Fidel Ibarra López
Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV).
La política es un juego de equilibrios, y eso es a lo que le apuesta el gobierno federal en lo referente a la CNTE, busca equilibrios. Y eso se alcanza a través de la negociación política. No hay otro camino. Pero lo que se equilibra en política, se desequilibra en la educación. La agenda de la CNTE se contrapone a cualquier proyecto educativo nacional. Pretender el control de las plazas, de la nómina y determinar que no haya evaluación en ningún sentido -ni siquiera formativa-, es una agenda desmedida cuando de lo que se trata ahora -con la irrupción de un gobierno de izquierda- es precisamente constituir un proyecto educativo con el cual se construya ciudadanía, se cualifique el capital humano de aquí a los próximos 30 años y se garanticen estándares de calidad en la enseñanza de parte de los profesores. La CNTE no encaja en un proyecto de este tipo. Su agenda se circunscribe a los fines de su propia organización. En ese sentido, no se corresponde a los intereses nacionales.
Coincidimos con la CNTE en la denuncia sistemática que realiza en torno al modelo neoliberal. Y sobre la lucha que han enfrentado a lo largo de todas estas décadas contra el poder centralizado de Elba Esther Gordillo y posteriormente contra el gobierno de Peña Nieto; pero ahora son otros tiempos, y no lo quieren asumir. Toda esa lucha política y social que llevaron a cabo en todos estos años, hoy debería de ponerse al servicio del Estado mexicano para fincar en el país un proyecto educativo de avanzada. Pero no, se opta por seguir la misma ruta de movilización y operación política que les permitió sobrevivir a 8 presidentes de la república y a más de una decena de Secretarios de Educación.
En esas condiciones, la CNTE no se le puede considerar como un aliado del gobierno federal, sino como un obstáculo para hacer valer los intereses nacionales en términos educativos. E iría todavía más allá: con una agenda como la que plantean, más que un obstáculo, es un riesgo para la educación pública del país. El Estado no puede hacer efectivas esas demandas, porque si lo hace dinamitaría el proyecto educativo de la “Nueva Escuela Mexicana”. En el momento que se dé a conocer en la opinión pública un pacto entre el gobierno federal y la CNTE, en ese momento el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana perdería legitimidad en la sociedad mexicana.
Y de pasar a una condición de “transformación” de la educación mexicana con la 4T, nos ubicaríamos en un “simple” reordenamiento del statu quo, donde los que antes eran “perseguidos”, ahora son “empoderados” con el control de plazas, nómina y sin evaluación magisterial.
Detengámonos en el término “empoderado”. Siguiendo la línea de acción política del presidente López Obrador, el “empoderamiento” del maestro debe ser de forma directa -sin intermediarios-: en su sueldo, en el respeto a sus derechos laborales, en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo, así como en el reconocimiento a su labor profesional. Para esto no se requiere la intermediación de la CNTE.
Hay otro elemento a integrar para sustentar lo anterior: el presidente López Obrador se impuso como principio de gobierno, el separar el poder económico del poder político debido a que el Estado mexicano estaba secuestrado por el primero como resultado de la política económica implementada en México en los últimos 30 años. Y la vía que utilizó para ello, fue echar abajo la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Esa medida le resultó muy cara al gobierno federal -tanto en lo financiero como en la percepción pública-; pero en términos políticos fue un paso bien dado: se recuperó la soberanía del Estado en lo referente a la agenda económica y con ello se marcaron nuevas reglas de juego. Si se traslada este ejemplo al tema de la CNTE, el resultado debe ser el mismo: ninguna organización política debe estar por encima de los intereses nacionales. Y, por lo tanto, la CNTE debe operar bajo los principios que se establezcan en la política educativa del gobierno federal.
Ahora bien, la CNTE y el presidente López Obrador se han reunido en 7 ocasiones en los 10 meses que lleva su gobierno. ¿Hay avances en las negociaciones? Lo desconozco, puesto que no se ha hecho públicos por parte del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Pero si ha habido ese número de reuniones, significa que: 1) Hay disposición de parte del gobierno federal para llegar a un acuerdo con la CNTE; y 2) Que no está cediendo a las demandas de la Coordinadora. Y si eso es así, no se puede concluir que la agenda de la CNTE se va a imponer en este gobierno.
En una negociación se ceden a algunas cosas para avanzar en la construcción de los acuerdos; pero en este caso, no me parece que el Estado deba de ceder a las demandas que exige la CNTE. Hacerlo sería claudicar. Y, sobre todo, significaría dinamitar un modelo educativo que todavía ni siquiera se empieza a implementar en el sistema educativo nacional (la Nueva Escuela Mexicana).
Por otra parte, entiendo que la CNTE pretenda hacer valer sus intereses políticos en el actual gobierno federal; pero esos intereses no están por encima de los intereses del país. Y eso lo debe dejar bien en claro el presidente López Obrador a la Coordinadora.
Pronto sabremos si fue así.
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