Jesús Francisco Galaz Fontes[1]
Jorge Martínez Stack[2]
Ya sea en un sentido “negativo” o “positivo,” la ideología puede entenderse como un sistema de ideas y valores relativos al orden público que da sentido y guía al comportamiento político y, al mismo tiempo, justifica, preserva e inclusive encubre, las relaciones materiales y sociales (de jerarquía, de poder, de estratos y de desigualdad) existentes en una determinada sociedad.[3]
El diseño, funcionamiento u operación de las instituciones educativas y de salud, entre otras, son ejemplos paradigmáticos de que independientemente de que se expliciten o no, las mismas no serían comprensibles sin un aparato conceptual, valorativo y actitudinal basado en una u otra perspectiva ideológica. Esta perspectiva puede ser más o menos congruente, o más o menos consistente con las acciones emprendidas, pero conlleva inevitablemente una posición respecto del papel que el Estado tiene frente a tales instituciones en lo particular y, más generalmente, frente a la sociedad en su conjunto.
Más allá de los sucesos del día a día y de su congruencia con uno u otro esquema conceptual, en tiempos recientes está teniendo lugar en México una discusión respecto a dos formas generales de concebir el Estado y su papel social: la neoliberal y la bienestarista. Mientras el neoliberalismo sostiene que el papel central del Estado es la construcción de mercados en los que los individuos puedan competir para maximizar sus ganancias, para el bienestarismo el objetivo del Estado es asegurar que sus ciudadanos tengan derecho a bienes considerados básicos.[4]
Como es el caso con otras instituciones sociales, la dinámica concreta de la educación superior (su estructura, organización y forma de operar) está fuertemente determinada por la trama ideológica construida alrededor del sector, con su narrativa imperante y un conjunto de políticas públicas generalmente consistentes con ella. Difícil de observar en tiempos “normales” la relación educación superior – sociedad tiende a hacerse visible en tiempos de cambio, como son los que estamos viviendo actualmente en el país.
Desde las primeras acciones de la actual administración federal se han podido observar fuertes tensiones entre diversos segmentos de la estructura de la educación superior que viene de tiempo atrás, y las autoridades correspondientes del nuevo gobierno. En gran medida estas tensiones pueden relacionarse a dos grandes factores. Por un lado está el “nuevo” modelo de desarrollo que, al menos discursivamente y con numerosas e importantes contradicciones, impulsa el actual gobierno federal y, por otro, la pandemia sanitaria que, constituyendo un “hecho social total,” no terminamos de ponderar en su impacto.[5]
Así, por ejemplo, en estas semanas hemos presenciado manifestaciones mediáticas de inconformidad de investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por la forma en que, de acuerdo a sus apreciaciones, son ahora conducidas dependencias como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología[6] y el SNI mismo.[7]
Como ha sido comentado extensamente, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), creado en 1984 una vez que el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado asumiera como propias las premisas neoliberales para enfrentar la crisis económica de entonces (contención salarial generalizada, reducción del gasto público y apertura comercial, entre otras), sirvió como un referente importante para la formulación de diversos dispositivos moduladores del trabajo académico (deshomologación salarial con base en el desempeño individual y evaluaciones basadas en indicadores objetivos y universales, por ejemplo). Tales dispositivos, junto con otros programas implementados posteriormente (el Programa de Becas al Desempeño Académico hacia 1990, por ejemplo) se constituyeron en los cimientos de una nueva narrativa y políticas públicas asociadas, acerca de la educación superior y la investigación científica.[8]
Congruentes con una ideología neoliberal (también promovida en otros ámbitos de la vida nacional), aparecieron en la educación superior instituciones, programas y acciones como parte de políticas públicas orientadas por dicha visión del mundo. De esta manera se implementaron, entre otras iniciativas, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES; 1991), el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN; 1991), el Centro Nacional de Evaluación para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL; 1994) y el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI; 2001).[9]
Durante las dos últimas décadas los elementos comentados se han transformado, sofisticado, cambiado de nombre y/o aumentado, pero han mantenido su orientación y han reforzado un discurso caracterizado por el uso, entre otros, de términos como evaluación, rendición de cuentas, calidad, excelencia, financiamiento por desempeño, acreditación, competitividad, emprendedurismo, mercado de trabajo, globalización, internacionalización, capital humano y mérito. Estos conceptos son empleados sistemáticamente por políticos, autoridades educativas, funcionarios institucionales, académicos e, inclusive, estudiantes. Con ellos se ha enraizado un nuevo “sentido común” alrededor de las funciones, los actores y la dinámica de la educación superior y su relación con la sociedad.
