Una carta suscrita por casi la totalidad de los directores de institutos, centros y programas del subsistema de investigación de la UNAM dirigieron una a la Cámara de Diputados solicitando el diálogo público en la elaboración de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, propuesta que ha recibido diversas críticas
Esta semana se hizo llegar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados una carta suscrita por la gran mayoría, casi la totalidad, de los directores de institutos, centros y programas del subsistema de investigación de la UNAM, el cual se compone de 35 institutos, 13 centros de investigación y 13 programas universitarios. Además, suscriben la misma comunicación la mayoría de los representantes académicos que forman parte de los consejos técnicos de humanidades e investigación científica de la Universidad.
La carta expresa, en primer lugar, una solicitud para la apertura de audiencias públicas en relación con la “Iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la ley de Planeación”, que debe ser dictaminada, en fecha próxima, por las comisiones del Congreso competentes en la materia. Tal solicitud se justifica “debido a que hay, entre nuestra comunidad académica, algunas inquietudes en relación con la política de humanidades, ciencia y tecnología e innovación”.
Se puntualizan en la misiva los principales motivos de preocupación de la comunidad de investigación de la UNAM representada por sus directivos y consejeros. Son los siguientes: En primer lugar, consideran que la iniciativa entregada a la Cámara de origen “restringe la libertad de investigación al hacer de lado la ciencia básica así como la apertura de nuevos campos de conocimiento”. Se indica, en segundo lugar, que el proyecto legal “presenta contradicciones con el marco legal existente referente a la propiedad intelectual de los desarrollos científicos y tecnológicos”; además, que “genera desventajas para estudiantes (de acuerdo con su disciplina) en los criterios de asignación para el otorgamiento de becas.”
Dos puntos adicionales, también motivo de preocupación, son que, en la iniciativa referida, “no se desarrollan criterios y políticas específicas y diferenciadas para el desarrollo de las humanidades, las ciencias, la tecnología y la innovación” y tampoco se “establecen medidas presupuestales acordes con nuestra Constitución Política”.
Los puntos del comunicado de la UNAM coinciden con algunas de las críticas que otras comunidades académicas han vertido sobre la iniciativa de ley, aunque no agotan el amplio catálogo de cuestionamientos de los que ha sido objeto el proyecto. Se ha cuestionado, entre otros aspectos, el enfoque centralista y autoritario de la conducción de la política científica y tecnológica al concentrar, en buena medida, el poder de decisión sobre la misma en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que reemplaza al actual Conacyt y pretende ser el organismo rector tanto de la política pública correspondiente como del sistema nacional en su conjunto lo que, entre otros ángulos, entra en fricción con la autonomía universitaria y con un sano esquema de gobernanza en el que participaran, para contribuir a la toma de decisiones, los representantes del sector académico, de las entidades federativas y del sector privado que realiza actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
También ha sido objeto de crítica la eliminación de estímulos a los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores adscritos a universidades y centros de investigación de carácter privado. No menos relevante, la intención de orientar a los integrantes del SNI a los dictados de una Agenda Nacional de Investigación, que sería organizada por el Consejo Nacional, y de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) del propio Consejo.
Para algunos, no pocos, resulta confusa en la ley la inclusión de términos como “equidad epistemológica”, “diálogo de saberes” e “interculturalidad” referidos a la actividad y producción científica y humanística. Se indica, no sin razón, que dichas expresiones tendrían que ser definidas en el marco de la ley para evitar ambigüedades. En el mismo orden de ideas, se ha señalado que el contenido de la norma referido a las comunidades indígenas y afromexicanas requiere ser previamente consultado con éstas, porque ello es un requisito establecido tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Sobre el capítulo referido a los Centros Públicos también han llovido críticas y propuestas. Una de las más importantes se refiere a la necesidad de dotar de autonomía académica (no solo de gestión y presupuestal) a dichas entidades, lo que garantizaría independencia a las mismas para la determinación de sus planes y programas en materia docente y de investigación. Más aún, se propone que los académicos adscritos a los Centros Públicos gocen de los mismos derechos laborales que sus pares en universidades autónomas, es decir el régimen correspondiente al apartado A del artículo 123 constitucional. Por dos razones: porque su labor no debe ser asimilada a la de la burocracia pública, y porque las tareas que realizan son, para todos los efectos prácticos, las mismas que llevan a cabo los docentes e investigadores de las IES que gozan de autonomía.
Del lado de las entidades federativas se critica la ley por restringir el enfoque federalista que debiera incorporar una norma general. Se cancela la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología que conjuntaba a la totalidad de los titulares de los organismos de la materia en los estados y la Ciudad de México, y en su lugar se propone una regionalización que será, en su caso, determinada por el Consejo Nacional. Además, la el proyecto no incluye opciones claras para el fomento financiero de estas actividades dentro de las entidades.
También se ha cuestionado la marginación en la posible ley de organismos sociales que agrupan académicos en varias disciplinas, en particular la Academia Mexicana de Ciencias, así como las respectivas de Ingeniería y Medicina las cuales, sin lugar a dudas, han jugado un papel histórico relevante en la articulación del sistema de ciencia y tecnología.
Es probable que el legislativo abra un espacio de interlocución a través del parlamento abierto. Lo que está en duda es si se hará caso a las expresiones de la comunidad crítica o se hará operar a la mayoría legislativa del partido gobernante. Pronto lo veremos.
