El componente de la reforma de la educación relativo a la formación ciudadana se topa de manera persistente con el problema de la corrupción gubernamental, fenómeno que pone a prueba de manera cotidiana la coherencia entre los objetivos de cambio en la formación de los ciudadanos, por un lado, y por el otro, la inconsistencia del aparato gubernamental en sus responsabilidades relativas al uso del dinero que la sociedad le entrega para las necesidades del Estado.
Como si fuera una acción concertada, el mal de la corrupción va mostrando cómo tiene infectados programas, dependencias, empresas, proyectos, campañas políticas… Los responsables de que las cosas encuentren su vía de cambio resisten como en trinchera para que las instituciones del caso no terminen de establecerse –así, el sistema nacional anticorrupción-; no realicen su tarea –la Fepade- o no tengan al funcionario que es preciso designar –el fiscal general de la República-. Se ha creado un contraste muy notorio, en varios asuntos abismal, entre la prisa por acordar las reformas estructurales y la terrible lentitud o resistencia para acordar y poner en operación esta reforma estructural, que claramente es de naturaleza moral y que no es una más, sino la que daría credibilidad y sostenimiento político y social a todas las otras reformas.
Si por la cuestión de la inseguridad y de la delincuencia se ha pensado que México se acerca a la condición de Estado fallido, el asunto de la corrupción muestra un Estado terriblemente desorganizado. No es una condición simple de desorden en la administración, sino una condición moral que parece que todo lo trastoca. Dos ejemplos llaman la atención: primero, un partido político, el del Trabajo, que ha recibido miles de millones de pesos para ofrecer servicios educativos, es decir, para una actividad que no le corresponde. El periódico El Norte publicó el 26 de octubre pasado que el partido había recibido en los últimos ocho años 4,162.8 millones de pesos. ¿Por qué ese dinero llegó ahí y no a la dependencia educativa correspondiente? Muchas personas sabían y saben de eso, ¿por qué se ha estado haciendo?
El segundo ejemplo del desorden es el gasto en publicidad del gobierno federal: además de no proponerse acciones de austeridad, como lo prometió, en el 2016 hubo un sobre gasto de 257%, según datos de la Cuenta Pública que entrega la Secretaría de Hacienda (http://www.animalpolitico.com/2017/05/austeridad-gobierno-federal-triplica-gasto-publicidad/). Una de las dependencias excedidas fue la Presidencia de la República. Las preguntas llegan inmediatas: ¿por qué permite eso la Secretearía de Hacienda, que habla de manejo responsable del presupuesto?, ¿por qué el Congreso no actúa de acuerdo con sus facultades en este ramo? Bien dice la Auditoría Superior de la Federación que ante sus informes no se le hace caso, que necesita mayor autoridad para corregir los vicios.
En paralelo, las escuelas deben formar ciudadanos respetuosos de la ley, con aprecio a las instituciones de México. En paralelo, al sobre gasto, a la educación y otros servicios sociales se les han recortado recursos. La gravedad del asunto está en que la corrupción no ocurre sólo en el uso de los recursos de la sociedad, en gastar un peso donde no estaba autorizado, sino que ello indica cómo los responsables de una y otra áreas del gobierno han corrompido las instituciones. La escuela, entonces, que se esfuerza por lograr la calidad que el gobierno y la sociedad le exigen, ha de trabajar presentando a los ciudadanos en formación unas instituciones desacreditadas; no la tienen fácil, porque sus alumnos no viven en el vacío social. La arquitectura institucional de la nación tiene fallas estructurales no debidas a un sismo terrenal sino a un sismo persistente de la administración pública.
Primero se llenó el gobierno de contralorías y de órganos de fiscalización; luego vinieron los institutos de transparencia, las promesas de gasto responsable y de austeridad, todo ello antes y después de protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución una y otra vez, aquí y allá. Lo que la sociedad ve que ocurre es que los intereses de grupos y el abuso del poder público dominan, desordenan, corrompen. Y lo de siempre: los partidos políticos y los que lucran en la política ven la paja en el ojo ajeno, y la viga en el propio, pues no.
El documento Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica (SEP, 2017) menciona 78 veces el término integral al exponer los planes y programas y explicar lo complejo de la formación; la educación integral y armónica es un mandado del artículo 3° constitucional. Afirma el documento mencionado que la reforma de la educación en curso “elevó a nivel constitucional la obligación del Estado Mexicano de mejorar la calidad y la equidad de la educación para que todos los estudiantes se formen integralmente –esta cualidad ya había sido fijada en la Constitución desde 1946-, y logren los aprendizajes que necesitan para desarrollar con éxito su proyecto de vida” (p. 13). Pues bien, esos estudiantes habrán de saber y comprender –porque no se les oculta a ellos ni a sus padres-, que su proyecto de vida se sitúa en un Estado desordenado, despilfarrador, con instituciones desacreditadas; quizá sus padres no las aprecian…
Uno de los campos del plan de estudios es el de Formación cívica y ética, en el cual se pueden destacar estos tres objetivos: 1. Promover la cultura de paz, al mostrar sensibilidad ética y conciencia ciudadana ante situaciones de injusticia, y participar en la construcción de entornos inclusivos, respetuosos de la legalidad, justos y tolerantes, en los que los conflictos se solucionen de forma pacífica; 2. Valorar su pertenencia a un Estado democrático que garantiza la justicia mediante normas e instituciones y el respeto de los derechos humanos, los cuales regulan el ejercicio de la autoridad y las responsabilidades de la ciudadanía para participar activamente en los asuntos públicos, y 3. Participar en las decisiones y acciones para modificar su entorno escolar, el de la localidad y el del municipio de manera organizada, responsable, informada, crítica y comprometida, en favor del bienestar colectivo y en defensa de la dignidad humana (pp. 437 y 438).
Esto es una parte de la formación y el Estado debe sostener esos objetivos. Sí, es claro, justo, urgente que el gobierno, en sus tres poderes y en sus tres niveles, debe reformarse.
