Los resultados electorales del domingo pasado indican que la mitad de las entidades federativas serán gobernadas por un partido o coalición de oposición. Un balance de fuerzas políticas más equilibrado, como el que emerge en la recta final del sexenio, obliga a reconsiderar el curso de las políticas públicas diseñadas como plan de gobierno. Atrás quedó el momento del pacto (Pacto por México, 2012) que prohijó las reformas estructurales. El bono de gobernabilidad terminó, y el posicionamiento de los partidos de oposición ante las elecciones de 2018 será, progresiva pero incesantemente, de crítica al PRI y a la gestión presidencial. Es de esperarse, también, que los gobiernos en manos de las fuerzas opositoras busquen desarrollar vías alternativas al bloque de políticas y reformas desarrolladas por el actual régimen. Si esto es así, el gobierno tendrá que calcular con cuidado sus futuros cursos de acción: flexibilizar las reformas más agresivas, para evitar el desgaste de su base social, o bien redoblar el paso en la aplicación de los cambios para mostrar eficacia. Vaya dilema.
En tal contexto, resulta de interés registrar los pasos hacia la definición de la Constitución de la Ciudad de México, punto culminante en materia política de la gestión de Miguel Ángel Mancera al frente de la capital. Como se recordará, la reforma política del DF fue decretada en enero de 2016, y un mes después se obtuvo la aprobación de los congresos estatales. El primer cambio relevante fue una nueva denominación. En lugar de Distrito Federal, Ciudad de México. También se modificó la naturaleza jurídica de las delegaciones para asimilarlas a la figura de alcaldías, cambio que surtirá efectos a partir de 2018. Las nuevas alcaldías contarán con concejos ciudadanos electos. Otro cambio importante es la transformación de la Asamblea del Distrito Federal en Congreso. Lo que no se consiguió fue transformar al DF en un nuevo estado, sino que la ciudad se mantiene como entidad federativa sui géneris, al ser la sede de los poderes federales. Sólo si dichos poderes se trasladan a otro lugar, la CDMX podría alcanzar la condición de estado de la federación, cosa que es muy improbable.
El proceso que resta es gestar la constitución de la nueva entidad. El jefe de la CdMx debe presentar a la Asamblea Constituyente creada al efecto un proyecto de ley. Para cumplir esa encomienda, Mancera formó un grupo de trabajo integrado por 28 ciudadanos, principalmente especialistas en temas y disciplinas que intersectan con la posible forma y contenido de la norma constitucional. El grupo es coordinado por Porfirio Muñoz Ledo e incluye a juristas, politólogos, intelectuales, economistas, líderes sociales, y políticos con experiencia en el gobierno de la entidad, entre quienes destacan Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas.
El grupo de trabajo, encargado de la primera redacción del proyecto, buscó apoyarse en un cuerpo asesor, integrado por una veintena de especialistas en temas jurídicos, políticos, culturales y sociales. Este cuerpo es coordinado por Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, y son mayoría los académicos que provienen de la Universidad Nacional.
Una vez que se integre el proyecto de ley, lo que debe ocurrir a fines de este mes, la consejería jurídica de la CdmX debe revisar la iniciativa para valorar su concordancia con la Constitución federal, entregarla al jefe de la ciudad para que él la traslade a la Asamblea Constituyente. El órgano legislativo sesionará a partir del 15 de septiembre de 2016 y debe desahogar sus deliberaciones el resto del año. La redacción final será votada y en su caso aprobada en enero de 2017. En la elección el Movimiento Regeneración Nacional consiguió la mayoría de los lugares disponibles (22 de 60), pero la fórmula de integración pactada hará que el PRD, el PRI y MORENA tengan representaciones casi equivalentes, de modo que, para lograr mayorías, será inevitable concertar acuerdos o negociaciones.
¿Es factible, en este escenario, la formulación de un proyecto educativo renovado para la Ciudad de México mediante la nueva Constitución? Es difícil, por varias razones. La primera es que la educación pública básica y normal sigue bajo control federal, a través de la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, órgano de la SEP. Aunque desde la elección de Cuauhtémoc Cárdenas (1997), el gobierno capitalino ha declarado interés en la transferencia de los servicios educativos federales, poco se ha avanzado en esa dirección. Intenciones sí, resultados no. ¿Pretextos?, bastantes.
Segunda razón: la reforma educativa decretada en 2012 se plasmó, en primer lugar, en varios cambios constitucionales y de legislación secundaria. La Constitución de la Ciudad deberá ajustarse a esa normativa, como tuvieron que hacerlo las constituciones de los estados hace unos años. No puede ser de otro modo. Tercera razón: el año 2000, cuando era jefa de gobierno Rosario Robles, se promulgó la Ley de Educación del Distrito Federal. Aunque es posible y probable que el nuevo ordenamiento constitucional implique modificaciones a esa norma, lo cierto es que, en la redacción de la Constitución local la normativa vigente resulta un punto de partida necesario.
En resumen, el margen de maniobra es muy limitado. Sería una sorpresa, una agradable sorpresa, que con creatividad y visión, los legisladores metropolitanos idearan una solución renovadora: de la retórica de los derechos a la orientación de las políticas. Ojalá.
