Por Fernando Ruiz
El reciente anuncio sobre la reducción del techo financiero del gasto educativo junto con el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto educativo ejercido en 2014, son un recordatorio para no perder de vista la importancia de construir mecanismos sociales para vigilar que el dinero público no se desvíe de sus objetivos fundamentales. El aparato burocrático es un devorador de recursos que fácilmente puede perder el rumbo y alejarse de lo esencial: garantizar que nuestras jóvenes generaciones encuentren oportunidades vitales en las escuelas.
Si bien la reforma educativa ha impuesto nuevas prioridades, no es la única solución a todos los males que aquejan a nuestro sistema educativo. Durante décadas se han forjado entre la burocracia y el magisterio prácticas nocivas e ilegales para apropiarse de porciones del jugosísimo presupuesto educativo. No debemos olvidar que las inercias son fuertes y difíciles de erradicar. No van a cambiar de la noche a la mañana. El presupuesto de educación básica es asignado, ejercido y operado por más de un centenar de unidades administrativas y consumida por centenares de miles de maestros, trabajadores, proveedores y familias.
Aunque uno de los males crónicos que afecta el ejercicio del gasto es la corrupción, cuando se le agrega la desorientación, el daño producido es aún mucho mayor y con mayor impacto a largo plazo. Considerando que no podemos apostarle todo a una incipiente e incierta política anticorrupción, es deseable que la propia ciudadanía participe de la vigilancia. Ante este panorama es necesario que la información sea un instrumento útil para fijar prioridades y corregir desviaciones no sólo de los gobiernos sino de la sociedad misma.
Por eso hemos demandado continuamente más y mejor información. En días pasados hemos exigido que el Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA) se lleve a cabo en la forma originalmente contemplada, y lo deseable sería que fuera realmente censal. ¿Qué mejor instrumento para orientar el gasto público que uno que identifique a todos y cada uno de los grupos y niños con necesidades de atención prioritaria? Por eso también exigiremos que los resultados de la evaluación de desempeño que ayer se dieron a conocer sean totalmente públicos. Aún con sus limitaciones, dicha información permitirá dirigir recursos y esfuerzos en la formación profesional de los maestros, y para la verificación y monitoreo de padres y ciudadanos.
Nos congratulamos que el gobierno federal arroje luz sobre las inversiones en infraestructura educativa, un sector tradicionalmente opaco, ineficiente y capturado. La apertura del portal del Programa Escuelas al CIEN es un buen ejemplo de cómo deben vincularse información, gasto público y participación ciudadana. Pero sólo es un esfuerzo inicial que esperamos escale en propuestas más ambiciosas y no quede como hecho aislado y pasivo que con el paso del tiempo quede desactualizado y pierda efectividad, como en su momento ocurrió con el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RENAME), los portales de cumplimiento del artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010,2011 y 2012, el portal del concurso de plazas docentes, y muy tristemente el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
Pedimos a los funcionarios que dejen de sentirse ofendidos por la crítica social. Los ofendidos somos los ciudadanos cuando continuamente vemos como la información esencial para la comprensión de los problemas educativos es ocultada, retenida, filtrada o liberada a cuentagotas. La apertura de información debe ser una apuesta para mejorar la asignación de recursos a través de la participación ciudadana.
Investigador de Mexicanos Primero
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