Sandra Leticia Reyes Alvarez*
No sorprende que la decisión de regresar a las clases presenciales, es una decisión autoritaria disfrazada de un hipócrita interés por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la cual las autoridades de la SEP y su titular Delfina Gómez Álvarez avalan con absoluta pleitesía y sin ningún cuestionamiento, ahora además se suma la disposición del subsecretario de salud Hugo López-Gatell al señalar que “ante el regreso a clases se realizarán ajustes al Semáforo Epidemiológico para considerar al sector educativo como parte de las actividades esenciales de modo que no esté sujeta a restricciones según el color que se presente en las entidades”, esto quiere decir, que incluso en semáforo rojo, las clases presenciales tendrán luz verde para realizarse.
Sin entrar en controversia con el particular uso que se ha hecho del semáforo epidemiológico y el casi nulo respeto de los lineamientos que conlleva, tanto por parte de los individuos como de las autoridades gubernamentales, llama la atención y resulta preocupante la sentencia que Gatell hace en torno a la esencialidad de las actividades educativas y que respalda el autoritarismo presidencial.
Quizás el carácter esencial de la educación es algo con lo que podemos estar de acuerdo, y vale la pena señalar que pese a todas las dificultades, desigualdades y una serie de problemáticas que han afectado por años a la educación en México -que se agudizaron tras el inicio de la pandemia- las clases se mantuvieron en la mayoría del país y del mejor modo posible, huelga decir, fue gracias al compromiso y responsabilidad de docentes, estudiantes, padres y madres de familia y unas pocas y contadas autoridades educativas de menor rango y no a los altos mandos de la SEP, quienes con estrategias unilaterales e ineficaces -las cuales por cierto jamás se analizaron con detalle ni replantearon para lograr una incidencia real y efectiva- dieron por cumplido su trabajo. En lo que no podemos acordar es que la esencialidad de la educación implique una vuelta a la presencialidad sin más. Si el Dr. Gatell supone que su disposición es algo nuevo habría que decirle que no, pues maestros y maestros siempre supimos que nuestro trabajo es esencial, el que se realice en un aula física o en un aula virtual, es un asunto distinto.
El presidente López Obrador dice que ya fue mucho tiempo, que las escuelas no pueden permanecer cerradas más tiempo y que llueva, truene o relampagueé, las clases presenciales van. Frente a ese autoritarismo, la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que “es impostergable el regreso voluntario de las y los estudiantes a las escuelas” y por su parte, la secretaria de la SEP ha dicho que la vuelta a las aulas “será respetando la decisión que cada familia tome al respecto”. Lo que habría que analizar sobre estas afirmaciones es ¿Qué pasa con el respeto a las y los docentes sobre el regreso a las aulas? ¿Habrá algún tipo de sanción en caso de no acatar estas medidas? ¿Qué sucederá con las y los estudiantes que decidan no volver a clases presenciales? ¿Cómo tendrán acceso a la continuación de su formación si no asisten a las aulas? ¿Se han previsto estas situaciones? ¿Se han pensado estrategias al respecto? ¿Se aplicará una modalidad híbrida? ¿Quiénes y cómo planearán las estrategias acordes a ello? ¿Han pensado en cómo esto afectará la economía, carga de trabajo y salud física y emocional de docentes y estudiantes?
Sobre estas últimas preguntas es fundamental increpar tanto a las autoridades de la SEP, la Secretaría de Salud y al presidente, porque su tajante decisión de la vuelta a las aulas sin considerar las voces de la comunidad escolar, principalmente estudiantes y docentes, evidencia que desde luego no se han planteado este tipo de escenarios y mucho menos posibles soluciones al respecto.
