La inminente designación del nuevo rector o rectora por la Junta de Gobierno de la UNAM es un tema crucial para la institución y con un interés que se extiende más allá de los muros de Copilco. Lo que allí ocurra, por su contenido y por su forma, tendrá ecos externos, e incluso puede generar efectos específicos en otras instituciones de educación superior del país que tienen en la universidad nacional uno de sus referentes. Los ángulos de influencia de la institución en el escenario nacional son variados y es frecuente observar que otras universidades siguen sus pautas en materia académica o política, legislativa y financiera. Todo ello, lejos de ser motivo de orgullo vano, implica una profunda responsabilidad institucional.
En el momento actual, el ángulo más visible de la UNAM es el de la política. En ese ángulo se concentran, además de la designación de sus altos cargos, otros temas fundamentales como la definición y construcción de las grandes decisiones de la institución, los mecanismos de participación de sus actores, la forma en que se dirimen las diferencias y se construyen los consensos, la vinculación institucional ante el gobierno y la definición de los compromisos universitarios ante una sociedad compleja y asimétrica. En breve, lo que ocurra en términos políticos a lo largo de las siguientes semanas, contará con el escrutinio de los cerca de 400 mil integrantes de la comunidad universitaria y también será ampliamente seguido por otros sectores sociales.
Las posiciones sobre el proceso de designación del nuevo rectorado distan de ser uniformes, y mientras unas voces reivindican su plena vigencia y validez, otras aluden a la pérdida de su legitimidad. Entre ambos polos es que se inscriben las demandas por mayor transparencia del proceso, de debate abierto entre quienes aspiran al cargo o, de plano, el reclamo de una reforma sustantiva para elegir a quien ocupe la rectoría. En este último supuesto es que se plantea la incorporación de nuevas modalidades de elección, ya sea a través de una Junta de Gobierno renovada y fortalecida, o por medio de un sistema de representación indirecta, como el Consejo Universitario, e incluso a través de un sistema de votación universal ponderada o no.
Si bien todas las ideas resultan sugerentes para comenzar a discutir las formas de elección en la UNAM, lo cierto es que un plazo de seis semanas no parece suficiente para cambiar lo que después de 70 años se ha mantenido intacto. Así, de manera independiente a la oportunidad de señalar las insuficiencias del gobierno universitario, una reforma a sus estructuras y procesos solamente podrá lograrse a partir de una pausada y profunda reflexión, así como de un intenso proceso de construcción de acuerdos en materia de política universitaria. Hoy resulta claro que el tema del gobierno de la UNAM no puede estar ausente de la agenda de quien pretenda gobernar la institución a partir de 2015 y que el conjunto de órganos colegiados y figuras unipersonales ha de ser analizado de manera exhaustiva e integral en términos de su composición, atribuciones, operatividad y, por supuesto, de sus responsabilidades. Todo ello en una perspectiva que atienda el porvenir de la UNAM.
¿Y en estas seis semanas? De acuerdo con en el marco normativo vigente, la Junta de Gobierno goza de gran independencia: más allá de lo simbólico no rinde cuentas y sus decisiones son inapelables. Su integración se debe formalmente al nombramiento del Consejo Universitario y en otros casos, como las sustituciones, a la designación desde la propia junta. Sin embargo, en la realidad los consejeros universitarios apenas tienen juego en la elección de los miembros de la Junta de Gobierno y no es ningún secreto decir que sus integrantes son impulsados desde la cúpula universitaria. Y esto no significa que los miembros de la junta sean de manera necesaria incondicionales del rector o estén subordinados a él, pues en no pocas ocasiones se dan expresiones de autonomía e incluso de oposición en los procesos de designación de autoridades. De manera adicional, también existen evidencias de las tensiones que ha vivido la Junta de Gobierno y de su respuesta ante la injerencia de fuerzas externas a la UNAM.
Sobre este punto es posible referir las obras del doctor Guillermo Soberón ( El Médico, el Rector, México, FCE, El Colegio Nacional, UNAM, 2015), y de don Jesús Silva Herzog ( Una historia de la Universidad de México y sus problemas, México, Siglo XXI, 1974), quienes aluden a diferentes momentos históricos en los que influyentes miembros de la clase política nacional, principalmente presidentes de la República, buscaron incidir en el nombramiento del rector de la UNAM. Así las cosas, hoy la Junta de Gobierno tiene ante sí la oportunidad de demostrar que, sin vulnerar su marco normativo, es posible construir un proceso convincente en términos de su racionalidad interna y, sobre todo, con independencia frente a las presiones externas. Acerca de esto último y frente a las declaraciones del joven secretario de Educación Pública, resulta necesario recordarle que la Constitución de nuestro país ya establece un marco autonómico para la UNAM y que su cumplimiento no es opcional.
En el proceso para la designación de quien encabece la rectoría entre 2015 y 2019, la Junta de Gobierno tiene las condiciones ideales para impulsar un ejercicio de horizontalidad universitaria que se desmarque de la obsoleta separación entre gobernantes y gobernados y para alcanzar el objetivo mayor de operar como el máximo órgano de gobierno de todos los universitarios. Hoy la Junta de Gobierno de la UNAM se debate entre responder al pasado o comenzar a construir el futuro de la institución. La respuesta está en sus manos.
*Profesor e Investigador de la UNAM
