en esa dirección. Es tiempo de limpiar las casas educativas en los estados y la ciudad de México. Que las secretarías de educación sean lugares en donde el sindicato pueda defender los derechos legítimos de sus trabajadores e impedir abusos como posibles despidos injustificados, pero en las que no sea juez y parte al ser también autoridad.
Finalmente, sería lamentable que en la restructura del aparato educativo en Oaxaca se caiga en la tentación de lograr un instrumento para retomar el control político sobre el magisterio. El control corporativo que acompañó desde un inicio el surgimiento del SNTE le ha hecho mucho daño a la educación en México. Así tampoco se puede construir condiciones de calidad, pues los objetivos educativos se desvirtúan inmediatamente por alcanzar metas político-electorales. El secretario Chuayffet y otras autoridades que constantemente hacen referencias históricas en sus discursos –Vasconcelos, Torres Bodet, Reyes Heroles y demás- deberían tomarse en serio la máxima atribuida a Napoléon Bonaparte: “aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla”. En la joven democracia mexicana no se puede abrir nuevamente la puerta al control político del magisterio. Hay que tomarse en serio las lecciones que se desprenden de este episodio educativo oaxaqueño para avanzar en la implementación de la reforma educativa.
Investigador asociado de México Evalúa, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador visitante del Woodrow Wilson Center en Washington DC.
