Entre las clases política y empresarial que promovieron las modificaciones legales en materia educativa y que finalmente se concretaron en el año 2013, predominó un discurso amañado y perverso: el maestro era la principal causa de la tragedia educativa del país, por lo tanto, era necesario evaluarlo, hacer más difíciles sus condiciones de contratación y permanencia, pero más fáciles, para el patrón, las maneras de despedirlo. Así pues, para los pobres resultados educativos se encontró un chivo expiatorio, al cual se tachó, mediante linchamientos mediáticos perfectamente orquestados, de holgazán, ignorante, revoltoso e irresponsable, por mencionar algunos adjetivos. Se logró hacer creer a gran parte de la población que la fórmula del éxito educativo radicaba en tener mejores maestros, no obstante hubiera niños que ni siquiera pueden matricularse en una escuela o planteles que operan en condiciones físicas deplorables. Si bien los docentes cumplen un papel fundamental para el logro educativo, se consiguió distraer a la opinión pública y ocultar algunos de los grandes problemas educativos del país, de los cuales, no son responsables los profesores.
Una de las condiciones básicas para el ejercicio pleno del derecho educativo es el acceso a las escuelas, lo que constituye uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. De acuerdo con el documento Panorama Educativo de México 2015. Indicadores del Sistema educativo Nacional. Educación básica y media superior, publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), para el ciclo escolar 2014-2015 existía en México una población de 33,623,014 niños y jóvenes en edad típica (3 a 17 años) para cursar la educación obligatoria (desde preescolar hasta media superior). De esa población, 3,607,214 no lograron matricularse en el nivel educativo que les correspondía, concentrándose los alumnos no inscritos en el primer y el último escalón del trayecto educativo obligatorio. Particularmente, son los jóvenes de 15 a 17 años quienes sufren en mayor medida la falta de oportunidades educativas, pues más de un tercio de ellos se encuentra fuera de las escuelas. Asimismo, los niños más pequeños, de 3 a 5 años, sufren una afectación importante en cuanto a acceso a educación: uno de cada cinco no está matriculado.
Aunado al acceso a las escuelas, existe otro factor esencial para cristalizar el derecho educativo: la permanencia. Para analizar este fenómeno, el documento referido en el párrafo anterior toma a consideración el ciclo escolar 2013-2014, en el cual, en educación primaria, se registran 111,865 desertores, en secundaria 272,372 y en media superior 714,975. Lo anterior, sin tomar en cuenta la educación preescolar (pues no se ofrecen datos sobre este nivel), da un total de 1,099,212 estudiantes que no pudieron continuar con sus estudios.
De este modo, considerando los fenómenos de la falta de acceso y peramencia, se puede decir que de los más de 33 millones de niños y jóvenes en edad típica para recibir educación obligatoria, 4,706,426 (13.9%, proporcionalmente 1 de cada 8) no lograron matricularse o permanecer en el nivel educativo correspondiente. Estas cifras alarmantes ponen en entredicho uno de los supuestos más aceptados por las autoridades educativas: que la cobertura educativa es un tema del pasado, y ahora sólo queda enfocar los esfuerzos en la calidad de la misma. Olvidan que hablar de cobertura no implica únicamente tener una escuela cercana, sino crear las condiciones para que los niños vayan a ella y culminen satisfactoriamente los procesos que en ella se emprenden. ¿De qué sirve tener una escuela en cada pueblo si la pobreza, el hambre, la desnutrición o el trabajo infantil, por mencionar algunos factores, impedirán que los alumnos accedan y permanezcan en ella?
Los discursos de las clases políticas y empresariales rara vez incluyen las desastrosas cifras que se han expuesto en este escrito. Algunos no sólo guardan silencio, sino que se aventuran a presentar datos diferentes a los vertidos por los organismos especializados en estas mediciones, como el caso del presidente Enrique Peña Nieto (http://www.24-horas.mx/destaca-pena-avances-en-cobertura-educativa/), quien, no obstante que el INEE señala que el 35% de jóvenes en edad de estudiar bachillerato no están matriculados, señala que gracias a los esfuerzos de su gobierno ahora sólo 20% de los jóvenes se encuentran fuera de las escuelas de educación media superior. Si Peña admitiera que los niveles de cobertura en Bachillerato son prácticamente iguales desde el inicio de su sexenio, implícitamente estaría aceptando alguna de las siguientes opciones: o no hay suficiente inversión en educación o las condiciones sociales no han mejorado para permitir que los jóvenes se dediquen al estudio, o ambas.
Sin duda las cifras negativas en cuanto a acceso y permanencia en educación son motivo de vergüenza para la clase gobernante, pues no sólo refleja su falta de interés y de capacidad en el tema educativo, sino también es una consecuencia clara y directa de la ineficacia de las acciones y políticas públicas que han derivado en un deterioro del desarrollo social y económico. Como lo muestran diversos estudios, existen factores extraescolares poderosos que determinan la estancia de un alumno en la escuela: “las condiciones de marginalidad, pobreza, vulnerabilidad social; el prematuro ingreso al mundo laboral, la segmentación social, la inestabilidad social, […] las adicciones y el embarazo temprano en adolescentes” (SEP, 2012, p. 06). Asimismo, existen factores al interior de las escuelas que inciden en la permanencia de los alumnos en la misma, tales como las prácticas pedagógicas inadecuadas o el bajo aprovechamiento académico (SEP,2012). Por su parte, Ruiz, García y Pérez (2014) establecen que la deserción es un fenómeno que se origina por motivos personales, económicos y familiares, principalmente.
Así pues, los problemas de acceso y permanencia a las escuelas ponen de manifiesto que la educación es un derecho que, para su ejercicio pleno, ocupa la conjugación de varios factores. No basta con tener infraestructura y docentes preparados, sino de pulir una serie de condiciones sociales y económicas que hagan que los alumnos puedan disfrutar de este trascendental derecho. Los fenómenos de abandono escolar y no matriculación poco tienen que ver con la voluntad de los estudiantes, por lo tanto, valdría la pena preguntarnos: ¿son los alumnos quienes abandonan a la escuela o es la escuela quien abandona a los alumnos?
REFERENCIAS:
INEE. Panorama Educativo de México 2015. Indicadores del Sistema Educativo Nacional. Educación básica y media superior. México: Autor, 2016.
RUIZ, Rosalva, GARCÍA José y PÉREZ María. Causas y consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato: caso Universidad Autónoma de Sinaloa. México: Universidad Autónoma Indígena de México, 2014. (Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46132134004)