Todo ello ha traído consigo innumerables efectos en la conformación, estructura, organización y funcionamiento de la educación superior mexicana. Así, por ejemplo, al privilegiar la formación para un mercado de trabajo que no toma en cuenta las necesidades sociales no mercantilizadas, se descuida la formación de profesionistas para la salud pública y, por otro lado, se invisibiliza la formación ciudadana, la actitud solidaria y la colaboración de los estudiantes en un país que requiere de la participación de todos para salir adelante. En el ámbito de la investigación científica, por otro lado, frecuentemente se confunde publicar en revistas internacionales con contribuir a la solución de la problemática nacional. En otros casos, además, la investigación que se lleva a cabo está más asociada a la agenda de los investigadores de universidades de los países “centrales,” con lo cual nuestra ciencia y desarrollo tecnológico, aunque de calidad, no deja de ser “periféricos” por depender de los centros académicos hegemónicos en el mundo.
La educación superior pública, sus actores centrales y sus dinámicas se han mercantilizado en el sentido de que su funcionamiento ha tendido a asumir la lógica del mercado y, en congruencia con ello, no se mueven en un espacio público donde privan los derechos y el bien común, sino en un mercado en el que la competencia y la ganancia reconocen el mérito esencialmente individual. Por otro lado, al aceptar que la normalidad académica en nuestras instituciones de educación superior debe ser la misma que la observada en los países desarrollados, se ha entrado en la competencia por los “rankings” universitarios, haciendo a un lado cualquier cuestionamiento que ponga en duda la pertinencia de contar con “universidades de clase mundial” que pudieran ser disfuncionales y estar alejadas de las realidades de su entorno.[10]
En suma, hemos vivido bajo condiciones materiales que han promovido, alejándonos de una perspectiva ideológica “nacional-bienestarista,” el desarrollo de un “sentido común neoliberal” y, en esa medida, los que participamos de la educación superior pública, profesores, estudiantes, trabajadores y autoridades, hemos sido, para todos efectos prácticos, colonizados mentalmente.
Una consecuencia de dicho sentido común es que ahora muchos asumimos que la educación superior y la investigación científica son neutrales y que lo único que importa es que sean de calidad (o excelencia, si se prefiere). Así mismo, tendemos a pensar que, dada la neutralidad a la que hacemos referencia, la educación superior y la investigación científica no están, ni deben estar, asociadas a un proyecto de país. Pareciera que no nos damos cuenta que durante las últimas tres décadas hubo una estrecha relación entre el modelo neoliberal de país que los gobiernos del PRI y del PAN promovieron y llevaron a cabo, y que marcó de manera importante la orientación y derroteros de la educación superior e investigación científica mexicanas. Con todo lo que hoy está sucediendo, la pregunta es si esta ideología y sus dispositivos específicos, deberá seguir funcionando en los nuevos tiempos que se asoman en el horizonte.
En este contexto uno de los retos que la educación superior mexicana tiene ante sí en estos momentos es cuestionar críticamente la colonización ideológica neoliberal a la que ha estado sujeta durante las últimas décadas y, así mismo, participar en la construcción de una nueva ideología, de políticas públicas e de iniciativas congruentes con un Estado de bienestar para todos.
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[1] Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Departamento de Sociología, Area de Sociología de las Universidades.
[2] Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa. Dirección General de Evaluación Institucional de la Universidad Nacional Autóma de México.
[3] Estenssoro, F. (2006). El concepto de ideología. Revista de Filosofía, No. 15, 97-111.
[4] Escalante Gonzalbo, F. (2015). Historia mínima de el neoliberalismo. México: El Colegio de México.
[5] Ramonet, I. (2020, abril 25). La pandemia y el sistema-mundo. La Jornada Virtual, Consultado el 30 de abril de 2020. Disponible en https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-7878.html.
[6] Aguilar, Y. y Díaz, A. (2020, Mayo 29). “Recorte es el tiro de gracia a la ciencia” El Universal. Disponible en
[7] Vera, H. (2020, Junio 1). SNI, privilegios y generosidad. El presente del pasado (publicación del Observatorio de Historia). Disponible en https://elpresentedelpasado.com/2020/06/01/sni-privilegios-y-generosidad/?fbclid=IwAR3SEeGF7gkRpohLbch0_tGX1L6O1w0mZv7ZEOpDL8CM1tiO5f6DCH1Lat0.
[8] Ordorika, I. (Coord.) (2004). La academia en jaque: Perspectivas políticas sobre la evaluación de la educación superior en México. México: UNAM, M.A. Porrúa y H. Cámara de Diputados.
[9] Mendoza Rojas, J. (2002). Transición de la educación superior contemporánea en México: De la planeación al estado evaluador. México: UNAM-Porrúa.
[10] Ordorika Sacristán, I., y Cols. (2008). Comentarios al Academic Ranking of World Universities 2008. México:UNAM, Dirección General de Evaluación Institucional.
