Luis Antonio Mata Zúñiga / Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Ibero Ciudad de México / ODEJ-LAB*
Las autoridades educativas han anunciado con entusiasmo un nuevo esquema de asignación de espacios para cursar el bachillerato tras la desaparición de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems). Sin embargo, al revisar sus detalles, se advierte que las modificaciones son superficiales y no resuelven la inequidad, los problemas de calidad ni la preferencia de los estudiantes por ciertos planteles.
El mecanismo propuesto, que incluye registro directo o incluso un sorteo (“tómbola”), promete igualdad y cupo para todos. Pero los problemas fundamentales –sobredemanda en los planteles de mayor prestigio, escasa oferta de la UNAM y el IPN, deficiencias estructurales en los planteles y condiciones laborales precarias para los docentes– siguen sin atenderse.
Aunque es cierto que el examen único de la Comipems favorecía a estudiantes con mayores recursos, la función original de este organismo era distribuir a alrededor de 280 mil egresados de secundaria en diversos subsistemas según su mérito académico. Dado que la UNAM y el IPN mantendrán el esquema tradicional de exámenes de admisión, la desaparición de la Comipems resulta entonces un cambio menor: los bachilleratos de prestigio mantendrán su filtro de ingreso, mientras que el resto asignará estudiantes mediante proximidad de domicilio o por azar.
Bajo el nuevo esquema, las autoridades celebran la garantía de que ningún aspirante se quedará sin un lugar; sin embargo, la opción de ingresar a otros subsistemas (Conalep, Colegio de Bachilleres, IEMS, etcétera) ya existía para quienes no obtenían un sitio en la UNAM o el IPN. El verdadero problema persiste: a los planteles e instituciones de mayor prestigio acceden en mayor proporción quienes cuentan con mejores condiciones de tránsito (mejores recursos en el hogar, mayor escolaridad de los padres y mejores rendimientos escolares en el año anterior), mientras que aquellos jóvenes que no consiguen un lugar en las escuelas o instituciones de su preferencia son asignados a planteles no deseados, varios de ellos estigmatizados, con bajos niveles académicos, infraestructura deficiente y entornos inseguros, lo que necesariamente incide en las trayectorias y horizontes de los estudiantes.
La Secretaría de Educación Pública sostiene que el sorteo garantizará la equidad, incorporando una cuota de género con un mínimo de 50% de mujeres y asignando lugares cercanos al domicilio de cada estudiante. Sin embargo, diversas investigaciones han advertido que quienes viven en zonas con mayor marginación social suelen contar con escuelas peor equipadas, con menor infraestructura y con un entorno inseguro (González, 2006; Benita, 2016). En consecuencia, el nuevo mecanismo podría incluso profundizar las desigualdades, pues perpetúa la lógica territorial y la distribución inequitativa de recursos educativos.
Además, el abandono escolar en la EMS, que ronda 40%, motivado no sólo por razones económicas, sino también por la falta de interés estudiantil y la baja pertinencia de los planes de estudio no está siendo contemplada en el nuevo esquema. Un reacomodo de los procedimientos de ingreso no atiende tampoco este problema.
Incluso, con la iniciativa de la implementación del pase reglamentado de la UAM para estudiantes destacados del Colegio de Bachilleres, con el fin de reconocer su esfuerzo y facilitar su acceso a la educación superior no resuelve los problemas del prestigio diferenciado entre las opciones educativas del bachillerato, ni la falta de seguimiento a la trayectoria estudiantil.
Quienes hemos tenido la oportunidad de impartir clases en el primer año de licenciatura en la UNAM y en la UAM sabemos que un alto porcentaje de estudiantes de la UNAM proviene de la ENP y del CCH gracias al pase reglamentado; y que, por otro lado, un porcentaje importante de ingresantes de la UAM ya eran egresados del Colegio de Bachilleres. Por ello, el nuevo esquema que proponen las autoridades educativas luce superficial, pues no modifica las inercias sociales ni frena la reproducción de desigualdades en el acceso a las opciones educativas.
Para abordar de manera efectiva las desigualdades e ineficiencias inherentes al sistema actual de acceso a la educación, es necesario implementar varias reformas estructurales. En primer lugar, es esencial una reestructuración en la asignación de recursos a las escuelas en zonas marginadas para nivelar las condiciones de los estudiantes en los diferentes estratos socioeconómicos. Además, un sistema robusto de seguimiento y apoyo a los estudiantes, especialmente a aquellos en instituciones de menor prestigio, contribuiría a reducir las tasas de abandono escolar y a mejorar los resultados académicos. Esto podría incluir programas de mentoría, apoyo académico personalizado y un currículo más alineado con las necesidades de las comunidades locales. Asimismo, fomentar una mayor colaboración entre las instituciones de educación superior, además de enfatizar la formación técnica y profesional, podría ofrecer vías diversas para los estudiantes, mejorando tanto la calidad como la pertinencia de la educación recibida. Tales reformas requerirían una voluntad política sostenida, una financiación adecuada y un enfoque inclusivo que considere las diversas necesidades de los estudiantes.
En síntesis, la desaparición de la Comipems y la adopción de sorteos o asignaciones por proximidad geográfica resultan poco afortunadas en aras de un modelo más equitativo e incluyente, sobre todo cuando la UNAM y el IPN mantienen su examen, y los problemas estructurales de la EMS –desigualdades, falta de recursos y altos niveles de abandono– permanecen sin cambios. Mientras no se apliquen reformas de fondo que ataquen las diferencias en la asignación de recursos, fortalezcan las escuelas, mejoren sustancialmente las condiciones docentes y se reconozca la diversidad de los perfiles estudiantiles, seguiremos atestiguando cómo, año tras año, una mayoría de jóvenes mexicanos ingresa a un bachillerato que no les convence y sin garantías de un acompañamiento que estimule su permanencia y desempeño.
El nuevo sistema, en esencia, no transforma la desigualdad social que desde hace tiempo permea la EMS y, por ende, mantendrá el mismo patrón de exclusión y frustración para miles de jóvenes que buscan legítimamente una mejor oportunidad. Frente a la evidencia hasta ahora, es posible afirmar que el nuevo sistema está lejos de cumplir el derecho a la EMS con inclusión y equidad, dado que sigue favoreciendo a los sectores más privilegiados.
Referencias
Benita, F. (2016). Social Backwardness in Mexico City Metropolitan Area. Social Indicators Research 126(1), 141-60. https://doi.org/10.1007/s11205-015-0889-6.
González, M. (2006). Absentismo y abandono escolar: una situación singular de la exclusión educativa. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio En Educacion, 4(1).
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