Fidel Ibarra López*
El pasado 12 de agosto se publicó un artículo de un servidor en este espacio el cual se intitulaba “¿Vamos hacia una estatización de la educación?”. En ese texto, un servidor hacía eco de las declaraciones del empresario educativo Américo Ferrara, dueño del Instituto Brillamont, en San Pedro, Nuevo León, el cual planteaba como escenario la “nacionalización de la educación en México”. En este texto un servidor que no había condiciones -hasta el momento- para estatizar la educación en México; pero sí existía -y existe- un “temor” entre los empresarios de la educación para que se vaya perfilando un escenario hacia ese propósito.
El presidente López Obrador se refirió al tema en la mañanera del 12 de agosto señalando que en México se va a “mantener el sistema de educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares sin hacer un lado a la educación privada”. Un servidor señaló en otro artículo que se publicó en este mismo espacio que esa declaración se podía interpretar como un “no los vamos a desplazar, van a seguir ofreciendo educación como lo están haciendo hasta el momento”. Esa declaración -señalamos en su momento- puede atemperar las “preocupaciones de los directivos”; pero es una declaración que se queda corta. En esa mañanera el presidente pudo haber extendido la mano a la educación privada y haber señalado a la educación privada como “aliada” del gobierno federal para “alcanzar los propósitos que este gobierno pretende llevar a cabo en la materia” (Educación Futura, 2 de septiembre del 2019).
En lugar de ello, el presidente López Obrador ha vuelto a señalar a la educación dentro de su concepción neoliberal que utiliza cada vez que recurre al pasado para justificar su política de gobierno. La referencia la hizo el pasado 1 de diciembre en el marco de la celebración de su primer año de gobierno. Ahí expresó lo que le hemos escuchado reiteradamente cada vez que aborda el tema educativo en su discurso: que la educación se privatizó de forma deliberada al generarse un escenario de expulsión de miles de jóvenes de la educación pública universitaria al cerrárseles las puertas utilizando como “pretexto” los exámenes de admisión. Esta concepción la viene exponiendo en dos espacios de discusión política: en sus libros que ha publicado y en su rol como actor opositor al régimen.
Planteado así, es claro que el presidente no tiene en buen término a la educación privada. La concibe como resultado de la política neoliberal que se estableció en México en los últimos 30 años. Y ello se constituye en problema si se pretende avanzar en la agenda educativa. Llegado a este punto, es pertinente integrar una contradicción que presenta el gobierno federal en su relación con el capital privado: el presidente López Obrador no tiene empacho ahora en llegar a acuerdos con la élite empresarial de este país -después de haberlos criticado acremente durante la campaña electoral- en aras de lograr mayores niveles de inversión privada para detonar el empleo y el crecimiento económico el próximo año -la realidad termina por imponerse-. ¿No tendría que establecerse la relación en los mismos términos con el capital privado en el ámbito educativo para lograr los objetivos que se ha planteado el gobierno federal en materia de cobertura y de calidad educativa? En el plano formal, no tendría que haber problema alguno; pero sí lo hay. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es ideológica. En el campo educativo la “ideología” se constituye en un imperativo para avanzar en una agenda de gran calado con el capital privado. Se le acusaría de “neoliberal” al presidente si hace un movimiento de ese tipo.
Además, la educación representa una agenda “vital” para el presidente López Obrador en lo referente a su política social. En ese sentido, el presentar “buenos números” en términos de acceso a la educación; infraestructura; y de apoyos a los alumnos de escasos recursos económicos es de suma importancia para el presidente. Y desde esta concepción, la educación privada no encaja. Antes que concebirla como aliada, se recela de ella.
Algunos autores están señalando una concepción distinta a lo que un servidor ha planteado hasta aquí. Afirman, a propósito de la discusión sobre el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, que hay una postura de “favorecer” o “beneficiar” a las universidades privadas a partir de que en el anteproyecto de marras no se presentan cambios sustantivos respecto a la forma como vienen operando las universidades privadas hasta ahora (De Garay, Adrián, Educación Futura, 29 de noviembre del 2019). Y los argumentos que se presentan para sostener esta posición son los siguientes: 1) Que hay actores del gobierno de Morena que tienen intereses en la educación privada universitaria; y 2) Porque el gobierno de López Obrador requiere de la participación de la educación privada para llegar a la meta del 50% de cobertura.
No coincidimos con esa argumentación. Si no se integran cambios a lo que se propone para las universidades privadas se puede leer de igual forma en otro sentido: no hay cambios porque no se tiene proyecto para integrarlas. Y lo afirmo por lo siguiente: si desde 1978 la Ley General de Educación Universitaria no ha sufrido modificación alguna a pesar del proceso de reformas educativas que se han presentado desde 1993, es tiempo entonces -en esta ocasión que se está planteando sacar adelante una nueva ley en la materia- plantearse una normatividad de gran calado donde la educación pública y la educación privada universitaria converjan hacia un proyecto educativo con perspectiva de Estado de acuerdo con los intereses nacionales de nuestro país para los próximos 30 ó 40 años.
¿Se está planteando a ese nivel? No. Las universidades privadas tienen observancia en los últimos 10 artículos del anteproyecto de la Ley. Y los artículos que se están planteando tienen que ver con un conjunto de regulaciones que deben cumplir las instituciones privadas. No hay una perspectiva estratégica en ese articulado, solamente un marco regulatorio. Más nada. Entonces, ¿estamos ante una legislación que favorece a las universidades privadas o ante una legislación que aspira solamente a regular a las instituciones privadas puesto que no hay un proyecto para integrarlas en un todo de mayor calado; esto es, un proyecto de nación?
Desde nuestra perspectiva, el gobierno de López Obrador tendría que tenderle la mano -vuelvo a esta expresión que utilicé en un artículo que se publicó en este espacio el pasado 2 de septiembre- a la educación privada. No hay condiciones en este momento para que pueda sacar adelante sus objetivos con los recursos públicos y la infraestructura educativa que se tienen en el país en todos los niveles educativos. La educación privada le puede coadyuvar en ese propósito. Y le puede coadyuvar de acuerdo con los principios que el gobierno federal establezca.
Que en la educación privada opera en un marco mercantil, con bajos estándares de calidad educativa, eso depende de la institución; pero en efecto existe. Así como en la educación pública también se tienen graves condicionantes. Y los que hemos estado en ambos lados de la cancha lo sabemos. No obstante, me parece que en la coyuntura actual se debe rebasar esa discusión respecto a que la educación privada es sinónimo de educación neoliberal; y pensar de fondo un proyecto educativo de gran calado donde la educación pública y la privada converjan hacia el proyecto de nación.
Un paso importante para ello es que el presidente modere su discurso hacia la educación privada y extienda la mano hacia el capital privado. No hay contradicción si lo hace en otros ámbitos económicos.
Y señalamos lo anterior, porque hasta el momento, el discurso del presidente deja la impresión que, en esta agenda, la educación privada es adversaria antes que una aliada. ¿O no?
*Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV).
