Tratemos de entender el contexto en el que se desenvuelven algunos acontecimientos que en el ámbito de la educación se han dado en las últimas semanas: la reprogramación del periodo de evaluaciones para el magisterio; la selectiva persecución administrativa a quienes no fueron a la evaluación y la presentación del modelo “La Escuela al Centro”.
No debemos perder de vista que nos encontramos inmersos en un ambiente electoral, que si bien irradia doce entidades federativas, también es visto como el primer ensayo antes de las elecciones del 2018, en las que se definirá el partido político que habrá de abanderar la presidencia de la república en nuestro país, su correlación de fuerzas en los gobiernos estatales y las cámaras legislativas, así como la de los otros partidos.
Es por ello que, una nueva etapa de agresión hacia los maestros pondría en riesgo, no sólo las posibilidades del más activo candidato presidencial, Aurelio Nuño, sino también la viabilidad del PRI en el gobierno; por supuesto me refiero a una latente reacción magisterial desde la movilización social, desde la organización política de sectores más amplios de la sociedad para detener la Reforma Educativa y el conjunto de las reformas estructurales.
En este contexto, por supuesto que les preocupa la inesperada respuesta de la CNTE; el bloqueo total a las elecciones al que antaño se convocó a nivel nacional, no resultó del todo favorable al magisterio disidente: inhibió el voto de los sectores progresistas, mientras que salió a relucir el voto duro del priismo. En esta ocasión, la incitación es al voto de castigo contra los partidos que firmaron el Pacto por México, donde se incluyó la Reforma Educativa; esta medida ha obstaculizado en otros momentos el avance de las posiciones más antisociales, mientras que se crean, no políticas más populares, pero sí condiciones favorables para la vida orgánica de la organización magisterial.
El ambiente político resulta muy complicado, razón por la cual el gobierno mexicano ha calculado que por el momento no son pertinentes los encuentros frontales contra las y los maestros, por ello las cifras conservadoras y selectivas de notificaciones para el despido, intentando, por un lado cumplir con las presiones de los sectores empresariales y por otro ubicar estados donde la reacción del magisterio podría ser menos contundente.
No significa cancelar la Reforma Educativa, sólo es aplazar su imposición más violenta para otro momento y otro escenario que podría, incluso, trasladarse hasta después del 2018; se trata de una decisión cautelosa. Me parece que el partido en el poder está apostando por una posición de consenso con los electores, y la presentación de “Escuelas al Centro” es parte de esa misma ruta.
Lo que mostró la Secretaría de Educación Pública como modelo educativo es más una propuesta electoral que una plataforma educativa viable; el supuesto incremento de la planta docente para cubrir diversas necesidades pedagógicas y administrativas: inglés, tecnologías de la información, fortalecimiento de la lectoescritura, artísticas, educación física e inclusión, así como las nuevas subdirecciones y figuras de apoyo a las supervisiones, implicaría cientos de miles de nuevas contrataciones y eso va en sentido opuesto a la lógica de la Reforma Educativa, que por el contrario ha disminuido considerablemente ascensos y nuevos ingresos en el servicio profesional docente.
Podemos decir entonces, sin temor a la equivocación, que la propuesta de ampliar la planta docente será un asunto representativo, con impacto mínimo en las escuelas, imperceptible para los centros educativos de mayor rezago en cuanto a recursos humanos; hablamos de las zonas rurales, indígenas y marginales de las áreas urbanas, donde la gran mayoría son multigrado o de organización incompleta, ahí las carencias son tan agudas que tienen tres, dos y hasta un sólo maestro que hace de administrativo, intendente, director subdirector y velador a la vez.
El desmedido discurso de Aurelio Nuño, se desvanecerá en el corto tiempo como cualquier otra promesa de campaña, porque sencillamente su propuesta no está acompañada de un modelo pedagógico ni de evaluación que rompa con el limitado desarrollo humano demandado por las competencias laborales y tampoco está respaldado económicamente con el incremento al presupuesto educativo.
Por su parte, el programa para el fortalecimiento de la infraestructura escolar “Escuelas al CIEN”, intenta convencer a los padres y madres de familia de que se llevará inversión directa a los centros educativos, efectivamente en montos considerables, pero lo que no se dice es que será a costa de la deuda pública a largo plazo, a través de la adquisición de bonos bursátiles con Banco INVEX, cuyo fundador ha sido miembro de los consejos administrativos de FEMSA-Coca Cola, Maseca y el Tecnológico de Monterrey.
Banco INVEX ha crecido al auspicio del gobierno, se coloca ya entre los contratistas y acreedores preferidos de las administraciones públicas estatales; tan sólo pongamos como ejemplo el fallido Corredor Cultural Chapultepec que Mancera pretendió entregarle por medio de deuda pública y que no se llevó a cabo debido a la oposición social. Esta misma financiera, ha sumido en agudas crisis económicas a estados como Michoacán, cuyas consecuencias han derivado en la suspensión de depósitos para el fondo de pensiones estatales, así como en la retención de pagos a los trabadores en activo de casi todas las dependencias públicas.
Estamos frente a la abierta campaña gubernamental que se enfila a mantener su poder político, en ella la educación y los alumnos son lo que menos les importa, pero el engaño debe ser puesto al descubierto.
El Diálogo Nacional por la Educación, que sesionará el 20 de febrero en las instalaciones de la Sección 9, es una oportunidad de la sociedad para que propongamos una verdadera reforma educativa, es el pretexto perfecto para encontrarnos los que sí ponemos en el centro a las escuelas y a las generaciones presentes que construirán nuestro futuro.
Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular. Profesor de educación básica en el estado de Michoacán.