Tampoco parece que -pese al asesoramiento de las autoridades sanitarias- el presidente y la SEP contemple el incremento de contagios en una población que no está inmunizada y que no se ha proyectado su vacunación en un futuro cercano, y que si bien los índices de contagio no son tan elevados como en población adulta, eso no significa que no estén en riesgo y además que no tengan la capacidad de propagar el virus, particularmente la variante Delta que actualmente domina el mayor número de casos en el mundo. No se ha considerado tampoco que, si bien las y los docentes ya contamos con la vacuna, existe aún la posibilidad de adquirir la enfermedad o de propagarla entre nuestras familias y seres queridos.
Esta decisión no se ha detenido a pensar cómo el regreso a las aulas afectará la movilidad, en particular en zonas urbanas como la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México cuyos sistemas de transporte son insuficientes para las masas de personas que transitan diariamente, además con el aumento de personas en el transporte público, se vuelven menos efectivas las medidas sanitarias, los espacios son en su mayoría cerrados y no hay ventilación suficiente, lo que los vuelve un foco con alta probabilidad de contagio.
Una de las razones por las que el presidente y la SEP han decidido la vuelta a las aulas es la supuesta recuperación de los aprendizajes y la reducción de la deserción escolar derivada por la pandemia, así como el acceso de estudiantes en casos de desigualdad que no pudieron continuar por falta de medios digitales. Sobre estas razones, que desde luego son importantes, hay que señalar varias cosas. En primer lugar, el regreso a las aulas no garantiza una recuperación de los aprendizajes, sería simplista suponer que la virtualidad no ha tenido un impacto positivo en la didáctica de las y los docentes y con ello en el aprendizaje de las y los estudiantes. Quien diga que no hubo aprendizajes no sabe de lo que habla y mejor sería que se quede callado y escuche a quienes observaron los resultados.
En ese sentido, hay ambigüedades tras la supuesta recuperación de los aprendizajes perdidos, una es pensar que la educación presencial es y ha sido 100% efectiva y que no tiene un rezago de décadas; la otra es afirmar, sin análisis minuciosos sobre todo de carácter cualitativo, que no hubo aprendizaje durante la educación virtual. No negaremos que las estadísticas nos brindan datos valiosos que hay que tomar en cuenta, pero únicamente considerar éstos es empobrecer el esfuerzo del trabajo docente y el aprendizaje de las y los estudiantes.
En segundo lugar, la deserción escolar y el problema del acceso no se solucionará con la mera vuelta a las aulas, sería absurdo pensar que un cambio de modalidad aminorará este problema que sabemos no es causado únicamente por falta de recursos económicos, existen muchos otros factores, particularmente en una situación como en la que seguimos. Algunos motivos para suspender o abandonar por completo la educación son problemas de salud propios o de familiares, falta de interés, problemas emocionales, falta de sentido del futuro respecto a la educación, verse forzado a contribuir a los gastos del hogar, entre otros. Y no nos engañemos, la deserción no surgió con la pandemia, ya estaba ahí y siempre ha sido multifactorial. Aquí la SEP debe pensar qué tanto la vuelta a las aulas va a favorecer a estudiantes que han desertado y que no tienen acceso y conectividad y qué tanto, su decisión agudizará más este problema. Pensémoslo sobre todo cuando el regreso, al menos para las y los estudiantes, es voluntario.
Finalmente, hay muchísimas interrogantes que quedan sin responder por parte de las autoridades educativas -quienes se mantienen distantes de las voces que deberían guiar este retorno a la aulas- incluyendo si realmente es pertinente e inevitable el regreso presencial o si hay estrategias que pueden generarse cuidadosamente y aplicarse bajo contextos específicos, para atender las razones que han llevado a la decisión de volver, sin que ello signifique una imposición ni la improvisación de acciones que no es difícil prever tendrán consecuencias indeseadas y quizá fatales. El presidente López Obrador y la SEP deberían hacer algo de autocrítica a sus decisiones y analizar si éstas son, en el mejor de los casos, buenos deseos o en el peor de los casos, una evidencia más de su negligencia y autoritarismo.
*Lic. En Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Profesora en el Colegio de Bachilleres. Twitter: @sandroidefilos
