Miguel Ángel Pérez Reynoso
Recientemente y a partir de la aprobación de la llamada Ley General de la Educación Superior (LGES) en México (abril de 2021), se ha abierto un espacio de reflexión y de debate en torno no sólo a legislar dicho subsistema que forma parte del sistema educativo nacional sino también a re-pensar a la educación superior dentro del contexto nacional.
Autores como Roberto Rodríguez Gómez y Hugo Aboites entre muchos otros se han ocupado de analizar no sólo los cambios en la legislación sino también las implicaciones que esta tiene para la vida de las universidades, a la par de las necesidades formativas en el país.
Un poco de historia
El movimiento revolucionario de 1910, como una de sus grades promesas fue la de garantizar la justicia social para las mexicanas y los mexicanos; ahí se pensaba en educación, salud y vivienda para la mayoría de los compatriotas. Pero se refiere que en dicha época cerca del 80% de la población era analfabeta, la mirada del compromiso social y político estaba dirigido hacia abajo, es decir en garantizar la educación básica para todas y todos. A la educación superior se le veía (y en parte se le sigue viendo) como un gran privilegio de unos pocos. El espacio de la educación superior en nuestro país, generó algunas burocracias de sectores privilegiados (grupos de privilegiados para atender a otros pocos privilegiados) y que poco a poco dio lugar a las principales Universidades del país (con la UNAM a la cabeza), y junto a ella algunas universidades estatales. De ahí que el acceso a la educación superior no se define en su carácter obligatorio en las normas mexicanas. Algunas universidades enarbolaron la consigna de ser universidades públicas y populares, sin embrago en el fondo esta ha sido una trampa ideológica. Por ejemplo, en Jalisco la Universidad de Guadalajara, es la universidad pública oficial, sus principales competidores están en el sector privado. Sin embrago, de cada 10 aspirantes a dicha universidad pública solo encuentran lugar 4 admitidos en cada promoción, los 6 restantes (el 60% de la demanda en términos globales), deberán de moverse a partir de pagar por el servicio, buscar otras opciones formativas que no estaban pensadas en su aspiración como primera instancia o de plano quedar fuera de la formación universitaria.
La génesis de la ley actual.
A lo largo de la historia (según los autores citados), no les importó a las cúpulas universitarias, legislar, Aboites dice que el sistema educativo estaba dividido en dos grades espacios: a) educación básica (la gran mayoría del sistema) y b) la educación superior. Todos los planes, programas e iniciativos de reforma estaban destinadas a darle claridad al proceso de educación básica y todo lo que quedaba afuera formaba parte de otras iniciativas iban destinadas a la educación superior.
Puede decirse que a todo lo largo del siglo XX el Estado se desentendió de vigilar la regulación legal de la educación superior, el antecedente de la actual ley es un decreto de 1978 llamado Ley para la Coordinación de la Educación superior, con tan solo 27 artículos.
Lo novedosa de la nueva ley o de la ley recientemente aprobada.
Una de las novedades de la ley recientemente promulga de la educación superior, es que divide al sistema de educación superior en tres grandes sub- sistemas:
- El espacio de las universidades. Aquí entran las universidades autónomas, las universidades estatales y las privadas y el grupo de instituciones de educación superior agrupadas en el ANUIES. Este es el espacio que por excelencia se ha conocido como el de educación superior, aquí se concentran los principales recursos, las decisiones, la dirección y el rumbo que toma la educación superior en el país. A partir de la noción de autonomía esta es usada en dicho sistema, con dos principios: I. Como forma de auto gobernarse cada una de las instituciones y el agrupamiento de las mismas y II. Como forma de evitar injerencias externas incluso del propio Estado, a partir de argumentar de que sus acuerdos son soberanos.
- Los institutos tecnólogos. Con el Instituto Politécnico Nacional a la cabeza pero que también incluye a todos los institutos tecnológicos y universidades tecnológicas del país
- Y el ultimo sub sistema es el de la formación (escuelas Normales).
