Laura María Ramírez M.*
En México hay casi 4 millones de niñas, niños y jóvenes que no asisten a la escuela (UNICEF, 2016). Para Mexicanos Primero, como organización que trabaja por el derecho a aprender, es preocupante saber que todavía existen niñas y niños que no logran acceder a la escuela, deciden abandonarla o son excluidos del sistema.
Son muchos los factores que hacen que un joven no pueda seguir asistiendo a la escuela. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2016) reporta que 21% de los jóvenes que abandonan la escuela en Latinoamérica lo hacen por problemas de dinero, mientras que 16% lo hacen por obligaciones en el hogar. Sin embargo, éstas no son las únicas causas que llevan a una persona a tomar la decisión de dejar la escuela. En este espacio presentamos una arista menos estudiada, pero que puede influir para lograr mayores niveles de permanencia escolar: la participación social.
A partir de 1993, México incluyó la participación social en educación en la Ley General de Educación, y creó los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) como instancias para fomentar que los actores escolares se involucren en la escuela. Sin embargo, la participación social no siempre se logra según lo dicho en la ley. Los padres de familia enfrentan problemas para ser parte activa de la comunidad escolar: no siempre cuentan con la información necesaria sobre la educación de sus hijos además de que creen que no pueden exigir una mejor educación pública por no pagarla (Save the Children, 2013). Asimismo, los jóvenes dicen no sentirse escuchados en las escuelas; sus intereses, sus expectativas y su visión del mundo no se ven representados. Esto hace que no vean el espacio escolar como un lugar para desarrollarse plenamente (Ramírez, 2015).
En el ciclo escolar 2014-2015, 87.5% de las escuelas de educación básica registraron tener un CEPS, pero sólo 36% de ellos tienen comités y 27% establecieron metas de trabajo. De los 229.557 centros escolares, 39% recibieron un informe de transparencia por parte de la escuela (CONAPASE, 2015). A pesar del aumento en la conformación de los consejos, siguen sin cumplir con el objetivo de involucrar a la comunidad escolar para mejorar los procesos y lograr que se rindan cuentas.
No basta con plasmar en la legislación mecanismos de participación si no se tiene claro para qué sirven. La participación debe ser entendida como un derecho de todos los actores involucrados: familias, estudiantes, maestros, directivos, comunidad. Además, se ha visto que cuando los padres de familia se involucran en la educación tienen un impacto positivo en el logro académico de sus hijos (Save de Children, 2013). Es una forma de empoderar a los estudiantes para que sean parte de su proceso educativo y contribuye para que la escuela sea un espacio de formación ciudadana para niños y jóvenes. La democracia no se enseña en una clase; se vive en la cotidianidad y cuando se tienen espacios escolares abiertos al diálogo y a la búsqueda conjunta de soluciones.
En México, necesitamos más espacios de participación social donde la escuela sea pública: de todos y donde todos sean escuchados para buscar soluciones que favorezcan el aprendizaje; donde la comunidad trabaje para que los estudiantes se sientan parte importante de la escuela y puedan hablar sobre lo que consideran relevante para su formación personal, académica y ciudadana; donde los padres de familia se involucren en los procesos de aprendizaje; y donde el diálogo sea la base para la toma de decisiones. Es posible que un espacio así sea lo que los estudiantes buscan para permanecer allí y lograr trayectorias completas y exitosas.
*Coordinadora temática de REDUCA
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