Siguen existiendo condiciones que muestran injusticias persistentes en el sistema educativo mexicano
Fui invitada a Monterrey para participar XXVII Jornadas de Actualización Docente “Educación y Justicia Social” de la Escuela de Ciencias de la Educación, temática que me llevó a explorar las teorías y los enfoques de las cuales se desprenden la fundamentación de las políticas orientadas a la justicia social que básicamente son: la centrada en bienes sociales primarios en donde Rawls es el exponente principal; las centradas en las capacidades humanas como la de Amartya Sen y Martha Nussbaum; la centrada en derechos humanos a partir de los planteamientos de la ONU, y la centrada en la justicia epistémica de Amanda Fricker.
Todas estas teorías aportan sus perspectivas, por lo que no hay una perspectiva de justicia superior a otra, pues su importancia radica en identificar la métrica de justicia (y de igualdad) en educación, así como los principios que contribuyen a fundamentar políticas educativas orientadas a la justicia social (Mendoza, 2022). Durante décadas, el principio de diferencia de la teoría de Rawls ha sido referente -implícito o explícito- de un buen número de estrategias enfocadas a lograr equidad. Actualmente en las políticas educativas en el mundo y en nuestro país, se observa la prevalencia del enfoque basado en los derechos humanos.
En los Objetivos de la Agenda ONU para 2030, se lee en el cuarto objetivo:
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
En el Artículo Tercero Constitucional de nuestro país, se remarca que toda persona tiene derecho a la educación. En la Ley General de Educación de México, en el artículo segundo y en consonancia con el Tercero Constitucional, se fundamenta que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación y que está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia, y en el artículo once, que el Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación.
Lo anterior, fundamenta los principios en los que se basa la NEM. En el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022, se señala que en la enseñanza y el aprendizaje atraviesan procesos familiares, comunitarios, sociales, culturales y económicos que influyen poderosamente en la vida de las escuelas, además de que, en última instancia, un principio de justicia social es una condición para plantear un currículo con sentido de bienestar para la educación pública obligatoria, así como ser parte de diversos procesos educativos vinculados con la comunidad-territorio, para elaborar proyectos dirigidos a la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente (p.61).
Dentro de sus siete ejes articuladores, en tres de ellos, se destacan de manera explícita conceptos derivados de la justicia social: Inclusión, que implica decolonizar el conocimiento del currículo, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la práctica docente y en la evaluación de los aprendizajes de la educación básica, a nivel epistemológico, teórico, analítico y metodológico, que derive en un pensamiento crítico aprendido desde la educación preescolar y en un sentido profundo que favorezca la inclusión de las diferencias. Pensamiento crítico, entendido como la recuperación del otro desde la diversidad, que se concreta en la capacidad que desarrollan las niñas, niños y adolescentes para interrogar la realidad y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a los otros y que pasan inadvertidas por considerarse “normales”, pero que en realidad son construcciones históricas que se generaron a partir de diversas formas de explotación, control del trabajo y relaciones de género. Interculturalidad crítica, que se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales y territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes aprendizajes en un marco de relaciones asimétricas por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, en la que el Estado se erige como el responsable social, político y jurídico, que garantiza la igualdad de derechos y favorece la creación de espacios para diversas epistemologías y el diálogo de saberes. Hasta aquí lo planteado en los enfoques, las teorías, las normativas y las narrativas vigentes, pero pensado la educación ¿qué hay más allá de lo expuesto?
La justicia en México se relaciona con algunas de las metas que consideran aminorar la pobreza y la desigualdad en el acceso a derechos, como los programas que buscan redistribuir recursos económicos a través del otorgamiento de transferencias monetarias directas a ciertos sectores de la población; con las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que pretenden “promover una educación integral, equitativa y de calidad”; con el reto de lograr la universalización de la educación superior, con la promoción de una educación de calidad para los NNA, entre las más destacadas, sin embargo siguen sin aprender lo suficiente los niños, niñas y jóvenes que estudian la educación obligatoria y siguen existiendo condiciones que muestran injusticias persistentes en el sistema educativo mexicano.
Ya Pablo Latapí Sarre (1993), destacaba que la educación tiene que distribuirse con equidad, sin embargo y relacionando con la justicia educativa, la “igualdad de oportunidades” tiene implicaciones diferentes según el escenario que se escoja, que provoca que sea muy difícilmente aplicable a los casos individuales ya que:
a) El punto de partida de la educación individual es diferente (por el ambiente familiar, el talento y las aptitudes etc.)
b) Las preferencias individuales son también muy diferentes, y es muy difícil —por no decir imposible— establecer equivalencias.
c) El entorno social (incluyendo aquí las características de los compañeros de escuela y de aula, que son un muy importante factor de la calidad educativa) es también muy distinto,
d) Y, sobre todo, la educación supone siempre un esfuerzo personal; no es un bien que se dé; es una tarea que realiza cada persona, con ciertos apoyos y recursos que no necesariamente determinan los resultados (p.122).