La división si bien tiene que ver con una justificación temática de los asuntos para los cuales se dirige o se ocupa cada institución de educación superior, también de manera subordinada tiene que ver con el asunto de la distribución de los recursos (financiamiento público), con las reglas de gobernanza (formas de gobierno), relación con las autoridades políticas en cada entidad y a nivel federal.
También los tres sub sistemas ocupan espacios de prioridad en la esfera de gobierno en ese mismo orden: primero las universidades, luego los tecnológicos y al final el espacio de la formación. Y en este último sub sistema, llama la atención que en la ley solo aparezcan las escuelas Normales y estén fuera otras instituciones como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
La ley entonces recupera el espíritu de esta racionalidad, regular y ordenar la vida de la educación superior, reconocer al sistema con tres grades espacios llamados sub sistemas, pero lo que no resuelve es el asunto de la distribución de recursos y cuotas de poder. A la ley se le concibe como un avance en cuanto a llenar un vacío para ordenar la vida institucional de la educación superior, pero deja muchas lagunas en cuanto a la forma de vincular y relacionarse con cada uno de los tres sub sistemas. La UNAM y algunas universidades estatales son los grandes monstruos que por tradición han acaparado recursos y visibilidad política en el universo de la educación superior, pero ¿que pasará con las universidades pequeñas, las privadas que su capacidad de interlocución con las esferas de gobierno no es muy poderosa y sobre todo con el sub sistema de la formación?
Aboites recomienda por la vía de los hechos aprovechar la ley para movilizarse y saber negociar; para disputar y ganar espacios, obtener mejores recursos, ganar visibilidad, temer un espacio de gobernanza, auto gobernarse. Rodríguez reconoce que la palabra autonomía en los círculos universitarios es un concepto seductor que da prestigio y permite clarificar y delimitar formas de delimitación con el resto de las instancias del mismo sistema.
A partir de lo anterior, la UPN tiene el gran reto de hacer valer su proyecto en el marco de la nueva ley, primero deberá de visibilizarse de una mejor manera, disputar la hegemonía del sub sistema de formación, para más adelante disputar mayores y mejores espacios de recursos y de margen institucional y un tratamiento en igualdad de circunstancias con los grades aparatos universitarios en el país. Para ello se requiere que la comunidad de la UPN sea más astuta, no consumirse en pequeñas contradicciones, unificar una postura que le sirva para lograr los objetivos antes mencionados.
La ley es un avance, pero no resuelve todo, para lo único que sirve ahora, es para clarificar el tipo de agenda que cada institución deberá establecer desde su interior y confeccionar un camino o una ruta de acción para el loro de los objetivos que se tracen. En la idea de Roberto Rodríguez son tres grandes aspiraciones que se ponen en juego: recursos financieros, gobernanza en cuanto a la capacidad de autoderminarse con un proceso claro desde el interior de cada institución y visibilidad publica para poder establecer puentes con el resto de las universidades y de la sociedad en su conjunto.
A partir de todo lo anterior, la UPN requiere capacidad de cabildeo con el resto de las instancias y apurar la redacción de una ley orgánica que desde el interior permita negociar con el exterior en el sentido de que primero, ya logró o fue capaz de ponerse de acuerdo y definir qué es, qué hace, cómo define el asunto de la organización interna y la forma de organizarse en un proyecto nacional y cuál es el catálogo de necesidades y de peticiones que solicita y que deberán garantizarse por ley.
Puede que haya otros caminos, pero este sirve para entender la actual ley como área de oportunidad para sacar adelante un nuevo capítulo del presente y que la UPN aun con todas sus diversidades, su historia y la pluralidad que la caracteriza sea capaz de generar un gran acuerdo interno que (la) defina con la mayor claridad posible hacia dónde quiere dirigir sus próximos años en la vida institucional y mantener el compromiso social de seguir con el compromiso de contribuir a mejorar la educación pública en México poniendo por encima el legado de su lema como principio rector “Educar para transformar”.
