Las opiniones políticamente correctas han insistido en justificar los problemas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca por sus singularidades históricas, étnicas y sociales, pero dejan de lado que éstas son la consecuencia de los arreglos políticos engendrados por décadas entre los liderazgos estatales y la CNTE y otros grupos, de los enormes grados de improductividad e ineficiencia de sus economías y de la visión con que se ha abordado la mayoría de sus políticas públicas. Por ende, en la combinación perversa de estas variables radica la explicación del atraso social y la estafa educativa que ha asolado a esas entidades y que, por lo visto, se va a profundizar en los próximos años.
El sureste mexicano ha simbolizado algo así como un acto de redención para hacer creer que se está del lado de los pobres. Falso. No ha habido sexenio que no los pusiera en la máxima prioridad y los recursos públicos federales fluyeron con largueza por décadas. Tan solo para 2019, entre todos los ramos, fondos y convenios, el gasto federalizado en los cuatro estados donde domina la CNTE será de poco más de 274 mil millones de pesos. De esa riada, muchos vivales se han aprovechado alegremente con resultados catastróficos: a pesar de que la educación que imparten a los niños de esas entidades es la peor en el país y obtienen por ello los resultados nacionales más bajos, sus docentes son de los mejores pagados: en promedio, en esas cuatro entidades, perciben un paquete salarial, con prestaciones y bonos, muy por encima del que ganan los maestros de otros 16 estados que muestran mejores rendimientos escolares.
Hoy esos estados tienen tasas de analfabetismo entre 11 y 14 por ciento (y con numerosos municipios donde llegan hasta el 40 por ciento), mientras que la media nacional es de 4 por ciento; la tasa de reprobación en primaria es tres y cuatro veces más alta que en el resto del país; el grado promedio de escolaridad es apenas de 7.5 años, cuando el promedio nacional es dos años más alto, y los logros de aprendizaje de los niños del sureste, medidos donde se han podido aplicar las pruebas PLANEA, porque esos estados se niegan sistemáticamente a ser evaluados, se ubican en el nivel más bajo, lo que significa que probablemente entre 80 y 97 por ciento de los alumnos muestra un dominio insuficiente de los aprendizajes clave del currículo. Estos resultados constituyen la herencia pura y dura de la CNTE.
El segundo daño de consideración es que la interacción de la autoridad con la CNTE ha consistido en profundizar una de las taras congénitas de la vida mexicana desde el siglo XIX: la costumbre de torcer, violar o negociar la ley, sin que este camino, de por sí indebido, haya arrojado beneficios reales para el desarrollo, la inclusión y la equidad en esa zona del país, entre otras razones porque cualquier estrategia política instrumentada desde el centro, y esto es bien sabido, choca con la lógica que dio vida y crecimiento a la CNTE. Es decir, crear, desde que nació en 1979, una dinámica basada en la movilización-negociación-movilización para crear la apariencia de “ingobernabilidad” y, de esta manera, obligar a las distintas autoridades a negociar, obtener prebendas ilegales, avanzar en sus objetivos, realizar un “repliegue táctico” y volverse a movilizar. Ese es el círculo vicioso que alimenta una tensión natural en política, o, mejor dicho, del balance de poder que la explica: si se perciben en desventaja se moderan, pero si sienten que ese balance los favorece, como ahora, se radicalizan.
La tercera variable en este pulso es el efecto demostración. En política, la gobernabilidad consiste en que el Estado sea capaz de situarse por encima de todos los actores y desde allí regular el conflicto. Pero cuando se privilegia a uno de ellos (que en el caso de la CNTE representa sólo el 6 por ciento de la membresía total del SNTE), se altera el equilibrio y se generan incentivos perversos para que otros persigan la satisfacción parcial de sus intereses, que pueden ser distintos entre sí y contrapuestos al del Estado. En la actual coyuntura parece haberse generado el combustible para inducir ese efecto sobre otros agentes y sectores, no obstante la limitada representatividad real de uno de ellos. En otras palabras, es, políticamente, una pésima inversión.
En cuarto lugar, toda política educativa seria tiene siempre y en todas partes, un nivel de conflictividad. La reforma de la pasada administración, todavía hoy la más valorada en las encuestas, naturalmente no fue la excepción, entre otras razones porque quebró una estructura de control corporativo y de venta de plazas, políticas y territorios que dañó gravemente la educación de los niños. El ejemplo más abominable de esa estructura, aunque no el único, fue la CNTE. Sus líderes secuestraron las administraciones educativas estatales; nombraban funcionarios a placer y discreción; cerraban escuelas un día sí y el otro también; enviaban al cesto de la basura los planes y programas de estudio, y evitaban cualquier tipo de evaluación.
Pero, por otro lado, distrajeron en abundancia los presupuestos públicos y los recursos de los maestros, en beneficio de las camarillas que encabezan la organización. Por ejemplo, de acuerdo con investigaciones de las autoridades fiscales federales, entre 2012 y 2015, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección XXII de la CNTE, que lo tienen prohibido por la Ley Federal del Trabajo y los Estatutos del SNTE, un variado número de empresas comerciales le entregaban a dicha sección una comisión del 3.5 por ciento, calculado sobre la cobranza de cada quincena, por las ventas que hacían a sus agremiados, a los cuales, a su vez, se les descontaba el pago a través de la nómina habitual cuando esa sección aún controlaba la administración educativa estatal. Los recursos así levantados fueron a parar, a través de transferencias bancarias en esos años, al menos hacia 7 cuentas de la Sección XXII en Banco Santander y fueron recibidos, administrados y posteriormente retirados por diversos dirigentes de la sección; tan solo en una de las cuentas se recibieron 187 depósitos de varias empresas por 31.9 millones de pesos, posteriormente retirados mediante 116 operaciones por un monto de 31.6 millones de pesos, los que, a su vez, fueron dispersados hacia otras cuentas de la propia sección y finalmente distribuidos mediante cheques, en efectivo o por transferencias electrónicas (SPEI). Este es sólo uno de varios casos.
El otro ejemplo, más conocido, era el tráfico de plazas docentes y administrativas. La CNTE (y también varias secciones del SNTE), administraron por años esta modalidad de incorporación al sistema educativo. En diversos estados, el precio oscilaba entre los 150 y 300 mil pesos; las de mayor precio eran para el nivel de primaria, en la cifra máxima de este rango; en telesecundaria costaban 280 mil pesos; para docentes en servicio que querían incrementar sus horas-clase en bachillerato había que erogar entre 10 y 30 mil pesos por carga docente y una promoción dentro del escalafón podía llegar hasta 50 mil pesos. En las plazas administrativas, el monto se ubicaba entre 150 y 180 mil pesos cada una, o bien, otra opción, era dar, heredar o alquilar a amigos y parientes que no tenían el perfil ni la capacidad alguna para ser docentes y amenazaban o extorsionaban a los buenos maestros. Si gracias a la reforma educativa de la pasada administración se asignaron, por estricto concurso público de oposición para el ingreso, más de 200 mil plazas docentes, se entiende mejor el valor del negocio que la “mal llamada” les hizo perder y que hoy van a recuperar.
En suma, esta ha sido una historia nítida y documentada de delincuencia organizada, de la que fueron parte, por cierto, algunos diputados federales que, en estricto derecho, no deberían estar en esa Cámara, sino ante los tribunales. Si la política trata de dotar de sentido, entonces trata de romper vicios, apoyar a los maestros genuinamente responsables y decentes, ofrecer una educación de excelencia y darles a los niños, en especial a los más pobres y marginados, una herramienta fundamental para que vivan mejor.