También se pueden identificar ambigüedades en la aplicación de la igualdad de oportunidades, tomando en cuenta todo lo que implica: la igualdad de acceso, la igualdad de insumos, la igualdad de resultados, la igualdad de procesos, la igualdad proporcional, ya que cada una tendría que dar pie a estrategias de desarrollo y de compensación educativa enteramente diferentes. Además de lo anterior, hay supuestos de carácter sociopolítico y cultural, como por ejemplo: que en nuestra sociedad el individuo se confronta con instituciones sociales que velan por el bien de todos y que son capaces de responder a sus necesidades; que la sociedad es “meritocrática” y que su dinámica real se mueve por el deseo de logro en todos los individuos, donde la competencia, la imparcialidad o la correspondencia de méritos y recompensas son aceptadas por todos y que nuestra sociedad responde al tipo de organización democrática y no un poder central el que concentra todos los bienes y recursos. Con todo lo anterior se puede argumentar que es insostenible que la justicia social sea para todos.
Si bien la educación es un derecho de todos los seres humanos, pero dada su naturaleza, su distribución debería conciliar los intereses de la persona, de la sociedad y del propio Estado y es aquí donde considero que las y los maestros pueden hacer la diferencia dentro de un panorama realmente complejo, especialmente, porque deben de construir puntos de conexión para el tratamiento de los diferentes campos formativos, a través de proyectos y tomando en cuenta los ejes articuladores, de acuerdo con sus saberes, la dinámica del curso, las características de sus grupos y los contextos en los que laboran, lo que no puede sustraerse de educar para y en la justicia social.
Y la pregunta central entonces es: ¿por dónde empezar? Pienso en la necesidad de promover espacios formativos en donde se pueda explicitar la complejidad de concretar en nuestras prácticas lo anterior, ya que pocas veces somos conscientes de nuestros propios privilegios y desconocemos, invisibilizamos o reproducimos las diversas formas de discriminación que continúan manifestándose, incluso dentro de los salones de clase y no sabemos cómo responder a las desigualdades e injusticias que siguen presentes en la sociedad contemporánea.
Es necesario, por tanto, encauzar a los actores educativos a conocerse a sí mismos, partiendo de que la mayoría de las personas tenemos identidades tanto privilegiadas como en desventaja; estas confluencias de las identidades sociales afectan la vida de las personas y a esto llamamos interseccionalidad, resultado de la combinación de las identidades sociales en un individuo.
Una propuesta es trabajar desde la perspectiva interseccional, que implica un análisis que se hace sobre la interacción dinámica que las diversas características personales ejercen sobre los múltiples aspectos de la identidad (Almeida, Dolan-Del Vecchio y Parker, 2012), partiendo de que las oportunidades y beneficios que recibe una persona serán diferentes, dependiendo de su interseccionalidad, ya que existen personas en condiciones de vulnerabilidad y éstas tendrán más riesgo de sufrir discriminación, marginación o segregación a través de alguna de las manifestaciones de la opresión: racismo, clasismo, sexismo, etc. o bien no tendrán acceso a las mismas opciones de empleo dos mujeres por ejemplo, una siendo heterosexual, clase media, profesionista, blanca y la otra siendo lesbiana, indígena y pobre.
Finalizo con enumerar una serie de objetivos que pueden desarrollarse a partir de estrategias dialógicas que promuevan la reflexión individual y colectiva, que permitiría adentrarse en la necesidad de profundizar en la justicia social desde nuestros diversos espacios de acción, que nos conduzcan en la resignificación y en el reaprender sobre las relaciones humanas.
– Reconocer los prejuicios y estereotipos falsos ante lo “diverso”.
– Tomar conciencia de las creencias y actitudes y evaluar su validez.
– Comparar los puntos de vista con otras versiones de la realidad y utilizar el análisis crítico para fundamentar sus opiniones
– Analizar los privilegios y reflexionar sobre cómo éstos pueden actuar en beneficio de los más vulnerables.
– Comprender el vínculo entre las oportunidades en la vida y acceso a derechos, y las categorías o identidades sociales que se poseen
– Reflexionar sobre cómo la ideología dominante moldea las conciencias individuales, las estructuras y prácticas institucionales y las normas culturales.
– Analizar cómo los problemas individuales son a menudo reflejo de temas sociales más profundos.
– Identificar cómo las injusticias sociales se manifiestan y experimentan en los niveles individual, cultural y social.
Referencias
Almeida, Dolan-Del Vecchio y Parker (2012). Foundation Concepts for Social Justice-Based Therapy: Critical Consciousness, Accountability and Empowerment. En E. Aldarondo (ed.), Advancing Social Justice through Clinical Practice (pp. 175-206). Routledge.
Mendoza, D. (2022). ¿Cómo entender y promover la justicia social en educación? Implicaciones para las políticas educativas en contextos de emergencia. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 2022, VOL. 27, NÚM. 94, PP. 829-853 (ISSN: 14056666 • ISSN-e 25942271)
Latapí, P. (1993). Reflexiones sobre la justicia en la educación. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), Vol. XXIII, No. 2, pp. 9-41
Publicado originalmente en e-consulta
